La sentencia contra la estelada afecta a los lazos amarillos
El abogado de la sentencia de la estelada apuesta por presentar contenciosos contra los ayuntamientos que exhiban lazos amarillos
Aunque no hace ninguna mención a los lazos amarillos, la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga al Ayuntamiento de Sant Cugat (Barcelona) a retirar una estelada de una plaza pública también afecta a los lazos en favor de los dirigentes independentistas presos o huidos.
El abogado Manuel Zunón advierte que la sentencia no sólo es de aplicación en Sant Cugat, sino en todas las corporaciones públicas. Y no afecta únicamente a las esteladas, sino a todos los símbolos partidistas colgados en espacios públicos.
Zunón es el abogado que interpuso, en representación de Sociedad Civil Catalana (SCC), el pleito contra el Ayuntamiento de Sant Cugat por la estelada. Considera que la sentencia ampara la eliminación de símbolos partidistas en el ámbito público, incluido el lazo amarillo de la fachada del Ayuntamiento de Barcelona.
Para que una determinada corporación pública elimine un símbolo independentista, Zunón indica que “primero se le debe requerir para que cumpla con su obligación citando o acompañando la sentencia”. Y si persiste, “hay que llevarlo al juzgado” con la interposición de un contencioso administrativo. “Es lento, pero seguro”, indica.
Si el que reclama es un vecino, Zunón apunta que cabe la posibilidad de un recurso de protección de derechos fundamentales. En este caso, el procedimiento es más rápido.
El lazo del ayuntamiento de Ada Colau
Por su parte, la abogada Vanessa González considera que el Ayuntamiento de Barcelona, así como cualquier otra administración pública, está obligado a quitar el lazo amarillo de su fachada sin necesidad de pedirlo. Sin embargo, si no lo retira, coincide con Zunón en que, primero, debe cursarse una instancia ante el ayuntamiento que exhiba banderas, pancartas o símbolos partidistas en el espacio público. Si sus responsables se inhiben, entonces se solicita la ejecución provisional de la sentencia ante el mismo TSJC.
Como la sentencia todavía no es firme, sólo cabe solicitar la “ejecución provisional”, precisa González. El Ayuntamiento de Sant Cugat, gobernado por Carmela Fortuny (Pdecat), recurrió la sentencia.
La sentencia mantiene que izar la estelada supone “privatizar el espacio público” con un elemento “partidista. Con ello se vulneran los “principios de la objetividad y neutralidad institucional”. El fallo del TSJC s sustenta en una sentencia anterior del Tribunal Supremo, de abril de 2016, por la que se obliga a las instituciones a retirar las esteladas de los edificios públicos.
