El sanchismo que arrastrará a Feijóo hasta 2024: obligado a prorrogar pensiones, sueldos públicos y SMI
Nadie en el PP espera que Feijóo y los suyos en su Consejo de Ministros puedan hacer unas cuentas públicas al empezar y tendrá que prorrogar las cuentas de María Jesús Montero
Sin prisa pero pausa, la planta noble de la sede nacional del PP, en calle Génova, lleva meses trabajando en cómo articular los cien primeros días de un hipotético Gobierno de Alberto Núñez Feijóo. El adelanto electoral les pilló con el pie cambiado, pero sobre todo con una alteración con los planes de los populares si se hacen con la Moncloa tras el 23J: si con el anterior paradigma no había otra que apechugar, ahora, con la nueva fecha de las elecciones, Feijóo tendrá que convivir bastantes más meses de lo que esperaba con lo que él conviene a llamar el sanchismo: esto es, las medidas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprobado en estos años.
Todo por los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Nadie en el PP, ni en público ni en privado, a tenor de lo sondeado por ECONOMÍA DIGITAL, ni siquiera en el mejor de los casos, espera que Feijóo y los suyos en ese supuesto Consejo de Ministros puedan hacer unas cuentas públicas al arrancar y cumplir con los procedimientos: primero, porque habría que cerrar el techo de gasto en el mes de julio -algo que se incumple desde ya- y, después, llegar a tiempo con los mandatos constitucionales para elaborar el presupuesto.
Así, a Feijóo no le quedará otra que prorrogar las últimas cuentas de la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y eso implica mantener, sí o sí, la subida de las pensiones, el alza de los sueldos de los funcionarios o la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2024. «Todo eso se prorroga», señalan fuentes de la fundación Reformismo21, que funciona como consejo de sabios personal del presidente del PP, especialmente en materia económica.
Primer paso: una auditoría de la Administración
Alberto Núñez Feijóo, si le dan los números para acabar en Moncloa tras el 23J, tiene un objetivo claro: lo denomina «auditoría», pero no se trata más que de hacer una revisión de toda la Administración, de todas las cuentas públicas. La idea es, cuentan sus colaboradores más cercanos a este diario, ver «qué está pasando en los diferentes niveles de la Administración, ver cuál es el margen real que hay de actuación, porque no va a haber más remedio que prorrogar».
El PP quiere saber, si es que consigue la presidencia del Gobierno, cuál es el margen presupuestario real que tiene para empezar a hacer cosas. Y esa lista de pendientes arranca fuerte: lo primero es empezar a discutir la financiación autonómica, aseguran las citadas fuentes a este periódico. Porque al prorrogar los PGE, indudablemente se prorrogan todas las partidas. El pequeño margen de maniobra posible se reduce a hacer lo que se conoce como créditos presupuestarios, que no es más que ajustar y cambiar cifras de determinadas partidas de gastos corrientes.
«Si prorrogas presupuestos, los prorrogas tal cual, con las mismas medidas, lo único que puedes es mover algún dinero de alguna partida, nada más», afirma un miembro de la fundación Reformismo21. El problema real son los plazos, que convierten en «imposible» la tarea que podría llevar a cabo del PP de elaborar sus propios presupuestos. «Mucho menos aún cuando la voluntad del presidente es levantar las alfombras, sin saber realmente qué hay a disposición».
Cumplir con el objetivo de déficit
Así, a Feijóo no le queda más remedio que «comerse los PGE durante 3-4 meses», mientras elabora un nuevo proyecto. Además, se necesita modificar la actualización del programa de estabilidad, «con el pequeño matiz de que en 2024 el envío tiene aún más importancia que en los últimos 15 años porque hay que cumplir el déficit del 2%».
«Si no hay modificaciones sustanciales en la negociación de los Estados miembros, la propuesta de la Comisión Europea es recuperar de nuevo el límite del 3% y del 60% de la deuda, haciendo un nuevo esquema de sanciones, de vigilancia, estableciendo qué tipo de políticas a largo plazo computa…», insisten las fuentes. «Estamos a ver qué aprueban los estados miembros, pero que en 2024 tendrá que cumplir el 3% parece bastante claro. Y para eso hay que enviar un documento realista, no como el de Nadia Calviño«, resaltan.