Sánchez se prepara para doblar su influencia en REE, Indra y Enagás

Si Emmanuel Macron le explicó a Pedro Sánchez que Francia iba a vetar la fusión de Renault y Fiat cuando se reunieron en París la semana pasada es una incógnita. Pero lo que es una realidad es que España se inspira en el estilo francés, porque ya prepara armas legales para bloquear operaciones corporativas en cotizadas participadas por el Estado, como Red Eléctrica, Indra y, en menor medida, Enagás.

En Aena y en Bankia el veto ya está asegurado, al controlar el 51 y el 62% del capital a través de Enaire y del FROB.

El pasado 24 de mayo, el Ministerio de Economía lanzó a consulta pública el Anteproyecto para modificar la Ley de Sociedades de Capital, con el que se traspone la directiva europea para fomentar la implicación a largo plazo de los accionistas.

El documento, sobre el que se pueden realizar comentarios hasta el próximo 14 de junio, introduce una herramienta, que en Francia e Italia ya existe, que es la de doblar los derechos políticos (1 acción, dos votos) de los accionistas estables de las empresas cotizadas. Para ganar esa categoría, es obligatorio controlar títulos durante al menos dos años. 

Es una herramienta, conocida con como «acciones de lealtad», que si se aprueba deberá lograr el visto bueno de la junta con mayorías reforzadas, y que abriría la puerta a que el Estado doble su influencia en sus participadas.

En Red Eléctrica e Indra el efecto podría ser significativo, porque España posee un 20 y un 18,75%  de su capital a través de la SEPI, pero también podría ganar representatividad en Enagás (5%), Airbus (4,18%) o IAG (2,35%).

En Aena y en Bankia el efecto de la aplicación de la norma anularía a cualquier otro propietario de títulos.

Sánchez, en línea con la oleada proteccionista europea

La inclusión de esta medida ha sorprendido a algunos. «Llevábamos mucho tiempo esperándola y nos contábamos con ella», explican desde una escuela de negocios. Otras fuentes consultados apuntan que Economía ponía haber elegido otras vías para reforzar a los accionistas estables, que no alteraran los derechos políticos del resto, como una política de retribución más atractiva. Los más liberales no son partidarios ni de una, ni de la otra. Recomiendan cambiar esa prima por políticas aplicadas a los consejos de administración, en las que se refuercen las políticas de gestión empresariales a largo plazo. 

En la práctica, lo que se ha demostrado es que «las acciones de lealtad» son una herramienta muy útil para que los estados controlen sectores clave. La guerra comercial y el riesgo de que accionistas extranjeros controlen sectores estratégicos europeos, está impulsando que Europa quiera controlar quién adquiere a sus empresas.

Francia este mismo jueves utilizó la herramienta con la que el gobierno español podría contar a partir de 2020 -el objetivo sería aprobar la reforma de la Ley en diciembre-, para frenar la fusión de Renault y Fiat. La legislación francesa permite desde hace años que las compañías decidan si sus accionistas de referencia pesan el doble en sus derechos políticos.

Concretamente, es una medida que se introdujo a través de la Ley Florange y que impulsó que Francia elevara su participación en Renault para aprovechar el mayor control que le ofrecía la nueva norma.

Otra vía para aumentar ingresos

La norma propuesta por el Ministerio de Economía deja varios interrogante. Por ejemplo, si especifica si es aplicable en empresas con un accionista de relevancia con mucho peso -por ejemplo el FROB en Bankia- o si se pondrá en marcha un régimen transitorio, para que los accionistas de referencia no se vean obligados a lanzar una opa obligatoria si optan por aplicar el cambio estatutario que les ofrecería la nueva legislación.

De acuerdo con el texto actual propuesto por Economía, «los votos adicionales por lealtad se tendrán en cuenta a efectos de la obligación de comunicación de participaciones significativas (…) y de la obligación de formular una oferta pública de adquisición de valores prevista en la Ley del Mercado de Valores», señala. 

Esta Ley obliga a los accionistas que alcancen el 30% de los derechos de voto de una empresa cotizada a lanzar una oferta obligatoria. Si esa norma se aplica automáticamente sobre las empresas que adapten sus estatutos con la propuesta del ministerio que lidera Nadia Calviño, y Red Eléctrica e Indra la aplicaran, el Estado se vería obligado a lanzar una oferta o a reducir su participación.

Esta segunda opción podría ser positiva para las arcas del Estado, que podría vender acciones y aun así ampliar su influencia en el capital de ambas. Con un 15% de REE sería suficiente para controlar el 30% de los derechos de voto; y el mismo porcentaje le valdría para elevar al máximo posible el control político sobre Indra sin tener que lanzar una opa.