Torra frenará la actividad de su gobierno durante el juicio del 1-O
El gobierno de Quim Torra acomodará su agenda al calendario del juicio en el Supremo para acudir a las vistas y a las protestas independentistas
La Generalitat sigue priorizando su faceta reivindicativa a la tarea de gobierno. Ahora, a una agenda en la que sobresalen los actos simbólicos, así como las visitas a la prisión de Lledoners y a la residencia del expresident Carles Puigdemont en Waterloo, se añadirán actividades vinculadas al desarrollo del juicio del 1-O, que está previsto que arranque a principios de febrero.
A pocas semanas de que se inicie el proceso en el Tribunal Supremo, el gobierno catalán ha decido adaptar su agenda a la celebración de un juicio oral, que, a razón de tres sesiones semanales (de martes a jueves), se espera que se alargue unos tres meses.
El protagonismo de esas vistas en la política catalana será absoluto. El independentismo ya ha insistido por activa y por pasiva en que quiere hacer del juicio una causa contra el Estado: el plan de los partidos soberanistas es imbricar el juicio en la precampaña de las elecciones municipales y europeas del 26-M (cuando también habrá autonómicas, pero no en Cataluña), y el gobierno catalán también piensa usar el juicio como eje de su actividad.
El gobierno de Torra acudirá al juicio
Torra, que siempre ha insistido en que el independentismo, también desde las instituciones, tiene que ofrecer una «respuesta» contundente a la celebración del juicio, ya dejó claro también en un acto público hace dos semanas que pensaba asistir al mismo y también participar en las movilizaciones de protesta que se organicen mientras se celebren las vistas en el Tribunal Supremo.
El compromiso presidencial se extiende ahora al conjunto del Gobierno, aunque los consellers evitan dar más detalles por el momento. Lo que sí que confirmó la portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, es el ejecutivo se adaptará para poder tener presencia tanto en el proceso judicial como en las protestas. Pero las concreciones, claro está, llegarán una vez que el Supremo fije una fecha de inicio para las vistas. «Cuando sepamos el calendario, en función de eso adaptaríamos la agenda de una manera u otra», apuntó la consellera portavoz.
Actividad en mínimos
El gobierno de Torra se ha caracterizado hasta ahora por una bajísima actividad. Todavía no ha aprobado ninguna ley ni ha presentado siquiera un primer borrador de presupuestos, que sigue negociando con Catalunya En Comú Podem (CECP), el único grupo que aún no está descartado para avalar las cuentas.
La bisoñez política de Torra, la supeditación de este a la estrategia que dicta Puigdemont desde Waterloo y las discrepancias entre los socios de gobierno, ERC y Junts per Catalunya, traducidas incluso en la pérdida de la mayoría independentista en el Parlament, no ayudan a que la Generalitat despliegue una mayor actividad. Esas diferencias internas ya retrasaron la elaboración de las cuentas, y ahora envenenan incluso la patata caliente de la guerra entre los taxis y los vehículos de alquiler con conductor (VTC).
El eje antirepresivo, mínimo común denominador
No es de extrañar, por lo tanto, que el ejecutivo se entregue a actos reivindicativos vinculados al único eje de actuación en el que las formaciones independentistas no exhiben ahora mismo diferencias irreconciliables: el de la denuncia de la supuesta represión ejercida por el Gobierno y el poder judicial contra el soberanismo.
Y, así las cosas, el juicio es un escenario inmejorable para poner ese mínimo común denominador en primer primerísimo plano y opacar así asuntos en los que afloran las fracturas que JpC y ERC siguen sin poder suturar. El último, ese recurso de Puigdemont contra la Mesa y el presidente del Parlament que ha hecho que vuelva a sangrar la herida abierta por la suspensión de los diputados.
