Subirats media entre la UNED y sus alumnos para recuperar los exámenes online

Una nueva polémica asoma esta semana por el Ministerio de Universidades y ya hay visos de que podría dar lugar a otro choque en el Gobierno de coalición. El ministro Joan Subirats media estos días con la Universidad Nacional a Distancia (UNED) para que facilite examinarse a sus alumnos vía telemática en plena sexta ola de Covid. La institución insiste por el momento en la vía presencial, mientras Unidas Podemos pidió este lunes explicaciones al ministro en sede parlamentaria «lo antes posible» ante el posible riesgo de contagio masivo.

El malestar ha estallado entre los más de 150.000 alumnos de la UNED que tendrán que examinarse presencialmente entre enero y febrero en plena sexta ola de Covid y con más de 3.000 casos en toda España.

Los estudiantes han solicitado al rector de la universidad, Ricardo Mairal, la posibilidad de realizar la evaluación vía telemática ante aquellos estudiantes que pertenecen a grupos de riesgo específicos, a grupos de edad especialmente sensibles o que deben desplazarse de localidad de manera obligatoria para examinarse. Sin embargo y por el momento, la institución asegura que en sus planes para este año solo cabe la presencialidad.

La universidad solo ofrece posponer el examen presencial a los alumnos que presenten una prueba positiva de Covid-19 durante el periodo comprendido entre el 24 de enero y el 11 de febrero de 2022, ambos inclusive, y no puedan presentarse a las pruebas presenciales de la convocatoria de enero-febrero de 2022.

Estos estudiantes deberán de rellenar un formulario y adjuntar obligatoriamente el justificante del resultado positivo. Una vez cumplimentado el formulario, la universidad les ofrecerá realizarlo, de nuevo de manera presencial, en otra fecha posterior. Una solución que no convence a los alumnos que ven su derecho y el de otras personas que pertenecen a grupos de riesgo específicos vulnerados.

De ahí que varias plataformas de estudiantes se han dirigido al Ministerio de Universidades explicando la situación. Economía Digital se ha puesto en contacto con varios de estos alumnos que explican, además, cómo en la reunión del claustro de profesores se ha planteado la posibilidad de ofrecer a cada alumno a su entrada al examen una declaración jurada asegurando que no tienen Covid ni podrían contagiarlo antes de proceder a realizar la evaluación.

«Se trata de una burda maniobra para responsabilizar a los alumnos en caso de que hubiera contagios posteriores», critican los estudiantes consultados que informan de que esta posible práctica tampoco se les ha comunicado. Asimismo, la decisión de realizar los exámenes presenciales se comunicó en plena sexta ola de Covid con el incremento de los casos, a pesar de la efectividad que arrojó la plataforma ‘AvEX’ desde donde se realizaron los exámenes este curso pasado en plena pandemia.

Cabe recordar que esta herramienta digital fue creada por la propia UNED con un coste aproximado de 200.000 euros para realizar online las pruebas presenciales durante la pandemia, de los cuales 198.108 euros proceden del Ministerio de Universidades.

Desde los numerosos foros, grandes grupos de alumnos están organizándose para presentar una querella al rector por «prevaricación y cohecho» entre otros delitos, según apuntan. Asimismo, insisten en que si la universidad no cede y los exámenes se realizan presencialmente, también están animando a todos los alumnos a unirse y denunciar los posibles positivos de Covid a tenor del modelo de valuación.

La mayoría de profesores de la UNED consultados por Economía Digital rechazan hacer cualquier tipo de declaración ciñéndose a los planes de estudio para este curso y a las decisiones tomadas por el claustro. Sin embargo y de continuar solo con la modalidad presencial, otros docentes están dispuestos a declarar y apoyar la denuncia de los alumnos, incluso con grabaciones, al verse afectados también por este sistema.

Universidades pide buscar «nuevas vías» ante Òmicron

Desde el Ministerio de Universidades no dan crédito y, así como al principio trataron de no inmiscuirse en la polémica, ahora fuentes cercanas al ministro Joan Subirats confirman que el Gobierno está mediando con la institución para «no perjudicar a los alumnos con dificultades».

El propio ministro ya explicó que su departamento podía hacer «recomendaciones a partir de lo que emiten las autoridades sanitarias». Sin embargo, desde Universidades apuntan ahora a que el ascenso de contagios derivados de la presencia de Ómicron fuerza a buscar «nuevas vías» para atajar posibles nuevos contagios.

Más aún cuando entre las denuncias de los estudiantes se encuentra que «la mayoría de las aulas en las que se van a realizar los exámenes no cumplen con las medidas necesarias para guardar las correctas medidas de seguridad». Una afirmación que desde la Secretaría General de la Universidad niegan. «Se ha tenido que limitar el aforo en las tutorías presenciales y nos marcan unos protocolos que, a la hora del examen, van a ser imposibles de cumplir», insisten desde las plataformas de estudiantes.

