Torra deja en el limbo las leyes suspendidas que prometió recuperar
Quim Torra anunció en enero la reactivación de las cuatro primeras leyes bloqueadas en el TC, pero ninguna de ellas ha iniciado aún el trámite parlamentario
Mientras Quim Torra sigue haciendo esfuerzos hasta ahora infructusos para pactar una respuesta unitaria del soberanismo a la sentencia del Tribunal Supremo en la causa del procés, continua sin conseguir cumplir tampoco sus anteriores compromisos en clave independentista.
Sin ir más lejos, su reiterada promesa de recuperar las leyes sociales suspendidas en los últimos años por el Tribunal Constitucional, que ha ido modulando a la baja desde la primera vez que la lanzó, en su discurso de investidura. Entonces, habló de recuperar 16 leyes que habían acabado en el TC. Quince meses después, todo sigue igual, salvo por la recuperación parcial de la ley contra los desalojos y la pobreza energética, posible al retirar el ejecutivo de Pedro Sánchez dos de los tres recursos planteados contra ella al Constitucional.
Torra advirtió de entrada que si Sánchez no retiraba antes los recursos que bloqueaban todo el paquete de normas, volvería a aprobarlas a final del año pasado, pero no cumplió su amenaza. Superado ese plazo, ya en enero pasado, el gobierno catalán anunció que iniciaba los trámites, en una fase aún meramente embrionaria, para recuperar las cuatro primeras leyes: la del cambio climático, la de igualdad entre hombres y mujeres, la de creación de la Agencia de Protección Social de Cataluña y la de consumidores de cannabis.
Sin noticias de las cuatro primeras leyes a recuperar
Se trataba, se explicó entonces, de elaborar una memoria preliminar con intención de buscar redactados adaptados a las resoluciones del Constitucional y que no chocaran con el gobierno. Con la presentación de esa memoria, debería arrancar la tramitación parlamentaria de las leyes. Pero a final de julio, el Parlament cerró su tercer periodo de sesiones de la legislatura sin noticias todavía de ninguna de ellas.
La cámara catalana, de hecho, solo ha aprobado hasta ahora una única ley impulsada por el govern Torra: la de la creación de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, que tiró adelante el mes pasado. Las otras siete leyes aprobadas en lo que va de legislatura han sido a iniciativa de los grupos parlamentarios, no del ejecutivo.
Y algo así sucede también con las futuras normas ahora en tramitación. Hay 55, de las que 40 son proposiciones de ley hechas por los partidos, ocho corresponden a iniciativas legislativas populares y solo siete son iniciativa de la Generalitat. Y, entre ellas, no está todavía ninguna de las cuatro primeras que se pretendía recuperar de entre el paquete suspendido por el TC.
Entre los proyectos de ley que sí están en tramitación hay uno de ordenación del litoral, otro para restablecer el complemento de productividad al personal del Instituto Catalán de la Salud, uno para regular la votación electrónica en el caso de catalanes en el extranjero u otro para regular el sector vitivinícola. Y también uno de lucha contra la discriminación, impulsado por el departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, pero que nada tiene que ver con el de igualdad entre hombres y mujeres que se supone que se impulsaba desde el área de Presidencia.
Sin margen en caso de adelanto electoral
Si a estas alturas de legislatura, las normas prometidasaún no han iniciado su tramitación, es dudoso que puedan acabar siendo aprobadas en lo que quede de legislatura. Sobre todo si ERC, socio mal avenido de Junts per Catalunya (JxCat) en el govern, se sale con la suya y fuerza un anticipo electoral que hay voces entre los republicanos que no quieren que se dilate más allá de principios de 2020.
Si eso fuera así, hablamos de un margen de apenas medio año, insuficiente para tramitar desde cero un proyecto de ley. Valgan como ejemplo los siete ahora en el horno parlamentario, tres de los cuales lo están desde hace más de un año, mientras que otros tres llevan en danza ya más de seis meses. La ley de la agencia de salud pública, la única impulsada hasta ahora por el govern Torra, inició su andadura a mediados de julio de 2018 y se aprobó el 31 de julio pasado, justo antes de que el Parlament cerrará por vacaciones.
