Transparencia emite 55 expedientes contra Sanidad durante el primer año de pandemia

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) se ha cebado durante la pandemia del coronavirus contra el Ministerio de Sanidad por cuestiones relacionadas con su gestión de la emergencia sanitaria. Hasta el pasado febrero, se han emitido 55 resoluciones desfavorables contra el departamento por su manejo de la crisis.

Esa cifra solo incluye reclamaciones de acceso a la información en cumplimiento de la ley de transparencia que fuesen presentadas después de marzo de 2020, cuando la pandemia ya era innegable. Asimismo, se incluyen dentro de esas 55 resoluciones desfavorables solo aquellas que hayan tenido que ver alguna forma con la gestión de la Covid-19.

Durante la pandemia, la Administración General del Estado ha sido, en general y sin limitarse a la cuestión sanitaria per se, objeto de 386 resoluciones de Transparencia que, por diversos motivos, y tanto de forma total como parcial, han estimado reclamaciones presentadas por ciudadanos que entendieron que no les fue amparado su derecho al acceso a la información.

Es decir, el 14% de los expedientes del CTBG ha sido contra Sanidad y en relación directa con la gestión de la pandemia, pese a que se trata de solo uno de los 22 ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez. Desde luego, las reclamaciones contra el departamento dirigido actualmente por Carolina Darias y anteriormente por Salvador Illa han sido las más comunes.

El efecto de los cambios en Transparencia

Transparencia no ha publicado aún las resoluciones del mes de marzo, puesto que suele hacerlo con dos meses de retraso, pero las de febrero suponen las primeras que se valoran desde que Carmen Montero —hasta enero vicesecretaria general técnica del departamento de la vicepresidenta Carmen Calvo— fuera nombrada subdirectora de reclamaciones del organismo.

Montero relevó sorpresivamente a Esperanza Zambrano, quien se había encargado precisamente de tramitar las reclamaciones contra el Gobierno por su falta de transparencia. Antes, en octubre, el Gobierno propuso y el Congreso avaló a José Luis Rodríguez Álvarez, quien ocupó puestos de confianza con dirigentes socialistas, como nuevo presidente del Consejo.

Desde la oposición, tanto el PP como Ciudadanos han denunciado ambos nombramientos y han sugerido que el Gobierno ha intentado hacer una purga en el CTBG porque su labor, especialmente a la luz de la avalancha de peticiones de información pública sobre la pandemia que admitió contra su voluntad, estaba resultando incómoda para La Moncloa.

No obstante, en febrero, el primer mes de Montero como responsable de las reclamaciones, el Consejo estimó casi medio centenar de resoluciones desfavorables para el Gobierno. Aunque huelga decir que, debido a los plazos que establecen la ley de transparencia y otras legislaciones implicadas en estos procesos, todos estos casos demoran meses en resolverse.

Es decir, en febrero se estimaron reclamaciones contra la Administración que se presentaron entre septiembre y noviembre de 2020, por lo que sería necesario que pasen algunos meses para observar el efecto Carmen Montero, si lo hubiere. De momento, hay una ‘cola’ de procesos, algunos todavía de la última parte de 2020, que ya han echado a andar.

El colmo de Sanidad: ni siquiera alega

Hay una frase que el CTBG ha añadido en varios de sus escritos especialmente desde que Pedro Sánchez está en el Gobierno, y tiene que ver con las alegaciones. Y es que, cuando un ciudadano pide información a la Administración y ésta le ignora, tiene derecho a presentar una reclamación ante Transparencia, que a su vez permite que la parte denunciada presente alegaciones.

Como se ha dicho, el Consejo, en varias resoluciones contra el Ejecutivo de Sánchez, incluso desde antes de la pandemia, ha afeado la tendencia a ni siquiera presentar alegaciones cuando algún departamento se enfrenta a una reclamación de este tipo. Y durante el último año ha tirado de las orejas en varias ocasiones a Sanidad por hacer exactamente lo mismo.

«El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno viene detectando cómo la ausencia de respuesta a esta solicitud de alegaciones se está convirtiendo en una práctica no infrecuente en determinados organismos y departamentos ministeriales, circunstancia que no cumple, a nuestro juicio, con la consideración de ejes fundamentales de toda acción política de la transparencia».

Esa es la frase tan repetida por Transparencia. Y esta actitud la ha sostenido en innumerables ocasiones Sanidad durante la pandemia, no solo cuando el primer estado de alarma —que mandó al traste, naturalmente, todos los plazos de los que dispone la Administración—, sino a lo largo de las sucesivas olas del coronavirus.

Misteriosos expertos y falsas auditorías

Como este periódico ha contado, las reclamaciones en su contra que han sido estimadas por el CTBG han versado sobre asuntos que van desde su negativa a desvelar los nombres de los expertos a los que ha escuchado para tomar medidas hasta sus mentiras descaradas sobre una evaluación de la gestión de la pandemia que se prometió y se anunció pero nunca se cumplió.

Solo este año, Transparencia ya ha emitido más de una veintena de expedientes estimatorios de reclamaciones contra Sanidad, todos sobre peticiones de información presentadas al Ministerio entre mayo y octubre de 2020. Es decir, no se han valorado aún las demandas de datos sobre el segundo estado de alarma, la tercera ola de la Covid-19 o incluso la campaña de vacunación.

En cambio, en materia de reclamaciones contra Sanidad, el Consejo ha dedicado los primeros dos meses de 2021 a analizar denegaciones de información por parte del Ministerio sobre los comités de expertos, los datos epidemiológicos, la huella de la Covid-19 en las residencias, los informes sobre la manifestación del 8M de 2020 o los análisis en aguas residuales.

Las supuestas evaluaciones internas y externas sobre la gestión de la pandemia, los umbrales epidemiológicos para evaluar el riesgo, la información sobre los viajeros que han entrado a España o la reserva de materiales de protección son otros asuntos sobre los que Sanidad ha preferido callar que le han valido resoluciones desfavorables de Transparencia en lo que va del año.