Torra vuelve a la carga: otra pancarta en la Generalitat
La Generalitat coloca una nueva pancarta con "Libertad de opinión y expresión" tras la retirada de la pancarta con el lazo blanco
Quim Torra sigue con la guerra de las pancartas. El presidente de la Generalitat ha colgado otra pancarta en el balcón del Palau de la Generalitat tras la retirada de la que tenía anteriormente con un lazo blanco tras la orden de la Junta Electoral Central.
En esta nueva se puede leer «Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos». Torra retiró el lazo blanco a eso de las 12.30 de este viernes, antes de que lo hicieran los Mossos d’Esquadra en cumplimiento de la orden de la Junta Electoral Central (JEC) que había dado de plazo hasta las 15.00 hotas de este viernes.
Así, los operarios han descolgado las pancartas de la Generalitat y otros símbolos que colgaban desde algunas ventanas. Otras consellerias ya habían comenzado a retirar parte de la simbología independentista.
La primera en hacerlo fue la de Economía y Vicepresidencia, de Esquerra Republicana. Ahora liderada por Pere Aragonès, en su día tuvo al frente como conseller a Oriol Junqueras. Al igual que otros organismos, había sustituido el lazo amarillo de su fachada por una pancarta con la silueta de un lazo blanco con una franja roja.
La fiscalía se querella contra Torra
La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha ordenado a la Fiscalía de Cataluña que, una vez que tenga conocimiento de todas las actuaciones, interponga una querella contra el presidente de la Generalitat Quim Torra por ignorar los requerimientos de la Junta Electoral Central.
La Fiscalía ha informado de la decisión de Segarra, adoptada a pesar de que el Govern de la Generalitat retiró finalmente los símbolos políticos que la Junta Electoral le había exigido.
El Ministerio Público no especifica el delito por el que se interpondrá la querella, pero el «incumplimiento consciente y reiterado» de los acuerdos de la Junta Electoral encaja en el tipo de desobediencia, que podría comportarle al presidente de la Genralitat una multa de tres a doce meses e inhabilitación de entre seis meses y dos años, según el Código Penal.
