Tres asociaciones de jueces lanzan un manifiesto conjunto contra la reforma del CGPJ

Las asociaciones de jueces han dado un paso más para frenar la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que pretenden llevar a cabo PSOE y Podemos con el propósito de lograr la renovación del órgano de gobierno de los jueces con la mayoría absoluta de las Cortes (suprimiendo el requisito de mayoría de tres quintos en vigor).

Tres de las cuatro grandes asociaciones de jueces (la Asociación Profesional de la Magistratura, el Foro Judicial Independiente y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria) han consensuado un manifiesto al que ha tenido acceso Economía Digital en el que denuncian el intento de «politización del órgano de gobierno de los jueces» por parte de PSOE y de Podemos.

A su juicio, esta reforma del CGPJ «se aleja definitivamente de los estándares de independencia y de apariencia de independencia que son exigibles conforme al principio de separación de poderes que caracteriza el funcionamiento de un Estado de Derecho».

Según estas asociaciones de jueces, en una inédita iniciativa conjunta, esta reforma de los partidos que conforman el gobierno de coalición, «choca frontalmente con las recomendaciones que al objeto de fortalecer la independencia judicial».

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A continuación, reproducimos el contenido íntegro del manifiesto:

Manifiesto por la independencia judicial

«Las asociaciones judiciales venimos observando con estupor las luchas políticas por la renovación del Consejo General del Poder Judicial. 

Un Consejo General del Poder Judicial que no ha sido renovado en dos años. Siendo moneda de cambio de luchas y presiones políticas.

Más allá de analizar las actuaciones realizadas por el Consejo General del Poder Judicial y la razón por la que se encuentra tan cuestionada su labor en el mundo jurídico es hora de levantar la mirada.

La razón de la creación del Consejo General del Poder Judicial no es otra que la de mantener la independencia del órgano de gobierno de los Jueces evitando su dependencia orgánica y funcional del Ministerio de Justicia.

Es importante no perder esta cuestión de vista: si la finalidad de la institución es preservar la independencia judicial, dicha finalidad queda frustrada en su origen al ser la totalidad de sus miembros elegidos por otro poder del Estado, como la práctica ha venido demostrando.

Preservar la independencia del Poder Judicial es vital para cualquier democracia, sin ella no habría separación de poderes.

Cuando desde el propio Consejo de Europa se está afirmando que la elección del Consejo General del Poder Judicial es el «talón de Aquiles de la Justicia en España», y que” las autoridades políticas no deben participar en la selección de jueces”, insistir en un modelo agotado, superado y que hace aguas, resulta una labor absolutamente inútil e ineficaz y perjudicial para la labor de control que ejerce el Poder Judicial en cualquier democracia.

En los últimos días hemos conocido la intención del Gobierno de reformar la LOPJ en lo referente a las mayorías parlamentarias necesarias para la elección de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial.

Ante tales noticias las Asociaciones Judiciales abajo firmantes queremos poner de manifiesto que dicha reforma choca frontalmente con las recomendaciones que al objeto de fortalecer la independencia judicial ha realizado el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) de forma reiterada a España en diversos informes de evaluación que se remontan a 2013.

La reforma de la LOPJ que el gobierno ha anunciado ahonda en la politización del órgano de gobierno de los jueces, y se aleja definitivamente de los estándares de independencia y de apariencia de independencia que son exigibles conforme al principio de separación de poderes que caracteriza el funcionamiento de un Estado de Derecho.

La reforma que necesitamos es la que nos pide Europa al objeto de fortalecer la autonomía e independencia del CGPJ de manera que los doce vocales de procedencia judicial sean elegidos directamente por los jueces y magistrados de acuerdo con el texto y el espíritu del Aº 122.3 de la CE»