El acuerdo de Sánchez y Puigdemont: legislatura territorial y preparar a España para un referéndum

«El error es pensar que estas conversaciones comienzan ahora: arrancaron en la anterior legislatura». Así de rotundas se muestran fuentes cercanas a los negociadores de Junts para sostener que, efectivamente, la investidura de Pedro Sánchez está prácticamente cerrada a falta de algunos flecos semánticos entre el PSOE y el partido del prófugo Carles Puigdemont. Toda la negociación está yendo sobre los raíles fijados: de hecho, el único ‘cisne negro’ veraniego que amenazaba con implosionar caóticamente el cauce político era el ‘affaire Rubiales’ (se notará que la tensión mediática bajó de golpe cuando el tamaño del escándalo creció hasta estar fuera de control).

La investidura de Pedro Sánchez se puso cuesta abajo cuando, hace semanas, Moncloa comprobó que la aprobación de una Ley amnistía general para el independentismo no suponía ya un coste político infranqueable y que tal medida podía situarse fácilmente como punto de partida de la negociación. Un artículo de Íñigo Urkullu en El País, tras dar definitivamente el no a Alberto Núñez Feijóo, cerraba toda duda al plantear una legislatura de «convención constitucional» que establezca un nuevo modelo territorial que reconozca el estatus de nación para Cataluña y País Vasco y, por ende, su soberanía política, y desarrolle las normas necesarias para asegurar que estas autonomías pueden empezar a ejercerla en todo su potencial.

Sánchez se encuentra con el independentismo

Y en este camino, a pesar de las alharacas, Pedro Sánchez ha encontrado al independentismo. Puigdemont (y Oriol Junqueras) sabe que su proyecto unilateral del 1-0 ha tenido dos grandes obstáculos: la falta de una mayoría social y, sobre todo, que la posibilidad de secesión fue un shock, una realidad traumática para el conjunto de España, que aplicó toda la ley para castigar el golpe constitucional de 2017. El objetivo del independentismo es la celebración de un referéndum en el medio plazo (10/15 años) que resulte tan traumático para el grueso de los ciudadanos como la independencia de Melilla o la Micronesia española. Es decir: preparar el terreno para que, en un futuro, pueda plantearse la consulta de secesión sin que la ciudadanía española lo perciba como un gran percance.

Madrid pagará el pato

Para ello es necesario distanciar Cataluña de las dinámicas comunes del territorio español, en los económico, fiscal, cultural, jurídico y social, recuperando las dinámicas del Estatuto catalán tumbado por el Constitucional de en 2010, como no se olvidó de puntualizar este martes Puigdemont. La primera prueba será la reforma de la financiación de Cataluña, donde se planteará el establecimiento de un modelo bilateral como el cupo vasco que, paulatinamente, a lo largo de los años, vaya dejando el déficit fiscal de Cataluña a cero.

Fuera de la ecuación de la solidaridad fiscal las autonomías más ricas (País Vasco, Navarra y, ahora, Cataluña), en el futuro dibujo de un modelo asimétrico confederal, será la Comunidad de Madrid, privada de cualquier desarrollo estatutario, la única gran aportadora neta a los recursos fiscales del conjunto de las regiones más necesitadas. De esta forma, se matarán dos pájaros de un tiro: se incrementará la carga fiscal a los contribuyentes madrileños y se dificultará mucho la política de impuestos bajos que lidera ahora el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso; a la vez se dará margen económico y regulatorio a la periferia para competir en condiciones privilegiadas con el resto del Estado.

El objetivo es asentar esta realidad; una España autonómica y dos satélites casi independientes, como País Vasco y Cataluña, con sus propias instituciones y dinámicas sociales, lingüísticas y culturales (sin compartir bases educativas, selecciones deportivas, movilidad laboral o denominadores políticos comunes) que permita que, en un futuro, la celebración de referéndums de independencia no sea un shock. En el País Vasco, la realidad social (aunque no económica o empresarial todavía), va un paso por delante en este camino, gracias a las emigraciones provocadas por el terrorismo y el independentismo vasco. El independentismo, tras experimentar la impotencia de una sociedad fracturada al 50%, sabe que el camino a seguir es ese.

El misterio Puigdemont y el fracaso de Trias

Los defensores de la tesis de la repetición electoral han argumentado que Puigdemont y Junts son esencialmente impredicibles, cuyo único objetivo es el conflicto y la desestabilización del Estado. Desde el ámbito del nacionalismo recuerdan que el viaje del secesionismo furibundo que representa hoy Puigdemont al hombre realista que negocia con Sánchez una legislatura «constitucional» tiene la misma distancia política que la que realizó el antaño alcalde de Girona («más prágmático que Jordi Pujol») al líder suicida del 1 de Octubre. Es un camino de ida y vuelta que no le será complicado realizar.

Además, otro elemento a tener en cuenta ha sido el intento fallido de Xavier Trias de ser alcalde de Barcelona, que fue un punto de inflexión en la estrategia de Junts. A pesar de los airadas protestas, Junts entendió que, con la estrategia de choque, siempre iba a existir una mayoría que bloqueara sus opciones de gobernar. Fuera dentro de constitucionalismo o con ERC y otros partidos de izquierda, si dieran la suma. Y en Junts, a pesar de todo, cohabitan muchos políticos profesionales (más que en ERC). La política de confrontación y separación respecto las tesis pactistas de ERC, en teoría quienes iban a sufrir más electoralmente la estrategia de pacto con ‘España’, no funcionaron, no dieron rédito ni en las elecciones locales ni en las generales. Así, queda poca duda de que el plan A pasó a ser el mayor rédito de un acuerdo con el PSOE.

Nadie quiere repetir elecciones

El acuerdo PSOE-Sumar-ERC-Bildu-PNV-Junts es el más factible porque a ninguno de ellos le interesa una repetición electoral. Esta se entendería como una segunda vuelta presidencial que solo podría beneficiar a Sánchez y a Feijóo. Eso sí, la que puede considerarse ya «hombre de paja» de la investidura es Yolanda Díaz. Si la anterior legislatura se primó el acento «social», en esta próxima, esa dimensión va a desaparecer en favor de lo «territorial». Porque, quienes mandan, los cuatro partidos nacionalistas, con posiciones muy distintas al respecto, no van a permitir que se ponga el acento en distracciones.