Transparencia da 10 días a Díaz para informar del coste de sus viajes

El órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia exige aclarar el coste de sus viajes para averiguar si fueron sufragados con fondos públicos

La vicepresidenta Yolanda Díaz durante su visita al Vaticano para reunirse con el papa Francisco. EFE

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El Consejo de Transparencia exige a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a informar sobre el coste de sus viajes entre octubre y diciembre de 2021, así como aclarar si el viaje que realizó al Vaticano para entrevistarse con el Papa Francisco fue sufragado con fondos públicos.

Así lo dictamina el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia después de que el Ministerio de Trabajo se negase a proporcionar esa información a la persona solicitante, alegando que la información aún estaba en «curso de elaboración o publicación general».

En la resolución, recogida por Europa Press, Transparencia sostiene que el ministerio que dirige Díaz no justificó «de forma expresa y detallada la concurrencia de la causa de inadmisión alegada», ya que alegar que «están en tramitación no parece suficiente» y conduce a una «limitación desproporcionada del derecho».

Asimismo, apuntan a que la información solicitada son de «viajes que ya se han realizado», por lo que la información tiene que figurar en algún documento y puede publicarse, independientemente de que los expedientes estén o no finalizados. Así las cosas, el organismo público da diez días a Díaz para enviar a la solicitante la información del coste de sus viajes.

Viaje al Vaticano

De igual manera, Transparencia insta al Ministerio de Trabajo a aclarar quien pagó el viaje que realizó la ministra en diciembre de 2021 al Vaticano para entrevistarse con el Papa Francisco, donde aprovechó para exponer algunas de sus políticas dirigidas a reducir la desigualdad en España.

Sobre este viaje, el ministerio solo aclaró a la solicitante que «los desplazamientos que realiza la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social se rigen por la normativa administrativa que resulte de aplicación», un argumento que para Transparencia «no aporta información concreta sobre lo solicitado».

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