Sánchez se queda sin apoyos para sacar adelante sus ‘reformas estrella’
El presidente del Gobierno aprobará las reformas que reclama Bruselas vía decreto ley para evitar las amenazas de Podemos y los socios parlamentarios
Pedro Sánchez se queda sin apoyos y sin tiempo para aprobar las grandes reformas que le exige Bruselas a cambio de recibir los fondos europeos, además de las ‘medidas estrella’ para completar el pacto del Gobierno de coalición con sus socios de Unidas Podemos.
Una vez superado el trámite de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Congreso, el Gobierno busca que no se tengan que hacer modificaciones para que el Senado dé luz verde a las cuentas públicas el próximo día 22 de diciembre y aprobarlos, tal y como prometió, «en tiempo y forma» para alargar la legislatura.
Pero el proyecto de los Presupuestos podría ser el último que Sánchez arrancase tantos apoyos a sus socios de investidura. En el PSOE son conscientes de que los frentes con sus ‘socios morados’ aumentarán conforme se acerquen las elecciones y de ahí que para no ver empañadas las reformas esenciales que pide Bruselas a cambio de que España reciba los fondos europeos, Moncloa tiene un plan.
Sánchez aprobará las medidas comprometidas con la Comisión Europea vía decreto ley para amarrar la reforma de las pensiones, la reforma fiscal, la reforma laboral o los peajes en las autovías. El presidente busca asegurarse los 70.000 millones de euros en transferencias a fondo perdido, distribuidos en un total de ocho tramos hasta el tercer trimestre de 2026.
La parte socialista del Gobierno está viendo como sus socios de Podemos han incrementado sus amenazas, incluso hasta con la huelga del metal en Cádiz. Cada día que pasa se abren nuevos frentes en la coalición y Bruselas apremia para que el Ejecutivo cierre las reformas a las que se ha comprometido para este año.
Sánchez se centra en la reforma laboral
Así, la orden dada por Sánchez tras la aprobación de los Presupuestos es centrarse únicamente en sacar adelante la reforma laboral, que pasará por el Consejo de Ministros en diciembre para cumplir el calendario.
Al margen de lo que se concrete en la mesa de diálogo social, los socios del Ejecutivo han puesto en cuarentena su apoyo a esta reforma y de ahí que el presidente busque aprobarla vía decreto ley para dar parte rápidamente a Bruselas.
Sin embargo, los socios del Gobierno ya habrían pillado la indirecta y, en estos momentos, el PNV amaga con votar en su contra si se tramita vía decreto y sin negociar previamente para incluir sus reivindicaciones en la norma.
«Nosotros lo apoyamos, pero exigimos que se ponga negro sobre blanco una reforma laboral que tiene que resolverse antes de finde año. Si el Gobierno tiene la tentación al final de resolver este tema con un Real Decreto, puede que para nosotros sea una línea insalvable y votaríamos en contra. No tenemos información, y sin ella el Gobierno no tendrá nuestro apoyo», anunció esta semana el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban.
Por su parte, ERC ha puesto sobre la mesa una serie de exigencias para votar a favor, como el incremento de la indemnización por despido, que ni siquiera se han planteado en la mesa de diálogo social. Mientras que en Bildu insisten en una derogación «íntegra», lo cual ya ha sido rechazado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Fuentes del grupo republicano lamentan la falta de interlocución en estos momentos con el Gobierno y el desconocimiento sobre sus intenciones sobre la reforma laboral.
Las propuestas que han trasladado desde ERC, explican estas mismas fuentes, no han tenido ningún tipo de respuesta. Una dinámica que critican desde otras formaciones, aunque en el entorno de la vicepresidencia segunda destacan que existen canales de interlocución con sus socios para tenerlos al tanto de la evolución de las negociaciones en la mesa de diálogo social.
El Gobierno corre el riesgo de que los cambios que se exijan para salvar el decreto a través de su tramitación como proyecto de ley desvirtúen el hito comprometido en el plan de recuperación con Bruselas.
Los socios de Sánchez tampoco respaldan la Ley de Memoria Democrática
El Ejecutivo toma nota de los desencuentros con el resto de formaciones y prioriza sacar adelante esta reforma, pero también es consciente de que tampoco tiene el favor de sus socios en ‘medidas estrellas’ que ha vendido el Ejecutivo como la Ley de Memoria Democrática.
