Sánchez se va de vacaciones con los deberes (de los independentistas) hechos

El Gobierno cumple su cometido y se va de vacaciones con los deberes que le plantea el independentismo hechos. El jefe del Ejecutivo comienza este miércoles sus días de asueto junto a su mujer, sus dos hijas y su perra Turca en el Palacio de La Mareta (Lanzarote), regalo del Rey Hussein I de Jordania a Juan Carlos I en 1989.

Sánchez ya se desplazó el año pasado a este enclave, el favorito del presidente por su «privacidad» al dar acceso directo a una playa alejada de miradas indiscretas.

A mediados de agosto, y según ha podido saber Economía Digital, el presidente y su familia se desplazarán al Palacio de Las Marismillas en Doñana, donde hace poco se pusieron a punto las instalaciones con un coste de 17.000 euros para las arcas públicas.

Tanto Sánchez como Begoña Gómez terminarán sus vacaciones a finales de agosto para embarcarse directos a un viaje por Egipto, Kenia y Sudáfrica. Gómez dirige el Centro África del IE desde 2018 tras su polémico fichaje al poco de entrar en la Moncloa.

«Ya han quedado enterrados» los indultos

En el Gobierno se muestran contentos por el trabajo realizado en esta última etapa. Más si cabe, cuando los indultos a los presos del procés «ya han quedado enterrados», según opinan algunas fuentes de Moncloa.

En la ‘factoría de Iván Redondo’ pensaron que la medida de gracia colearía hasta septiembre por el «ruido de la oposición», pero no ha sido así, insisten estas fuentes.

Desde los indultos, el Ejecutivo ha ido a velocidad de crucero para cumplir, hasta el momento, con todos los deberes de los independentistas.

Al fin y al cabo, se trata de un ‘win-win’ para ambos, donde el independentismo vuelve a la agenda autonomista para seguir arrancando concesiones al Estado, mientras Sánchez espera conseguir a cambio su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado para 2022.

Unas concesiones de los más variopintas, que incluyen, incluso, el apoyo de la candidatura catalana a los Juegos Olímpicos de Invierno, pese a que el gobierno socialista de Aragón lleva tiempo luchando por ello. No obstante, las contrapartidas económicas para Cataluña son las que más molestan en el resto de CCAA.

Las fuentes consultadas recuerdan que Cataluña fue la más beneficiada con la decisión del Ministerio de Hacienda de perdonar a las comunidades autónomas la devolución de 3.900 millones de euros de los anticipos recibidos a cuenta en 2020.

De ese dinero, a la Generalidad de Cataluña le tocaba devolver al Estado 1.024 millones de euros, el 25% del total. Madrid, por su parte, solo ‘debía’ 431 millones.

Juego de cesiones

Junts también se ha apuntado últimamente a la ‘peix al cove’ pujolista (más vale pájaro en mano) y ha dejado la frustración atrás para apuntarse tantos y asistir a reuniones, como ya lo escenificaba desde hace tiempo su socio de ERC.

Dentro de esta estrategia, la Generalitat ha cedido en lo de dejarse ver en las reuniones multilaterales, como el Consejo de Política Fiscal y Financiera con la presencia telemática del consejero Jaume Giró, y asistiendo a la sectorial sobre los fondos europeos.

No han cedido con la presencia de Pere Aragonès en la Conferencia de Presidentes celebrada en Salamanca, porque para eso pactó con Sánchez, en su visita a Moncloa, abrir una comisión bilateral y celebrar un encuentro entre gobiernos, al menos una vez al mes hasta enero.

De ahí tienen que salir 56 traspasos o 56 concesiones, según la oposición y algún presidente autonómico del PSOE, para seguir manteniendo el diálogo. Las negociaciones han empezado fuertes, después del pacto para conceder 1.700 millones de euros que financien la ampliación del Prat.

ERC, además, cedió a Junts todo el protagonismo en esa interlocución con el Gobierno para desbloquear el proyecto del aeropuerto, en una estrategia adelantada por ED

A pesar de calificarlos como «insuficiente» delante de los medios, el independentismo esta muy contento por la aprobación de un proyecto de enorme calado. El Gobierno, por su parte, quiere escenificar que tiene al independentismo bajo control a cambio de mayor financiación para Cataluña.

Objetivo: retrasar la ruptura dos años

Lo que viene en septiembre será harina de otro costal. A las puertas de las grandes movilizaciones independentistas desde el 11 de septiembre (Diada) al 1 de octubre (1-0), los estrategas del procés necesitan mantener la tensión y la promesa de romper con España.

Las fuentes consultadas, tanto de Junts como de ERC, no esconden a ED que se están encargando de gestionar el «mientras tanto» de esa meta final para tener movilizada a su militancia.

La mesa de diálogo, donde el separatismo pretende tratar la autodeterminación y la amnistía, en una reunión a puerta cerrada con el Gobierno, se solapará con las conversaciones para los PGE de 2022.

Saltarán chispas en las dos negociaciones y desde el Ejecutivo anticipan que ya «se está trabajando» sobre los dos asuntos para tener un plan A, B y C si hiciera falta.

Los fondos europeos servirán de comodín para apaciguar los ánimos, sobre todo con las CCAA, quienes solo recibirán lo tocante a 2021. El Ejecutivo ya advierte que se reserva las partidas correspondientes a 2022 y 2023, último año de recepción de las ayudas europeas y en carrera electoral.

Sánchez venderá maravillas y espera, al igual que Pere Aragonès, que la mesa de diálogo haya llegado hasta ahí para haber aguantado el máximo tiempo posible sin romper las conversaciones.

Serán los gobiernos venideros los que aguanten la subida de impuestos, los que queden obligados a cumplir determinados pactos con Cataluña y País Vasco, porque así se lo prometió Sánchez.

En el independentismo, la mayoría da por hecho, en realidad, que la mesa fracasará. Y cuando lo haga, apuntan en Junts, habrá que dejar de apoyar al Gobierno en los Presupuestos.

Aragonès, en cambio, necesita que la mesa no encalle a las primeras de cambio y al menos pueda durar dos años, hasta el ecuador de su mandato, cuando tendrá que renovar la confianza de sus socios y Sánchez, mientras, la de toda España.