Las sentencias contra la inmersión en Cataluña blindan a Baleares de la exclusión del castellano

Baleares está a punto de apuntalar su modelo lingüístico. Pese a que la mayoría de centros ya aplican de facto la inmersión solo en catalán, el gobierno del archipiélago liderado por la Francina Armengol ha quitado las referencias a la vehicularidad del castellano de la futura ley de educación, aunque la sentencias relativas a Cataluña también afectan a la educación insular.

La jurisprudencia a favor del modelo de conjunción lingüística –que catalán y castellano sean vehiculares en proporciones razonables en la enseñanza– protege al sistema educativo balear de vivir una situación similar a de Cataluña, donde la lengua común se reduce a una sola asignatura lingüística, al generar jurisprudencia a favor de la convivencia entre idiomas.

Así lo defienden desde Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), la entidad a favor del bilingüismo escolar en Cataluña. Su presidenta, Ana Losada, explica a Economía Digital que la ley que pretende aprobar el gobierno del PSIB-PSOE, MES y Podemos «es a todas luces ilegal»: «El castellano es lengua oficial y por eso debe ser vehicular. No lo pueden excluir».

El derecho a estudiar en español emana de la Constitución

En esta posición se pronuncia también el responsable jurídico de AEB, José Domingo, que recuerda que la jurisprudencia a favor de la conjunción lingüística es para todas la autonomías, aunque la mayoría de sentencias se hayan hecho en referencia a problemas derivados de la situación en Cataluña, el caso más extremo de exclusión del español.

Domingo cita la sentencia del Tribunal Supremo en 2015, donde se reconoce que la mención explícita en la Ley Catalana de Educación (LEC) de que el catalán es la lengua vehicular de la enseñanza no excluye a que el castellano también pueda serlo. Dicho de otro modo, eludir al español no le quita su derecho a ser usado fuera de la asignatura de lengua y literatura.

Una posición que también se ve apoyada por una sentencia del Tribunal Constitucional de 2019, donde los magistrados avalaron el texto donde se hablaba del occitano como lengua vehicular en el Valle de Arán. El fallo interpretaba que el reconocimiento al aranés «no se refiere a esta lengua como la única a utilizar en la enseñanza en este territorio».

El miembro de AEB también reconoce que la histórica sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) solo se aplica directamente en Cataluña, aunque apoya el marco jurisprudencial en toda España que obliga a que, en las autonomías bilingües, ninguna de las dos lenguas pueda quedar reducida a una asignatura lingüística.

El 25% de castellano en las escuelas de Cataluña

El TSJC estableció que en Cataluña ninguna de las dos lenguas reconocidas por el Estatuto de Autonomía de Cataluña podía impartirse en menos de un 25% de las horas lectivas. Una obligación que, a la práctica, supone que además de castellano se tenga que dar otra materia troncal en español, como historia o matemáticas.

El contenido de esta sentencia, que se basa directamente en la Constitución Española independientemente de la ley educativa vigente, blinda al castellano como objeto –no solo de enseñanza– sino también de uso a lo largo del proceso educativo. Una cuestión que se aplica en todo el territorio nacional y, por tanto, también en Baleares.

Aunque el PSIB-PSOE había pactado con Cs y el PP que se introdujera una mención explícita al castellano en la futura ley educativa, los socialistas –con el apoyo de MÉS y Podemos– se han echado atrás. El gobierno autonómico pretende que sean los centros los que decidan el modelo que se aplicará en cada colegio y, a la práctica, la mayoría optan por la inmersión lingüística.

El decreto de mínimos del catalán aprobado por el PP

La ley balear solo pone como condicionante el llamado decreto de mínimos aprobado durante el gobierno del PP de Jaume Matas. La norma jurídica obliga a que al menos un 50% de los contenidos se impartan en catalán, un tope por abajo que no se incluye por arriba. «Eso significa que, si un colegio lo decide, se puede optar por el mismo modelo que en Cataluña», explica Domingo.

El cambio en la norma se ha producido después de saber que el PP, con quien habían pactado esta cuestión, votará en contra de la futura ley de educación autonómica. El texto original había provocado el rechazo de los partidos y sindicatos nacionalistas (STEI y ANPE) de las Islas Baleares, que consideraban que se «agravaba todavía más la situación de emergencia lingüística».