Podemos pide explicaciones a Subirats

Lo que podría parecer una polémica entre profesores y alumnos se ha trasladado al seno del Gobierno. Un asunto que podría producir un nuevo choque entre los socios de coalición, PSOE y Unidas Podemos.

Según ha podido saber Economía Digital, los morados se han enterado de la polémica por las numerosas quejas de estudiantes que también se han dirigido a ellos como miembros del Ejecutivo y éstos enseguida se han puesto manos a la obra pidiendo explicaciones al propio ministro.

Así y desde Izquierda Unida, como miembros del Grupo de Unidas Podemos en el Congreso, han registrado este lunes una iniciativa en la que pide al Gobierno que se pronuncie sobre la decisión tomada por los máximos responsables de la UNED que obliga a sus alumnos matriculados, sin contar con las miles de personas integrantes del profesorado y del personal técnico y administrativo de los centros, a «participar en los exámenes de la primera convocatoria de este curso a finales de enero y principios de febrero exclusivamente de manera presencial, sin facilitar ninguna otra alternativa en plena sexta ola de la pandemia».

El vicepresidente primero de la Comisión de Educación del Congreso y diputado de Izquierda Unida, Miguel Ángel Bustamante, pide respuesta por escrito lo antes posible dada la premura de tiempo para la celebración de las pruebas y plantea también al Ejecutivo si no cree que «dado el grave índice de contagios por la variante Ómicron, ¿no es más conveniente que los próximos exámenes se realicen a través de la herramienta digital creada por la propia UNED?».

El diputado sevillano de IU considera que «es difícilmente entendible que mientras la universidad ha reducido al máximo las tutorías presenciales desde comienzo de curso, además de cancelar reuniones y eventos académicos por motivos de seguridad sanitaria, por el contrario decida que la única forma de examinarse es la presencial».

Recuerda también al Ejecutivo que «miles de estudiantes están denunciando esta situación, al tiempo que señalan que no se les ofrece posibilidades alternativas».

Por otra parte, según manifiesta públicamente el alumnado que se ha puesto en contacto con el Rectorado, «la respuesta que están recibiendo ante la solicitud de hacer exámenes no presenciales es que la decisión final no es de la UNED, sino que la tendrían otras autoridades educativas competentes, respaldadas por las sanitarias».

Este medio también se ha puesto en contacto con la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) quien ha negado tajantemente que prohíba la utilización de la plataforma para realizar las pruebas online.

«Cada universidad desarrolla unos planes de estudio y explica el desarrollo de las asignaturas a comienzos de curso», explican. En este caso, la UNED modificó para este año la modalidad para volver a la presencialidad en los exámenes. «Si quisieran cambiar a la vía telemática tendrían que presentar una solicitud de modificación de la memoria de los planes de estudios ante el Consejo de Universidades y éste decidir al respecto previo informe de ANECA», responden desde este organismo.

Por la parte que le corresponde, el ministro Subirats ha tenido que salir a desmentir que el Ministerio haya ordenado este procedimiento a las universidades.

Podemos presiona a sus socios preguntando al ministro en sede parlamentaria si «¿es cierto que esta situación se debe a una decisión tomada por las autoridades educativas competentes por encima de los máximos responsables de la UNED y que solo estos mismos responsables podrían modificarlo?» y si «¿goza la UNED de la suficiente ‘autonomía universitaria’ para poder establecer exámenes no presenciales como les está demandando buena parte del alumnado matriculado y como ya ocurrió en el curso pasado?».

Los morados colocan la pelota en el tejado del PSOE. En este caso, señalando a Joan Subirats. Pero éste no sería el único asunto por el que esta semana tendría que dar explicaciones el ministro. El Grupo Parlamentario Vox en el Congreso presentó el 20 de diciembre del 2021 una iniciativa para reprobar y destituir a Subirats, debido a su participación en el referéndum ilegal del 1 de octubre, demostrando de este modo su «desprecio por la Constitución y la justicia».

A todo esto, se unen las declaraciones realizadas este fin de semana por Subirats en las que afirma que «debería haber alguna forma de consulta para cambiar la estructura del Estado», algo que da alas a los de Santiago Abascal quienes reiteran que Subirats «es incapaz de cumplir su promesa de guardar y hacer guardar la Constitución». Tras insistir en su reprobación y destitución, también buscan que el ministro de Universidades dé la cara y explique el motivo de estas declaraciones en sede parlamentaria.

El ministro de Universidades acarrea varios frentes abiertos y, por el momento, no ha dado la cara. La agenda oficial de Moncloa confirmó que la única ocupación que tuvo este lunes fue a las 14:00 horas con una reunión, en la sede del Ministerio, con el teniente de alcalde de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí, y la delegada de Ciencia y Universidades, Júlia Miralles.