Torrent mueve ficha para investir a Sànchez (y no a Puigdemont)
Torrent activa los mecanismos para tratar de investir a Jordi Sànchez sin garantías ni de que este pueda asistir al pleno ni de que tenga los apoyos necesarios
El rebuscado culebrón de la investidura del president de la Generalitat sigue quemando etapas a velocidad de crucero para apenas seguir girando sobre su propio eje. Este viernes, la vía Jordi Sànchez, hace unas semanas se suponía que agotada por estéril, volvió a convertirse en la única vía. Es decir, el plan B es ahora el plan D.
Y no, no está claro que ahora resulte más viable que antes, pero ya se sabe, en política, lo verosímil cuenta a menudo tanto, o más, que lo veraz; las apariencias, con frecuencia más que lo tangible. Al cabo, el procés siempre ha sido, también, un juego de espejos. De efectos ópticos.
La opción de investir al ex presidente de la ANC, preso en Soto del Real y que se había autodescartado, había empezado a dar muestras de reanimación a raiz del acuse de recibo del Comité de Derechos Humanos de la ONU a la petición de amparo presentada por los abogados de Sànchez, un documento no vinculante que instaba al gobierno español a tomar «las medidas necesarias» para garantizar que el que fue número dos de la lista de Junts per Catalunya (JpC) «puede ejercer sus derechos políticos».
Torrent completa este sábado la ronda exprés de contactos telefónicos con los grupos
El jueves, Sànchez volvía a ofrecerse como presidenciable —justo después de que Carles Puigdemont abogara también por él en una carta a su formación y de que Jordi Turull formalizara su renuncia a intentar ser investido en segunda ronda—, y JpC reactivaba su candidatura. Y ayer, viernes, por la mañana, la portavoz de la coalición independentista, Elsa Artadi, afirmaba en TV3 tener un acuerdo para garantizar su investidura en segunda vuelta. Por la tarde, Torrent completaba una ronda exprés de contactos telefónicos con los grupos parlamentarios y activaba la investidura del plan B reciclado en plan D.
La CUP niega el acuerdo
La secuencia con la que se escenificó el come back de la vía Sànchez, perfectamente diseñada por lo que se refiere al control de los tiempos, no estuvo, empero, exenta de la confusión que ya se ha convertido en norma. Primero, porque el jueves, los propios dirigentes de JpC alimentaron por unas horas el espejismo de volver al plan A, el de Puigdemont, extáticos por la decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein de dejarle en libertad y denegar la petición de extradición por la causa de rebelión que tiene pendiente en España.
Después, porque Artadi dijo ayer, viernes, tener atado un acuerdo para garantizar la investidura en la segunda vuelta, cuando le bastaría con una mayoría simple, es decir, con el voto de 66 de los 135 diputados de la cámara. Un acuerdo «a tres» que incluiría a JpC, ERC y la CUP.
Los cuperos no tardaron en enmendarle la plana: no habían tenido notícias de JpC desde el miércoles, y no hay ningún acuerdo, ha remarcado el diputado Carles Riera. La CUP sigue abogando por la abstención, que solo cambiaría por un sí en el caso de que el candidato fuera Puigdemont o bien si se plantear «un programa netamente republicano» que implicara, por ejemplo, volver a aprobar las leyes de desconexión anuladas del TC. Y no, nadie les ha puesto eso sobre la mesa.
El factor Comín
Sin los votos afirmativos de la izquierda radical, no salen las cuentas, ni en segunda vuelta, porque incluso aunque Puigdemont siga pudiendo delegar su voto, lo que está por ver, falta uno para llegar a los 66, el del ex conseller Toni Comín. El truco, como dejó claro Artadi, es que cuentan con él. Es decir, con que la Mesa del Parlament también autorizará su delegación de voto.
Es mucho contar, porque lo de Puigdemont tiró adelante, como antes con los diputados presos en Estremera, estando el ex president en prisión, y no es el caso de Comín. De hecho, ni siquiera es ya el de Puigdemont, que ayer viernes abandonaba la cárcel de Neumünster tras la decisión de no extraditarlo.
Cargarse de razones
Las dificultades no acaban ahí. Aún falta que el juez Pablo Llarena le conceda a Sànchez lo que le denegó cuando era el plan B: permiso para asistir al pleno de investidura. La única diferencia es el documento de la ONU, que «ha habierto una puerta que hay que explorar», en palabras del portavoz adjunto de JpC, Eduard Pujol.
Más allá de la viabilidad de la apuesta, tal vez mero efecto óptico, se trata de tensar la cuerda en el pulso institucional, y más crecido como está el independentismo tras el no alemán a la extradición de Puigdemont, aquel plan A que, ahora a lomos de la euforia por la derrota infligida a Llanera, ni siquiera se descarta como plan E. «Veremos si la justicia española es capaz de volver a decir que no, esta vez a lo que le recomienda Naciones Unidas».
¿Y si lo hiciera? JpC entiende que se cargaría de razones para apuntalar el relato con el que trata de conseguir apoyos internacionales. Dicho en palabras y vaticinio de Pujol: «La causa catalana continuaría sumando pruebas de la arbitrariedad judicial en la que estamos inmersos hace meses».
