Seprotec entró en los juzgados catalanes con falsos traductores

La traducción low cost ha entrado de llena en las policías y en los tribunales españoles y Seprotec, la empresa que contrata en Madrid a supuestos intérpretes sin formación ni conocimientos, ganó en Cataluña un concurso público con datos falsos.  Seprotec ha facilitado que los juzgados españoles se llenen de traductores que no saben idiomas, sin titulación y que difícilmente se hacen entender en castellano.   

La Generalitat otorgó a Seprotec los contratos para ofrecer servicios de traducción e interpretación en los juzgados catalanes con un listado falsificado en un 90%. La empresa se impuso al resto en el concurso público de 2009 con 476 titulaciones de traductores jurado falsas, según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que instó a la Generalitat a abrir un expediente contra la compañía por falsificación de datos para ganar el concurso público.  

La sentencia, publicada el 6 de marzo de 2013, acredita que de 1.516 titulaciones de idiomas de segundo ciclo, sólo 22 eran verdaderas. La Asociación de Traductores e Intérpretes de Girona llevó a los tribunales a la polémica empresa. La sección quinta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dio por válidas las denuncias que fueron acreditadas con detalle.  

Vigilantes por intérpretes 

Para elaborar la denuncia, la asociación tuvo que insistir tres años para que el departament de Justicia de la Generalitat, que estaba dirigido por la socialista Montserrat Tura (PSC), entregase la documentación presentada por Seprotec.  

«A la Generalitat no le importaba ni le importa la cualificación de los intérpretes. De todos los traductores jurados que presentó la empresa en el concurso público, sólo dos o tres trabajaban para la empresa», explica Annette Emmermann, la portavoz de la asociación que llevó a Seprotec contra los tribunales.  

Entonces, los intérpretes profesionales descubrieron graves irregularidades. La empresa había inflado de forma ficticia su plantilla al incluir a extrabajadores que incluso se encontraban en Galicia o en Canarias. También incluyó a personal de seguridad como supuestos traductores y asignó el catalán y el valenciano como idiomas de trabajo de casi toda la supuesta plantilla. Con todo el fraude documental, la Generalitat otorgó el concurso a la empresa sin haber comprobado que la documentación aportada era real.  

Pese a la minuciosa denuncia, la Generalitat no emprendió ninguna investigación. Todo lo contrario. «Los funcionarios que pidieron documentación y que se tomaron en serio la investigación fueron apartados», explica la denunciante.  

Investigación archivada

Tras la sentencia del tribunal, la empresa Seprotec apeló la decisión y pudo salvar su contrato en el Supremo, que no cuestionó el fondo de la denuncia presentada por los traductores de Girona pero aseguró que la asociación no tenía potestad para cuestionar el concurso público por no haberse presentado.  

Antifrau también inició una investigación en base a las denuncias concretas, pero todo el trabajo terminó en una tibia recomendación a la Generalitat en la que pedía mayor cuidado con estas adjudicaciones.  

Los trabajadores judiciales se quejan de que los traductores, que apenas cobran 10 euros la hora, no saben idiomas y muchos de ellos tienen dificultades para ser entendidos en castellano. 

Salvo contadas excepciones como la de la juez Pilar De Luna, los jueces siguen aceptando a intérpretes sin cualificación, a pesar de que no ofrecen garantías plenas de que su traducción sea fidedigna y comprensible.    

A pesar de todas las irregularidades, de haber incluido a falsos intérpretes, de contratar a cualquiera como traductor en los juzgados y ante la perplejidad del colectivo, la Generalitat y la Comunidad de Madrid siguen defendiendo los servicios de Seprotec.