Torrent denuncia a Llarena a espaldas de los letrados y la oposición
Torrent sustituye la querella que la mayoría indepdentista quería presentar contra el juez por una denuncia al juzgado que presenta sin informar a la oposición
El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha puesto este viernes una denuncia contra el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, al que acusa de haber vulnerado los derechos de los cargos electos. La denuncia llega casi dos meses después de que la Mesa del Parlament aprobará querellarse contra Llarena contra el criterio de los Servicios Jurídicos. Finalmente, Torrent ha optado, en lugar de por una demanda penal, por una denuncia, según él mismo ha explicado en La Sexta, «por una cuestión de legitimidad política» y aconsejado por los letrados.
La denuncia la firma Torrent «en nombre y representación del Parlament», y está dirigida contra Llarena y también contra los magistrados de la sala de apelacions del Supremo, a los que atribuye delitos de detención ilegal, vulneración de derechos fundamentales y prevaricación judicial. El presidente de la cámara la ha presentado sin informar previamente a los grupos parlamentarios, según han denunciado Cs y el PSC.
Oídos sordos a los servicios jurídicos
El bloque independentista impuso en abril su mayoría en la Mesa del Parlament para aprobar la presentación de una demanda penal tras la segunda negativa de Llarena a permitir que el ex presidente de la ANC, Jordi Sànchez, saliera de la prisión de Soto del Real en la que permanece encarcelado para asistir a un pleno de investidura.
La decisión se tomó contra el criterio de los servicios juridicos del Parlament, que recomendaron que la demanda la presentaran, en todo caso, o los grupos que la proponian o el propio Sànchez, pero no la institución y que recordaron que el cuerpo de letrados de la cámara catalana no es experto en derecho penal.
El letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, renunció al cargo tras meses de desencuentros con la mayoría independentista
De hecho, los casi dos meses que ha tardado en presentarse son un plazo que contrasta de manera llamativa, por ejemplo, con los tres dias que transcurrieron entre el anuncio del presidente de la Generalitat, Quim Torra de que se querellaría por lo penal contra Mariano Rajoy y la presentación de esa demanda penal. En el interín, el letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, renunció al cargo tras meses de desencuentros con la mayoría independentista.
Recurso pendiente
La denuncia ha sublevado a la oposición no independentista. Cs y el PP ya advirtieron Torrent en su momento que presentar una querella podría suponer incurrir en un delito de prevaricación, y el partido naranja presentó un recurso de reposición para que la Mesa reconsiderara la posición, pero Torrent no ha esperado a que se resuelva.
El portavoz adjunto de Cs, Fernando de Páramo, ha acusado a Torrent de actuar «como un forofo de la independencia» y ha considerado «muy grave que en nombre de este parlamento presione a los jueces». De Páramo ha advertido que, pese a que finalmente la fórmula escogida para actuar contra Llarena haya sido interponer una denuncia, su partido fiscalizará si se han destinado recursos económicos o materiales del Parlament a la misma.
Carta de Iceta
Por su parte, el líder del PSC, Miquel Iceta, en una carta dirigida a Torrent, le ha recordado al president del Parlament que la mesa aprobó el «estudio» de posibles acciones penales, y que, a raiz de la presentación del recurso de reposición de Cs, se acordó encargar un informe jurídico del que no hay noticia. «No nos consta que se haya emitido ningún informe jurídico de los servicios de la Cámara las conclusiones del cual hayan podido fundamentar la decisión», escribe Iceta.
Junts per Catalunya (JpC) ha celebrado este viernes la presentación de la denuncia, mientras que Catalunya en Comú Podem ha evitado mojarse. El diputado de los comuns David Cid se ha limitado a considerar «correcto» que Torrent, «defienda los derechos políticos» de los diputados, pero ha añadido que de lo que se trata ahora es de «buscar soluciones concretas» a la situación de los presos.
