Tormenta política entre el Gobierno y Castilla y León: Casado carga contra el “presidente ausente”
El adelantamiento del toque de queda desata un nuevo enfrentamiento entre socialistas y populares por la pandemia
La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de recurrir el adelantamiento del toque de queda a las 20.00 horas en Castilla y León ha desencadenado un nuevo enfrentamiento entre socialistas y populares con motivo de la pandemia. Los líderes de las dos formaciones han vuelto a enzarzarse en un cruce de declaraciones que no se disolverá hasta que actúe la Justicia.
El Ministerio de Presidencia ha solicitado a la Abogacía General del Estado que eche para atrás esta nueva restricción, que excede las competencias de las autonomías en el marco del estado de alarma. Un gesto que rápidamente ha cuestionado el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que ha acusado a Sánchez de maniobrar contra las comunidades dirigidas por su formación.
El líder de la oposición también ha afeado la actitud del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que no ha ofrecido todavía ninguna alternativa sanitaria para Castilla y León, a pesar de su delicada situación epidemiológica, tras alcanzar una incidencia acumulada de 696 casos positivos por cada 100.000 habitantes.
“El ausente presidente del Gobierno y el ministro candidato a tiempo parcial atacan a las autonomías gobernadas por el PP en vez de dar la cara, asumir su responsabilidad y hacer algo eficaz de una vez contra la tercera ola de Covid y el récord de contagios”, ha expresado Casado.
Castilla y León se declara en rebeldía
El anuncio del recurso no ha provocado ningún efecto en el Gobierno de Castilla y León que se ha declarado en rebeldía y ha anunciado que mantendrá el toque de queda a las 20.00 horas de la tarde, a menos que lo impugne el Tribunal Supremo.
El presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha argumentado en un comunicado que la medida persigue como único objetivo “proteger la vida y la salud de las personas y reducir lo más posible el daño a la economía” y ha acusado al Gobierno de España de tratar de “obstaculizar” la lucha contra la pandemia.
“Es imprescindible que el Ejecutivo central ejerza ya su liderazgo y la coordinación con las autonomías”, expresa el comunicado.
El líder popular considera además que el adelantamiento está amparado jurídicamente por el contenido del decreto del estado de alarma que contempla una “modulación, flexibilización o suspensión” por parte de la autoridad competente delegada.
El artículo 5 de la normativa reconoce que las comunidades autonómicas tendrán capacidad para modificar el toque de queda, pero solo adelantando o retrasando una hora la franja horaria que comprende entre las 23.00 horas y las 6.00 horas del día siguiente.
Ciudadanos estalla contra Sánchez: “Ni gobiernan, ni nos dejan gobernar”
Las críticas de Ciudadanos contra el recurso presentado no se han hecho esperar. El vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, ha escrito un artículo de opinión en El Confidencial para alertar sobre las consecuencias de esta decisión del Gobierno. “Ni gobiernan, ni nos dejan gobernar”, ha lamentado.
El líder de la formación naranja ha advertido sobre las graves consecuencias que tendrá este movimiento político para la situación epidemiológica que atraviesa la región que acumula una media de 3.000 infectados diarios. «Un gobierno que se precie no puede mirar impasible cómo miles de ciudadanos pierden la vida cada día», ha subrayado.
Igea ha utilizado un tono duro para recriminar la falta de participación del Gobierno de España en la contención de la pandemia, después de delegar la mayor parte de la estrategia en las autonomías pero de impedir que se apliquen este tipo de restricciones más drásticas. “Mientras el Gobierno se toma su tiempo el reloj de arena avanza y en cada granito de arena se va la vida de un español«, ha completado.
El PSOE afea las decisiones “unilaterales” del Castilla y León
La decisión de recurrir el adelantamiento del toque de queda ha sido respaldada por el núcleo del Partido Socialista que han aprovechado la ocasión para cargar contra los dirigentes populares en Castilla y León por excederse de sus competencias en la contención de la Covid-19.
“Pedimos que se abandonen las decisiones unilaterales y fuera de la legalidad que solo consiguen crear confusión en la población”, ha subrayado el portavoz del grupo socialista en el Senado, Ander Gil.
El líder socialista ha hecho un alegato en defensa de la “lealtad institucional” y ha reprochado a los populares que hayan desencadenado dudas en la estrategia para reducir la curva de contagios entre la ciudadanía. “Ya tienen demasiados problemas y no necesitan que vengan los políticos a generar todavía más incertidumbre”, ha agregado.
La Junta recibe una denuncia ciudadana por prevaricación
La Justicia no solo tendrá que atender al recurso que ha presentado el Ministerio de Presidencia, también tendrá que dar respuesta a la denuncia que ha puesto un vecino de la ciudad de Ávila que ha acusado al presidente de Castilla y León de haber cometido un delito de prevaricación, al acordar el adelanto del toque de queda.
El denunciante ha justificado en su escrito que Mañueco ha vulnerado los derechos fundamentales a la movilidad y ha depositado como prueba el contenido del real decreto del estado de alarma y las declaraciones ante los medios de comunicación del ministro de Sanidad, Salvador Illa, explicando el contexto de su aplicación.
Emilio Marfull presentó la denuncia en la tarde del sábado, justo unos minutos después de que entrara en vigor el nuevo horario de restricciones nocturnas en la comunidad autónoma. Una actuación que ha asegurado, en declaraciones a la Agencia Efe, que responde a su “deber como ciudadano”.
El Gobierno de Pedro Sánchez resucita la batalla política de la pandemia
El drástico movimiento jurídico del Gobierno de Pedro Sánchez ha servido para resucitar los enfrentamientos políticos entre el Partido Socialista y el Partido Popular que se han convertido en una constante durante la pandemia de coronavirus en lugares como la Comunidad de Madrid.
El Ejecutivo central ya pasó por encima de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cuando decidió declarar de forma unilateral el estado de alarma en la Comunidad de Madrid para establecer el cierre perimetral de sus fronteras. Un movimiento que estuvo acompañado de duros reproches entre las dos administraciones, que airearon públicamente sus diferencias después de cada reunión del Grupo Covid-19 de coordinación. Un espectáculo que ya ha vuelto a repetirse.