Sectores del PSOE piden votar en contra de la Ley Trans de Montero
El PSOE se ha visto obligado a distribuir consignas entre sus cargos para explicar el apartado sobre la autodeterminación de género
Irene Montero gana la batalla definitiva a Carmen Calvo por la Ley Trans. El Consejo de Ministros aprobará este martes la norma junto a la Ley LGTBI, que permitirá la ‘libre elección de sexo’ a adolescentes.
La ‘guerra soterrada’ entre los socios de Gobierno se traslada a las asociaciones feministas en la calle y también entre sectores del PSOE que piden votar en contra de la Ley en el Congreso de los Diputados.
La ministra de Igualdad gana la partida a la vicepresidenta primera conjurándose con Justicia y Presidencia para que se permita el cambio de sexo y nombre en el Registro Civil sin necesidad de testigos, pruebas ni informes médicos en un plazo de tres meses. Cualquier persona, a partir de esta martes, podrá cambiar su nombre y sexo en el registro civil sólo con una declaración expresa, a partir de los 16 años.
Según ha podido saber Economía Digital, la dirección del PSOE se ha visto obligada a distribuir consignas entre sus cargos para explicar el apartado sobre la autodeterminación de género, pese a la negativa inicial del partido de Pedro Sánchez defendida férreamente por Calvo.
La ministra de Igualdad gana la partida eliminando el requisito de que la persona disponga de un informe médico o psicológico que acredite «disforia de género» y la obligación de hormonarse durante dos años cuando quiera realizar un cambio de sexo en el Registro Civil.
Este aspecto ha desatado el malestar de las asociaciones feministas que este fin de semana salieron a la calle para manifestarse en contra de la norma y solicitar la dimisión de Irene Montero.
«Lamentablemente están retrocediendo los derechos de las mujeres, y con el Ministerio de Igualdad que tenemos en España hoy en día la situación es peor», señala Sonia Gómez, miembro de la Confluencia Movimiento Feminista.
Sectores del PSOE, en contra de Montero
La aprobación de la norma este martes en Consejo de Ministros ha caído como una bomba de relojería en el PSOE. La presidenta del Consejo Asesor para las Políticas de Igualdad de los socialistas, Altamira Gonzalo, se ha convertido en la cara más visible en defensa de Calvo y en contra de la ministra de Igualdad.
Gonzalo afirmó en redes sociales que «muchas mujeres socialistas feministas» están «en contra de esta ley» y avanzó que, incluso, «altos cargos socialistas se sienten traicionados por el giro del Gobierno en el esprint de la ley Trans». «Carmen Calvo no estás sola», animó a la vicepresidenta primera.
La presidenta del Consejo Asesor para las Políticas de Igualdad de los socialistas fue más allá haciendo suyo un mensaje donde anima a las diputadas socialistas a votar en contra de la Ley Trans de Irene Montero en el Congreso de los Diputados.
La socialista responde a la ministra y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, cuando ésta aprovecha para felicitar por los 40 años de la ley de divorcio en España asegurando que «nos oponemos ahora a la ley trans que conocemos, porque no responde a nuestros intereses y los pone en riesgo».
El pasado mes, los socialistas impidieron con su voto en el Congreso que se tramitara una proposición de Ley Trans casi idéntica a la planteada por Igualdad, pero finalmente han aceptado la autodeterminación de género, como también reclamaban los colectivos LGTBI.
Desde la Confluencia Movimiento Feminista, alineada en estos temas con Calvo, señalan que la ley trans «no va de derechos trans», sino de «borrado de mujeres y de hormonación infantil». «Queremos que la gente lea esa ley trans. El feminismo nunca ha estado en contra de los derechos de nadie, todo lo contrario. Hemos sido grandes luchadoras por nuestros derechos», apostilló Gómez.
Los puntos conflictivos
La autodeterminación de género se ha convertido estos meses atrás en el punto más conflicto entre PSOE y Unidas Podemos. Las negociaciones no terminaban de cerrarse debido a la «inseguridad jurídica» que arrojaba la norma, según Carmen Calvo.
Sin embargo, su aprobación este martes elimina el requisito de que la persona disponga de un informe médico o psicológico que acredite «disforia de género» y la obligación de hormonarse durante dos años cuando quiera realizar un cambio de sexo en el Registro Civil. Es decir, basta con que la persona interesada lo solicite por escrito y sin necesidad de presentar pruebas ni testigos. Si bien, sí deberá ratificar esa decisión en un plazo máximo de tres meses.
Será un funcionario quien emita, en esta doble comparecencia de la persona trans, un informe y será quien podrá paralizar el trámite si sospecha de alguna cuestión dudosa o fraudulenta, según contempla el borrador de la norma al que ha tenido acceso Economía Digital.
En el anteproyecto de ley sitúa en los 16 años el momento en el que cualquier persona pueda «rectificar» la mención de su sexo y a los 14 años cuando sea «asistidos» por sus padres o por un «defensor judicial» en el caso de descuerdo entre ambos. La vía judicial también queda abierta a menores que tengan entre 12 y 14 años.
Los menores de 12 años solo podrán proceder al cambio de nombre con el objetivo de «proteger particularmente a los menores para que no den pasos que luego quieran revertir», informó Calvo en una entrevista este sábado. El proceso administrativo durará un plazo máximo de cuatro meses y la decisión también podrá revertirse una sola vez, al pasar seis meses de la solicitud.
La norma también afectará a la llamada violencia de género. Unidas Podemos luchó por poner acento en la imposibilidad de que un presunto maltratador cambie su sexo legal para evitar una condena con agravante por razón de género. Así, por ejemplo, se tendrán en cuenta las circunstancias que se daban en el momento del delito; un hombre no podrá solicitar el cambio de sexo una vez haya sido denunciado.
Los triunfos de Calvo frente a Montero
Y otra de las cuestiones más polémicas entre los socios de Gobierno se encuentra en el género no binario. En este punto, los socialistas no han aceptado incluir la inclusión de la tercera casilla para este género, tal y como solicitó Podemos.
También Calvo se ha anotado un tanto sobre la reproducción asistida eliminando de la ley el deseo de los morados de contemplar el término «personas trans con capacidad de gestar» y no desarrolla la garantía de la reproducción asistida para todas las mujeres, tal y como figura en el anteproyecto de esta ley a la que ha tenido acceso ED.
En el borrador de Igualdad también venía reflejada la necesidad de la garantía del acceso a la salud para las personas trans, solicitando, incluso, «la asistencia sanitaria necesaria para el tratamiento hormonal, terapia de voz, cirugías genitales, mamoplastias, mastectomías y material protésico».
Sin embargo, en la última versión del documento no aparece reflejado este punto e incide en que la atención sanitaria se realizará «conforme a los principios de no patologización, autonomía, codecisión y consentimiento informado, no discriminación, asistencia integral, calidad, especialización, proximidad y no segregación».
Una norma que entre los sectores socialistas no acatan asegurando que pierden terreno social frente a los morados. El feminismo socialista sigue apoyando a Calvo y critica que «apoyando normas contra la mujer estamos destruyendo lo que tanto esfuerzo nos ha costado», sentencian.