Transparencia pide a Interior que desvele el coste de los escoltas en los viajes privados del Gobierno

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha pedido al Ministerio del Interior que desvele el coste de los servicios de escolta prestados para desplazamientos privados de los ministros desde enero de 2020 hasta la actualidad, desglosados por servicios prestados y miembro del Ejecutivo afectado.

El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska habrá de remitir a la persona que le solicitó estos datos el número total de solicitudes de escoltas cursadas en el mismo periodo, especificando las que fueron concedidas, tal y como recoge la resolución dictada por el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia.

Asimismo, tendrá que enviar a la ciudadana interesada una copia de la normativa existente en relación con la posibilidad de que los miembros del Gobierno soliciten y obtengan servicios de escoltas en sus viajes privados.

Interior denegó el acceso a la información por su «carácter reservado»

La persona que solicitó estos datos presentó su solicitud de información el pasado mes de diciembre, pero Interior no le contestó en el plazo estipulado y reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

El Ministerio del Interior le contestó poco después pero denegándole el acceso a esa información alegando que tiene «carácter reservado» y que su «divulgación a personas no autorizadas» puede «generar riesgos o perjuicios graves para la seguridad y defensa del Estado, para la seguridad de las personas objeto de protección y para los agentes encargados de la misma».

En concreto, según el ministerio, no cabe conceder acceso a la información relativa a los planes de seguridad de instituciones y organismos públicos, y a los planes de protección de todas aquellas personas sometidas a la misma, así como a todos aquellos documentos necesarios para el planeamiento, preparación o ejecución de los documentos, acuerdos o convenios a los que se haya atribuido la calificación de reservado.

Transparencia constata que el acuerdo del Consejo de Ministros de 1986 que regula la clasificación de materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales otorga «con carácter genérico», la clasificación de reservado a las plantillas de personal y de medios y de equipo de las unidades y a los planes de seguridad de instituciones y organismos públicos así como de las Unidades, Centros u Organismos de las Fuerzas Armadas y de los Centros de Producción de material de guerra.

Transparencia no ve un riesgo a la seguridad en la divulgación de la información

También da esa calificación a los planes de protección de todas aquellas personas sometidas a la misma, específicamente los de las autoridades y de los miembros de las Fuerzas Armadas. Pero, según Transparencia, ese carácter reservado no abarca también de modo genérico «a todos los planes de protección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».

A su juicio, tampoco pueden entenderse como ‘secretos o reservados’ los documentos necesarios para la preparación o ejecución de los planes de protección, puesto que considera «evidente» que no están «vinculados a la actuación de las Fuerzas Armadas» ni a la «seguridad y la defensa del Estado».

Transparencia recuerda que siempre se pueden omitir ciertos datos si se estima pertinente

Además, Transparencia sostiene que no «cabe objetivamente apreciar que el acceso a la documentación y a los datos solicitados pueda poner en riesgo la seguridad de las personas objeto de protección o la de los agentes encargados de la misma».

«Tampoco se advierte que el conocimiento público del coste de los servicios de escolta prestados para desplazamientos privados de los ministros desde enero de 2020 hasta la actualidad desglosados por servicios prestados y miembro del Gobierno afectado pueda poner en peligro la seguridad de las personas afectadas», argumenta Transparencia que recuerda que siempre se pueden omitir ciertos datos si se estima pertinente en este sentido.