Quim Torra se hace el tonto ante el TSJC
Argumenta que la orden de la Junta Electoral para retirar los lazos amarillos del Palau de la Generalitat era imprecisa
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha declarado este miércoles ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como investigado por un presunto delito de desobediencia, por haber mantenido los lazos amarillos en las instituciones públicas durante la campaña electoral del 28-A. Su estrategia ha consistido en hacerse el tonto.
Torra argumentó que la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los símbolos durante el periodo electoral era imprecisa y que, en todo caso, el árbitro electoral no tenía competencias para obligarle a retirar los lazos.
Contrariamente a lo que había anunciado el pasado martes, Torra no acusó en ningún momento al Estado de vulnerar el derecho a la libertad de expresión, lo que, aseguró, era el principal objetivo de su comparecencia en los tribunales. El dirigente catalán contestó a las preguntas de la Fiscalía, pero se negó a responder a Vox, acusación popular en la causa, por «decencia democrática».
Torra acudió al TSJC rodeado de varios miembros de su gobierno, como el vicepresidente Pere Aragonès, de Junts per Catalunya (JpC) como la alcaldable de Barcelona Elsa Artadi, y del diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gerard Gómez. Aunque la ANC y Ómnium Cultural habían dispuesto voluntarios para el evento, tan solo un puñado de decenas de ciudadanos acudieron a respaldar a Torra en su declaración.
La desobediencia de Torra
La declaración de Torra ante el TSJC tiene su origen en el pasado mes de marzo, en pleno periodo electoral previo a los comicios generales, cuando la JEC señaló que la presencia de lazos amarillos y banderas estelades en los principales edificios públicos de Cataluña eran un acto ilegal. Según el árbitro electoral, se trataba de símbolos «ideológicos» y «partidistas», cuya presencia no acataba los designios de la Ley Electoral.
De esta forma, la junta dictó que debían retirarse, dictamen que Torra decidió no acatar. El presidente catalán llevó la causa al Tribunal Supremo, que la desestimó, y pese a la prórroga que concedió la JEC para retirar los símbolos, Torra mantuvo los lazos en el balcón de la Generalitat, que terminó sustituyendo por una pancarta. En respuesta, la JEC encargó a la Fiscalía investigar a Torra por un presunto delito de desobediencia, y a los Mossos d’Esquadra retirar los lazos y pancartas.
