La sentencia de los ERE amenaza la investidura de Sánchez
La Audiencia de Sevilla anunciará este martes la sentencia de la pieza política de los ERE por la que están procesados Manuel Chaves y José Antonio Griñán
Los expresidentes andaluces Manuel Chaves (i) y José Antonio Griñán . /EFE/ Pepo Herrera
El PSOE se salvó de que la sentencia de los ERE de Andalucía se hiciera pública durante la campaña electoral, pero no podrá evitar que la Audiencia de Sevilla la anuncie este martes, cuando Pedro Sánchez está en plenas negociaciones para su investidura. La sentencia desencadenará una tormenta política independientemente de las penas que imponga.
En junio de 2018, Sánchez justificó la moción de censura contra Mariano Rajoy en la sentencia del caso Gürtel, por la que la Audiencia Nacional condenó al PP como responsable civil a título lucrativo de aquella trama de corrupción.
Ahora, el PP de Pablo Casado está preparado para pagar con la misma moneda a Sánchez. Los populares utilizarán la sentencia de los ERE andaluces para debilitar el candidato socialista precisamente cuando está recabando votos para su investidura. Hace un año, José María Aznar ya encendió el ventilador contra el PSOE por el asunto de los ERE.
A diferencia del caso Gürtel, en el de los ERE no se investiga la financiación ilegal de un partido político. No obstante, una parte de los procesados están acusados de beneficiar con fondos públicos a particulares y empresas próximas a los socialistas.
Y lo más importante: entre los 21 acusados se encuentran tres figuras del socialismo andaluz y español, que precisamente se apartaron del primer plano de la política al ser imputados en el caso de los ERE: Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Magdalena Álvarez.
Los tres han sido ministros de largo recorrido. Griñán ocupó las carteras de Sanidad y Trabajo con Felipe González; Álvarez, la de Fomento con José Luis Rodríguez Zapatero; y Chaves, las de Trabajo con Felipe González y de Política Territorial con Rodríguez Zapatero.
Si están entre los acusados es por sus responsabilidades en la Junta de Andalucía. Chaves y Griñán la presidieron, mientras que Álvarez fue consejera de Economía y Hacienda durante casi una década, que coincidió con el escándalo de los ERE. Además, Chaves y Griñán no solo fueron secretarios generales de los socialistas andaluces, sino que también fueron presidentes del PSOE: el primero, desde el año 2000 a 2012, y el segundo, de 2012 a 2014.
En el banquillo de los acusados se sentaron dos presidentes del PSOE, que es el partido por el que ahora Pedro Sánchez aspira a ser investido presidente del Gobierno.
Munición contra la investidura
Si la Audiencia de Sevilla los condena, aunque sea a penas leves, los partidos que se oponen a la investidura de Sánchez tendrán munición para intentar torpedear su investidura. Estos partidos son el PP, Ciudadanos y Vox. Precisamente, los dos primeros gobiernan la Junta de Andalucía gracias al apoyo parlamentario de la formación de Santiago Abascal.
En sus conclusiones definitivas, la fiscalía pidió diez años de inhabilitación para Chaves, Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías –fue consejero y vicepresidente de la Junta– por el presunto delito de prevaricación. Para Griñán solicitó seis años de prisión y treinta de inhabilitación porqué a la supuesta prevaricación también sumó malversación.
Se ha especulado sobre las posibles condenas desde que el juicio quedó visto para sentencias el 17 de diciembre de 2018, hace casi un año. El ponente del veredicto, Juan Antonio Calle Peña, y dos juezas del tribunal se han dedicado en exclusiva a la redacción de una sentencia que se presume que sobrepasará las 1.700 páginas, más del triple que la del procés.
Algunos medios andaluces auguran una sentencia benévola para la trama política de los ERE. Pronostican que no habrá condenas por malversación, pero sí por prevaricación. Los peor parados serían los cargos del segundo nivel de la administración andaluza.
Este panorama de penas leves para los expresidentes del PSOE harían más llevaderos a Sánchez los ataques que recibirá en los próximos días, pero dejaría en mal lugar a la actual lideresa de los socialistas andaluces, Susana Díaz. Esta llegó a la presidencia de la Junta en 2013 a raíz de la dimisión de Griñán por su imputación en el caso de los ERE. Díaz se desmarcó de sus antecesores para que no le afectara el escándalo. Si ahora se van de rositas, a Díaz se le reprochará que los defendiese desde el primer momento.
