Los socios de Sánchez piden investigar si el Tribunal de Cuentas es partidista
ERC, Junts, la CUP, Pdecat Bildu, Compromís, Más País y BNG piden crear una comisión de investigación para analizar la neutralidad política del Tribunal de Cuentas
Nuevo desafío a Pedro Sánchez por parte de sus socios de investidura. ERC ha impulsado una petición para crear en el Congreso una comisión de investigación que analice si el Tribunal de Cuentas actúa de forma partidista en sus decisiones. La iniciativa ha contado con el respaldo de Junts, la CUP, Pdecat Bildu, Compromís, Más País y BNG, que han firmado, junto a los republicanos, la solicitud a la Cámara.
El texto impulsado por Esquerra se produce tras las multas a antiguos cargos del Govern por usar dinero público para organizar el 9-N y promocionar la independencia a través del Diploct. ERC pide la creación de una comisión de investigación «relativa a la neutralidad política en el desarrollo de la función de enjuiciamiento de la responsabilidad contable por parte del Tribunal de Cuentas».
Los republicanos y el resto de partidos firmantes de la solicitud registrada este miércoles en el Congreso afirman que la comisión debería investigar la política de contratación de personal del Tribunal de Cuentas y por qué algunos consejeros decidieron no participar en la causa contra los cargos del Govern.
Del mismo modo, piden calcular «los perjuicios causados en las arcas públicas por todas las operaciones irregulares que no han sido debidamente enjuiciadas».
Sobre las multas derivadas de las causas del 9-N y del 1-O, los partidos firmantes denuncian el «sesgo ideológico» del Tribunal de Cuentas, que descartó investigar otro tipo de causas.
Una circunstancia, afirman que es «incompatible con los principios, propios de un Estado de derecho, que rigen la actividad del Tribunal de Cuentas, como el principio de imparcialidad o la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos».
Los partidos firmantes de la solicitud recuerdan que el Tribunal de Cuentas «no es un auténtico órgano jurisdiccional», aunque advierten que eso «no le habilita a quebrantar la neutralidad política que se exige en cualquier instancia depuradora de responsabilidades».
Destacan, en ese sentido, que las multas por la consulta del 9-N y por el referéndum ilegal del 1-O han tenido «una dimensión política incuestionable».