Santi Vila reduce el referéndum a un intento de "tensar la cuerda"

Era de esperar, dado que en los días previos a la aplicación del 155 ejerció de mediador con el Gobierno y, ante el fracaso de sus intentos, fue el único de los miembros del gobierno de Carles Puigdemont que dimitió antes de la votación en el Parlament de la declaración independentista del 27 de octubre de 2017. El caso es que Santi Vila ha dado este jueves un paso más en la estrategia de negar cualquier intento real de secesión, al igual que ha ha hecho el conjunto de los encausados en el jucio del procés por el Tribunal Supremo.

Vila no solo insistió, como los demás, en que nunca se gastó un euro en el referéndum ni se dio un solo paso para hacerlo posible desde que el Tribunal Constitucional suspendió la ley aprobada por el Parlament para dar amparo legal a la convocatoria. Además, admitió que tras esa suspensión, ya no se volvió a hablar de esos preparativos en ninguna reunión del gobierno catalán, y que el ya nunca más consideró el 1-O como un referéndum, ni siquiera ilegal, sino tan solo como una «gran movilización» de carácter independentista.

El exconseller, que asumió sucesivamente las carteras de Territorio y Sostenibilidad; Cultura, y Empresa y Conocimiento, fue más lejos y aseguró que para él, la hoja de ruta independentista con la que Junts pel Sí —una candidatura ecléctica, dijo, y de la que no formó parte— ganó las elecciones de 2015 y que inspiró la acción de la Generalitat hasta la suspensión de la autonomía nunca fue nada más que «una idea instrumental», al servicio de forzar reformas que actualizaran el acuerdo constitucional, lastimado por los recortes aplicados por el TC al Estatut en el año 2010. «Se trataba de tensar la cuerda sin que nunca se rompiera», apuntó.

Financiación privada para el 1-O

Vila, como ya hizo el también exconseller Carles Mundó en su declaración del miércoles, explicitó su convicción —especulativa, matizó— de que el referéndum fue financiado con fondos privados, provenientes de empresarios o mecenas de la órbita nacionalista. Cuando le preguntó a Puigdemont cómo se financiaría, explicó, el presidente le aseguró que podía estar tranquilo porque no sería con dinero público.

El exconseller explicó que en movimiento independentista y en el gobierno catalán hubo «una discrepancia» sobre la lectura que había que hacer del 1-O, y que creee que su postura, la de entender que además de los dos millones que se habían movilizado también había más de dos millones que se habían quedado en casa, y que tenían que ser «el gobierno de todos» era mayoritaria.

El procesado subrayó que consideró la ley de transitoriedad aprobada por el Parlament el 7 de septiembre de «disparatada» y que así lo expresó públicamente en su momento, y enfatizó su papel de mediador en la crisi previa al 27-O, y que, el día 25 por la noche se fue a dormir convencido de que se había conseguido frenar la unilateralidad. Pero «el clima de desconfianza y la presión exterior eran tan fuertes» que ese principio de acuerdo para convocar elecciones y evitar la suspensión de la autonomía saltó por los aires al día siguiente, por lo que Vila presentó su dimisión.

Vila, junto a Mundó y Meritxell Borràs, es uno de los tres acusados para los que la fiscalía descartó la rebelión y a los que optó por acusar en cambio de malversación y desobediencia grave.

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