Oxígeno para Juanma Moreno
La sentencia también dará oxígeno al gobierno andaluz que preside el popular Juanma Moreno. De repetirse en resultado de las generales del 10-N en unas autonómicas, quedaría fuera del palacio de San Telmo. El bloque de izquierdas se impuso al de las derechas por la debacle de Ciudadanos en Andalucía.
Moreno también está preparado para sacar jugo a la sentencia. Según el sumario, entre 2001 y 2010, los gobiernos andaluces que presidieron Chaves y Griñán concedieron 854 millones de euros en ayudas sociolaborales a trabajadores y empresas de forma arbitraria y mediante procedimientos opacos. La fiscalía anticorrupción mantiene que, de los 854 millones repartidos, como mínimo 680 “no debieron salir de las arcas públicas”.
El caso de los ERE tiene su origen en un interventor de la Junta que objetó contra las subvenciones públicas concedidas para la prejubilación de trabajadores de la empresa Hamsa. Este interventor, Joaquín Alegre, declaró durante el juicio que fue cesado sin que le dieran ninguna explicación.
En enero de 2011, hace casi nueve años, la jueza Mercedes Alaya abrió diligencias cuando era titular del juzgado de instrucción número seis de Sevilla. Hay cerca de 180 piezas separadas del caso de los ERE, que no finalizará con la sentencia de la “pieza política” que se hará pública este miércoles. Es la de mayor repercusión mediática, pero todavía quedan partes de la trama por juzgar. Además, la sentencia no es firme y cabe la posibilidad de recurso ante el Tribunal Supremo.
Los otros protagonistas
Además de los expresidentes Chaves y Griñán, y de la exconsejera y exministra Magdalena Álvarez, la pieza política de los ERE tiene más protagonistas. Estos son los principales:
José Antonio Viera. Exconsejero de Empleo (2000-2004). Se le acusa de poner en marcha el mecanismo de los ERE Irregulares. Se juega 8 años de prisión y 30 de inhabilitación.
Antonio Fernández. Sustituyó a Viera al frente de la Consejería de Empleo (2004-2010). Salió en libertad tras pagar una fianza de 400.000 euros. La fiscalía pide para él 8 años de prisión.
Francisco Javier Guerrero. Exdirector general de Trabajo (1999-2008). Pagó una fianza de 50.000 euros para salir de prisión. Incluso se le acusó de conceder subvenciones a su chofer. Afronta una petición de pena de 8 años de prisión y 30 de inhabilitación.
Carmen Martínez Aguayo. Fue viceconsejera de Empleo. La petición es de 6 años de prisión y 30 de inhabilitación.
Agustín Barberá. Fue viceconsejero de Empleo. Petición de 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación.
Miguel Ángel Serrano. Ex director del Instituto de Fomento de Andalucía. Petición de 8 años de prisión y 30 de inhabilitación.
Jacinto Cañete. Sustituyó a Serrano en el Instituto de Fomento de Andalucía. Petición de 8 años de prisión y 30 de inhabilitación.
Jesús María Rodríguez. Fue vicepresidente del Instituto de Fomento de Andalucía. Petición de 8 años de prisión y 30 de inhabilitación.
Lourdes Medina. Ex secretaria general de Empleo. Jacinto Cañete. Ex director del Instituto de Fomento de Andalucía. Petición de 8 años de prisión y 30 de inhabilitación.
Juan Francisco Sánchez. Ocupó diversas responsabilidades en el área técnica de la Consejería de Empleo. Petición de 8 años de prisión y 30 de inhabilitación.
Manuel Gómez. Interventor de la Junta. Petición de 6 años de prisión y 30 de inhabilitación.
Gaspar Zarrías. Exconsejero de Presidencia y exvicepresidente. Petición de 10 años de inhabilitación por prevaricación.
Cerca de 300 investigados
El caso ERE es una de las causas con mayor número de investigados de la historia judicial española, con cerca de 300 personas bajo sospecha investigadas por la desviación de caudales públicos. Además, de los 6.096 funcionarios públicos que se beneficiaron del cobro de ayudas, 126 están imputados en calidad de intrusos.
Precisamente, la investigación por fraude se dirige al más del centenar de ‘intrusos’ que están siendo procesados en la causa. La Junta les reclama 135 millones de euros por irregularidades en varios expedientes. Del montante total, solo habría recibido unos 4,6 millones.