Sánchez se ha quedado sin apoyos para sacar adelante esta norma que sigue su tramitación, según apuntan fuentes socialistas. «No se ha aparcado sigue su tramitación», insisten desde el PSOE.
Sin embargo, todavía no está fijado el siguiente paso como es la designación de los ponentes y el arranque de las deliberaciones entre los grupos para la incorporación de cambios al articulado. Según las fuentes consultadas, quien tiene que activar el proceso es el presidente de la Comisión Constitucional, el socialista Patxi López y la mesa de la comisión, además, está controlada por PSOE y Unidas Podemos.
Sánchez se encuentra con el ‘no’ de sus mismos socios, ERC y PNV. Cabe recordar que los republicanos ya votaron en contra de la Ley de Memoria Histórica impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, y aseguran que están dispuestos a hacerlo ahora con el proyecto del Gobierno de coalición.
Socialistas y morados pactaron la semana pasada una treintena de enmiendas, que no contentaron en absoluto a ERC. Los republicanos insisten en que la ley ha de declarar ilegal el franquismo, y que tenga efectos jurídicos, y en que se ha de modificar el artículo 2 de la ley de amnistía de 1977, la que permitió la «impunidad» de los represores de la dictadura. No renuncian, al menos por ahora, a ninguna de las dos peticiones. Asimismo, solicitan anular el título de Rey.
El Gobierno, sin embargo, remarca que su línea roja es precisamente la norma de 1977, porque fue una conquista de la izquierda en la Transición, y justo con una de las enmiendas pactadas entre los dos miembros de la coalición se buscó orientar la interpretación de los tribunales, al advertir de que la ley de amnistía ha de leerse conforme a lo estipulado en el Derecho internacional, que estipula que los crímenes de lesa humanidad, genocidio y tortura «tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables«.
La medida, no obstante, supone uno de los grandes proyectos para la coalición, y si finalmente naufragara sería un fuerte varapalo para el Gobierno.
El Gobierno acelera la negociación de los peajes en autovías
Otras de las medidas que no contaría, de momento, con el respaldo de Unidas Podemos sería la de pagar por el uso de las autovías. Hace un mes, los morados se opusieron a la introducción de los peajes en las autovías y anunciaron que no apoyarán ninguna medida que «perjudique a la clase trabajadora».
La ministra de Transportes y Movilidad, Raquel Sánchez, ya tiene diseñado el sistema de cobro, que supondrá una «tarificación justa, rigurosa y sostenible, que no genere agravios territoriales», defienden desde el Ministerio.
Pero lo cierto es que no ha suscitado el acuerdo de sus principales socios de Gobierno. Podemos sigue diciendo que «las autovías sigan financiándose a través de los Presupuestos y no con peajes que suponen un pago por igual a todos los usuarios sin tener en cuenta criterios de renta o capacidad económica».
Transportes plantea abrir el diálogo con el sector para financiar el mantenimiento de las carreteras. Se estudian ventajas para vehículos ecológicos y bonificaciones a las actuales vías de pago.
Una iniciativa para la que planea crear una empresa pública, similar al modelo de Aena, según explican desde Transportes, para que esta recaudación tenga un carácter finalista que sirva tanto para la conservación de las infraestructuras como para la financiación de la transición energética en la movilidad por carretera. Este organismo público dependería del Ministerio de Transportes para gestionar de forma autónomas las tarifas de los peajes, según explican las mismas fuentes.
La próxima semana se reúne la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en ella, la ministra Sánchez presentará su Informe sobre la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, según ha podido saber Economía Digital. La medida continuará en liza en el seno del Ejecutivo unas semanas más, por lo que desde Podemos buscarán suavizar las partes «conflictivas» con los socialistas, según avanzan.
Sánchez busca cuanto antes aprobar sus ‘reformas estrella’ ante el aumento de las tensiones con sus socios. El tiempo apremia y entre otras medidas también destacan la reforma fiscal con nuevos tributos como el impuesto al diésel. Un asunto que ya despertó las críticas en Podemos, ERC y el PNV.
El segundo paquete de la reforma de las pensiones es otro asunto de los que anticipan dificultades. De hecho, la confirmación en los hitos comprometidos de que se ampliará el periodo de cálculo para las pensiones ha puesto en pie de guerra no solo a los socios parlamentarios del Ejecutivo, sino también al sector morado del Gobierno.