Torra reprocha al juez que no le trate como ‘molt honorable president’

Quim Torra ha recurrido este martes ante el Tribunal Supremo su condena de inhabilitación por desobediencia mediante un escrito de alegaciones que supera los 300 folios. Muchos de sus argumentos son los mismos que tuvieron lugar durante el juicio y su percepción sigue siendo la de que existe una «persecución política» en su contra orquestada desde la Junta Electoral Central (JEC) y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Denunciando falta de «imparcialidad» a lo largo de todo el proceso, Gonzalo Boye –el abogado de Torra y de su predecesor, Carles Puigdemont– ve en la actitud durante el juicio del presidente de la sala y del TSJC, Jesús María Barrientos, motivos de sobra para justificar esta acusación. Especialmente, en el hecho de que durante la sesión del juicio oral nunca se le dio a su cliente el tratamiento de ‘molt honorable president de la Generalitat‘.

«Pudimos escuchar cómo el presidente de la sala se dirigió a mi mandante como ‘Señor Torra’, sin más», ha afeado Boye. «Cuando esta parte se quejó por el tratamiento que estaba recibiendo, despojándole de sus honores de forma anticipada al dictado de sentencia, el presidente de la sala se justificó en la premisa de que todos somos ciudadanos iguales ante la ley y que esa igualdad rige para todos, incluido el president de la Generalitat».

«Le guste o no al Tribunal», dice el letrado, Torra no solo es diputado del Parlament sino también president, y por tanto tiene los derechos honoríficos y protocolarios recogidos en la Ley 13/2008 de la Presidencia de la Generalitat y del Govern. Así las cosas, «todos aquellos quienes se dirigen a él» deben llamarle «muy honorable señor», «incluidos los magistrados que lo han enjuiciado», ya que «no se trata de una fórmula opcional de cortesía».

El único motivo por el que los magistrados pueden no llamarle ‘molt honorable president‘ es que pese sobre él una condena penal firme que le prive del cargo que ocupa, añade el recurso. A ojos de Boye, «despojarle de sus honores o tratamiento honorífico antes incluso de dictarse la sentencia condenatoria» ilustra la falta de «imparcialidad» de los jueces de Torra y, por tanto, una presunta vulneración de su derecho a un juez imparcial.

La defensa de Torra considera que la «prueba» de que se cometió una vulneración es que la misma «se ha intentado subsanar» en la sentencia, en la que «no se ha omitido» el tratamiento de ‘molt honorable president‘ «y se ha incluido en todas las menciones que se hacen a él». «Concretamente, se pasa de no tratarle ni una sola vez como ‘muy honorable president‘ o ‘president‘ a hacerlo en 71 ocasiones a lo largo de la sentencia», añade.

«Persecución política»

El recurso de Torra ante el Supremo pide la anulación de la condena a un año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia, impuesta por el TSJC en diciembre pasado tras incumplir el president la orden de la JEC de retirar los lazos amarillos y las pancartas a favor de los políticos catalanes presos del balcón del Palau de la Generalitat. Su opinión sigue siendo que los magistrados le habían juzgado desde antes del juicio.

Boye reprocha que la denuncia contra Torra esconde «una clara intencionalidad política que, a su vez, tiene serios visos de constituir una palmaria persecución política» y que ninguna de las partes «han guardado la más mínima apariencia de imparcialidad». El letrado asegura que el objetivo era «criminalizar» el comportamiento de su cliente y que la orden de la JEC fue «arbitraria y extravagante». También critica al PP y Cs por denunciar a Torra.

«La Junta Electoral Central ni era autoridad superior en relación con el M. H. Sr. Quim Torra i Pla (pues son claramente administraciones o instituciones distintas), ni era competente para emitir los requerimientos contenidos en sus Acuerdos de 11 y 18 de marzo de 2019, de modo que no puede hablarse de delito de desobediencia», recoge el escrito del recurso.

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