Todos los frentes abiertos de ERC en los tribunales
Pedro Sánchez necesita la abstención de ERC, un partido con condenados a largas penas de prisión y con decenas de dirigentes aún pendientes de juicio
En la reunión que mantuvieron este jueves las delegaciones del PSOE y ERC para conseguir la abstención de los republicanos en la investidura de Pedro Sánchez intervino Josep Maria Jové, un hombre que goza de la plena confianza de Oriol Junqueras. En esta reunión, Jové era la voz de Junqueras. También es uno de los más de cincuenta cargos de ERC, incluyendo a alcaldes, procesados por el referéndum del 1 de octubre (1-0) de 2017.
El tribunal Supremo condenó a Junqueras por sedición y malversación a 13 años de cárcel en el juicio del procés, así como a los republicanos Oriol Romeva (12 años), Dolors Bassa ( 12 años) y Carme Forcadell (11 años y seis meses). Además, decenas de cargos de ERC todavía están pendientes de juicio.
Para conseguir la investidura, Pedro Sánchez necesita la abstención de ERC, un partido con condenados a largas penas de prisión y con procesados que también se juegan entrar en la cárcel. Estos son los dirigentes re publicanos más destacados que todavía tienen causas abiertas por proceso independentista catalán.
Josep Maria Jové / Es uno de los tres miembros de la delegación de ERC que negocia con el PSOE. Anteriormente, también intervino en las negociaciones con Junts per Catalunya para intentar una posición conjunta en la investidura de Sánchez. Su presencia en estas mesas obedece a su proximidad con Junqueras.
Jové era secretario de vicepresidencia de la Generalitat, el número dos de Junqueras, cuando fue detenido el 20 de septiembre de 2017. Junto a Lluís Salvadó, se le acusa de ser el “arquitecto” del referéndum del 1-O. En los registros policiales realizados en su casa se encontraron dos documentos clave: el ‘Enfocats’, que debía ser la hoja de ruta hacia la independencia; y una agenda Moleskine, en la que anotó las reuniones que mantuvo para preparar el referéndum. Su caso se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por su actual condición de diputado del parlamento catalán.
Lluís Salvadó/ Actual diputado y anterior secretario de Hacienda de la Generalitat. El otro supuesto “arquitecto” del 1-O. Declaró como imputado el pasado 19 de noviembre ante el TSJC por los presuntos delitos de malversación, desobediencia y revelación de secretos. Se salvó de que el juez Pablo Llarena le acusara por rebelión porque el 20-S ya estaba detenido y en las dependencias de la Vicepresidencia mientras se practicaba el registro. En el exterior, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, actualmente en prisión, se dirigían a una multitud.
En su declaración ante el juez durante la fase de instrucción, negó su participación en el 1-O. No contestó a las preguntas de la fiscalía ni a las de Vox, que ejerce la acusación popular.
Joan Josep Nuet / Su condición de actual diputado de ERC en el Congreso motivó que se suspendiera el juicio a los anteriores miembros de la mesa del parlamento catalán, en la etapa de Carme Forcadell, previsto para este jueves y viernes en el TSJC. Al tratarse de un diputado de las Cortes españolas, solo se le puede juzgar en el Tribunal Supremo.
El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeras, planteó que Nuet sea el único miembro de la anterior mesa del Parlament que se le juzgue en el Supremo, mientras que el resto continuarían en el TSJC. Estas dos instancias judiciales aún no han tomado una decisión.
Curiosamente, a Nuet se le juzga por unos hechos que sucedieron cuando era diputado de Catalunya sí que es pot. Abandonó esta formación para engrosar las listas republicanas.
Anna Simó / A diferencia de Nuet, Simó abandonó el primer plano de la política. Exconsejera de la Generalitat. Está procesada por ser la secretaria primera de la mesa del Parlament cuando se tramitaron resoluciones a favor del referéndum prohibidas por el Tribunal Constitucional. Entre estas están las llamadas leyes de transitoriedad nacional, aprobadas por la cámara catalana el 6 y 7 de septiembre.
A los exmiembros de la mesa del Parlament se les investigó por presunta rebelión, sedición y malversación.
Cuartel general del 1-O/ La titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha procesado a una treintena de personas, entre los que se encuentran altos cargos del gobierno que presidió Carles Puigdemont, por los preparativos del referéndum. Se les investiga por presunta malversación, desobediencia, prevaricación, falsedad y revelación de secretos. Hicieron efectiva en su momento una fianza de 5,8 millones de euros.
Entre los procesados se encuentran militantes de ERC, así como cargos colocados por los entonces consejeros republicanos. Entre estos destaca Francesc Sutrias, que fue director general de patrimonio, investigado por malversación y desobediencia; Josep Ginesta, que sigue como secretario general de la Consejería de Trabajo, por malversación; o Saül Gordillo, que también continúa como director de Catalunya Ràdio.
Alcaldes / La Fiscalía del Estado abrió una investigación después del 1-O a cerca de 700 alcaldes que prestaron locales o que se implicaron activamente en el referéndum. Manos de un centenar acabaron en los juzgados ordinarios. Aunque en la mayoría de los casos se archivaron las diligencias, todavía hay alcaldes y concejales con procesos abiertos. El caso más llamativo es el de Jordi Solé, alcalde de Caldes de Montbui hasta el pasado mayo, al que se le derivó su caso al Tribunal Supremo por ser eurodiputado.
Huidos / Los exconsejeros Toni Comín y Meritxell Serret siguen refugiados en Bélgica, mientras que la secretaria general de ERC, Marta Rovira, se instaló en Suiza. Pocos consideran a Comín republicano, pese a retener el acta de diputado al Parlament por este partido, porque salió elegido eurodiputado el pasado mayo por la misma lista que Puigdemont. Recientemente, la Fiscalía del tribunal Supremo descartó instar la entrega a España de Serret y Rovira porque solo se las podría juzgar por desobediencia, un delito que supondría penas menores.
Roger Torrent / La Fiscalía General del Estado ordenó a la fiscalía catalana que investigue al presidente del Parlament por un posible delito de desobediencia. También se investiga a los miembros de la mesa por las resoluciones adoptadas. El pasado martes volvió a desafiar al Constitucional por la aprobación de una resolución sobre el derecho a la autodeterminación.
