Siete días de julio para evitar elecciones anticipadas

«Nadie va a resistir más de lo razonable». Se refería la ministra portavoz, Isabel Celaá, a la estabilidad imprescindible que necesita el Gobierno para ejercer su responsabilidad.

¿Qué ha cambiado para que se aventure desde la Moncloa la posibilidad de disolver el Parlamento y convocar elecciones?

Quizá el primer problema sea definir lo razonable en esta situación inédita, en la que un presidente, soportado por un grupo parlamentario de 84 escaños, ganó una moción de censura apoyado en partidos independentistas, populistas, nacionalistas e incluso en los herederos políticos de ETA.

Ocurre que se empiezan a presentar al cobro las facturas del apoyo a la llegada del presidente Pedro Sánchez a La Moncloa.

El dilema de la continuidad de la legislatura de Sánchez

Hasta ahora la salida de Mariano Rajoy, tan anhelada por todos, justificaba las medidas que iba tomando el presidente para contentar o contener a sus socios de Gobierno. La realidad y las exigencias contradictorias de sus distintos socios empiezan a poner en aprietos la continuidad de la legislatura.

Para arrancar su acción de gobierno, Sánchez tuvo que aceptar como propios los presupuestos recién aprobados del gobierno de Rajoy. La disyuntiva actual le podría obligar a prologarlos para 2019 si no consigue aprobar el nuevo techo de gasto pactado con la Unión Europea.

Hay un debate jurídico. Para salvar el obstáculo del Senado, donde el PP –con mayoría absoluta– bloqueará los nuevos límites de las cuentas, el aumento para 2019 sería de un 4,4%. Es decir, cerca de 6.000 millones de euros.

La Moncloa señaló que los recortes repercutirían en el gasto social de las comunidades autónomas

Por si acaso el proceso se estanca por los votos de Ciudadanos y los «populares», la oficina de propaganda de Moncloa ha señalado que los recortes a los que se vería obligado el gobierno repercutirían fundamentalmente en las comunidades autónomas para sus gastos sociales.

Una venda antes de la herida.

Hay que indicar que Podemos exige un aumento presupuestario de casi el triple, hasta los 15.000 millones de euros, para apoyar los presupuestos del 2019.

La resistencia razonable de Sánchez

Hasta ahora, el único escollo serio del Gobierno en el Parlamento ha sido el nombramiento de la nueva dirección provisional de RTVE. Ayer, como estaba previsto, no alcanzó la mayoría de dos tercios de la cámara, 234 votos.

El viernes, en segunda votación solo necesitaría la mayoría absoluta, para lo cual son necesarios los votos de todos los diputados que invistieron a Sánchez como presidente de Gobierno.

Hoy ha habido confusión con la posición de los diputados del Pdecat. A pesar de estar los ocho en el edificio del Congreso, solo asistieron a la votación cuatro, lo que siembra dudas con la posición final que adoptarán el viernes.

El Pdecat envía avisos contradictorios sobre la importancia que le dan a la estabilidad del Gobierno

Ocurre cuando se estrena la nueva dirección del partido que es de obediencia directa de Carles Puigdemont. Avisos contradictorios de varios portavoces nacionalistas sobre la importancia que pueden dar ahora a la estabilidad del Gobierno que remiten a los avances en la negociación política con la Generalitat.

¿Esos son los límites a la resistencia razonable del ejecutivo de Sánchez?

Una semana decisiva para el futuro de Sánchez

Los últimos días de julio van a ser decisivos para el futuro del Gobierno.

Con los ecos de la comparecencia ayer del director del CNI, Félix Sanz Roldán, sobre las cintas de Corinna, probablemente se conocerá la posición de Podemos exigiendo una comisión parlamentaria para investigar las finanzas del rey emérito.

El segundo reto es el nombramiento de la nueva administradora provisional de RTVE. Si Rosa María Mateo no lograra el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso, dejaría en muy mal lugar la gestión del proceso por Sánchez.

El tema más complicado para Sánchez es la aprobación del techo del gasto

Pero sin duda el tema más espinoso es la aprobación del techo de gasto. El Gobierno ha insinuado que realizaría un cambio legislativo para sortear la exigencia de aprobación por el Senado. No obstante, estaríamos ante una discusión jurídica.

Los servicios del Congreso han dictaminado que si la ley fuera modificada no podría aplicarse al proceso en curso. Probablemente el asunto terminaría en el Tribunal Constitucional con la probable paralización de su entrada en vigor.

Estos serán los límites de resistencia razonable que le alivien a Sánchez de la obligación de convocar elecciones anticipadas.