Se concretan los posibles delitos en Lledoners: prevaricación
El Supremo estudia si la directora de Lledoners dictó una resolución arbitraria al conceder al ex consejero Josep Rull un permiso para visitar a su hijo
La directora del centro penitenciario de Lledoners, Paula Montero, pudo haber incurrido en prevaricación al conceder al ex consejero Josep Rull un permiso de salida de la cárcel para visitar a su hijo hospitalizado. El Tribunal Supremo estudia si la responsable dictó una resolución arbitraria con conocimiento de los márgenes de la ley.
Rull obtuvo el pasado sábado, víspera de Reyes, un permiso extraordinario de urgencia, sin la preceptiva autorización judicial, para abandonar el centro penitenciario en aras de visitar a su hijo de 3 años, que acababa de ser ingresado en un hospital de Manresa tras sufrir un fuerte impacto en la cabeza durante un vis a vis familiar en Lledoners.
Montero podría enfrentar graves consecuencias por otorgar el permiso a Rull. La Sala Segunda del Supremo, que tiene en su poder el procedimiento contra los políicos catalanes, podría advertir de indicios delictivos en su proceder, lo que elevaría el caso a la Fiscalía para su respectiva investigación, informó El Confidencial citando fuentes jurídicas.
«Los hechos encajan en la comisión de un delito de prevaricación, previsto para los funcionarios públicos que no procedan de acuerdo a la normativa en un asunto administrativo. Desde el Ministerio Público, se está a la espera de recibir notificación sobre lo sucedido para analizar los hechos», explica el digital.
El permiso de salida de Rull incumple con el Reglamento Penitenciario
La aprobación de un permiso de salida para internos preventivos requiere la previa autorización de la autoridad judicial correspondiente, según el artículo 159 del Regamento Penitenciario. La directora se amparó en el artículo 161.4 del documento, que permite la autorización de salida en casos de urgencia, porque el tribunal no se encontraba «disponible».
Sin embargo, estas competencias no son aplicables a presos preventivos, sino solo a penados, según fuentes jurídicas. Los casos de encarcelados preventivos requieren la aprobación, en cada caso, de la autoridad judicial correspondiente, que en este caso es el Supremo, que se enteró de la salida tres días después de aprobada.
Fuentes penitenciarias revelaron a El Confidencial que Montero ni siquiera «se encontraba de guardia ese sábado, por lo que la medida no fue tomada por ella, aunque políticamente sea la responsable de la prisión». También dicen que Montero puso su cargo varias veces «a disposición» de sus superiores para no tener que ceder privilegios a los políticos catalanes.
