Quim Torra mantendrá el lazo amarillo en la Generalitat

Quim Torra ha decidido mantener la pancarta con el lazo amarillo en el Palau de la Generalitat, aunque ha dado libertad al conjunto de altos cargos de la Generalitat para acatar las órdenes de la Junta Electoral Central (JEC) y retirar los lazos amarillos y las banderas esteladas de los edificios públicos.

Después de que la Junta Electoral Central alargara el periodo 24 horas más, hasta las 14.30 horas de este martes, el plazo para retirar estos símbolos de los edificios públicos, el presidente de la Generalitat ha rechazado de nuevo obedecer y se ha quitado de encima la responsabilidad de dar instrucciones sobre los lazos.

Hasta tal punto ha querido Torra lavarse las manos que ha pedido un informe al Síndic de Greuges —el Defensor del Pueblo catalán— para tomar una decisión final en base a sus recomendaciones. «El presidente de la Generalitat ha pedido un informe para saber cómo ve la situación el Síndic de Greuges y se seguirán sus recomendaciones, estemos o no estemos de acuerdo», explicó la portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi.

Torra se expone con estas decisiones a un castigo judicial. Después de que Torra ya desobedeciera una primera vez las órdenes de la JEC de retirar los símbolos, esta le ofreció un segundo ultimátum que tendría consecuencias penales por cometer un delito de desobediencia, además de una multa de entre 300 y 3.000 euros para la Generalitat.

Torra se pone en manos del Síndic

A las preguntas de por qué se ha decidido seguir las recomendaciones del Síndic de Greuges cuando, en ocasiones, no se han seguido las recomendaciones de otros organismos asesores como el Consejo de Garantías Estatutarias, la portavoz de la Generalitat respondió: «El Govern no cuestiona que el Síndic sea el garante de derechos y libertades en Cataluña. Tiene plena validez, su autonomía y su autoridad», dijo.

Hasta el momento, la Junta Electoral Central se ha dirigido a entes de la Generalitat como los Servicios Territoriales de Educación del Vallès, que han recibido una instrucción directa judicial. «Damos toda libertad a cualquiera que reciba requerimiento de la JEC», explicó Artadi, que insistió en que Torra «no ha dado ninguna orden ni a consellers ni a funcionarios». «No se pueden controlar todos los edificios públicos de la Generalitat», asumió Artadi.