Sánchez prioriza renovar el TC para apuntalar las leyes en la recta final de la legislatura

El bloqueo a la obligatoria renovación de los órganos constitucionales continúa a pesar de que el tic-tac del reloj no da tregua: el martes caducará el plazo legal para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva prorrogado más de tres años desde que venció, nombre a los magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden al Gobierno y, tras una primera intentona, apenas nada se ha movido. Sobre todo, porque el interés principal reside ahora en el TC.

No es una decisión baladí: con un curso político recién estrenado en el que no sólo se cerrará la legislatura en diciembre de 2023 con unas elecciones generales, sino que contará con comicios municipales y autonómicos en el mes de mayo, grandes bazas a la hora de marcar perfil político o que pueden empañar los proyectos estrella del Gobierno se dirimirán en el alto tribunal. Cabe recordar que hay dictámenes aún pendientes como el de la ley del aborto -recurrida por el PP hace 11 años-, la eutanasia, la llamada ‘ley Celaá’ de reforma educativa o incluso las medidas de ahorro energético anunciadas este verano.

Y no sólo por ello: el PSOE, en la reforma judicial exprés aprobada el pasado mes de julio, introdujo una enmienda según la cual el Consejo General del Poder Judicial tenía un plazo legal máximo de tres meses para designar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden al Gobierno. Cumple este martes y es un varapalo más que se suma al escándalo de que ambos órganos sigan con sus funciones caducadas.

Los jueces conservadores bloquean

Nadie sabe qué escenarios pueden cumplirse, dado lo inédito de la situación. Es por ello que, tras el primer varapalo del CGPJ, que se reunió este jueves y el sector de magistrados conservadores bloquearon los nombramientos que pretendía el Gobierno. De momento, el Pleno del CGPJ no ha llegado a ningún acuerdo, limitándose a fijar las normas para la elección de los dos magistrados que, sin embargo, no recogen fecha alguna en el horizonte para la designación, de manera que todo apunta a que incumplirá el plazo previsto por la ley.

Este era el escenario más esperado toda vez que la reunión comenzaba sin nombres sobre la mesa de posibles candidatos, ya que el bloque conservador había condicionado el proceso a fijar previamente unas «reglas del juego» sobre cómo deben de efectuarse los nombramientos para el tribunal de garantías.

Así, continúa el atasco, dado que los jueces conservadores que se alienaban con lo defendido por el Partido Popular no han permitido la renovación unilateral del TC a la que aspiraba Moncloa con el tradicional cambio de mayorías que se produce cuando un nuevo Gobierno es elegido democráticamente y renueva los dos miembros que le tocan con su tendencia.

El PP desvincula ahora la renovación y la reforma

Lo habitual es además que el CGPJ nombre a un magistrado conservador y otro progresista. Así, en este caso, supondría que el TC gozara, desde hace 3 años, de una mayoría progresista, que es lo que el PP está tratando de evitar. El Gobierno, de igual modo, aún no admite que no vaya a conseguir el objetivo antes del 13 de septiembre y valoran el hecho de que pueda producirse in extremis.

Mientras, en las últimas horas, el PP ha variado mínimamente su posición y ha abierto la puerta a flexibilizar las negociaciones. La responsable ha sido la secretaria general, Cuca Gamarra, en la rueda de prensa de este jueves tras la Junta de Portavoces del Congreso. «No nos hemos mostrado nunca contrarios a que se pueda llevar a no condicionar la renovación a las reformas que estamos planteando, sino a poderlo abordar de manera separada», adujo. Hace unas horas, tras la reprimenda del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, sí hablaban de una renovación conjunta. Ahora ya no las condiciona, aunque no las saca del pack.

Génova tampoco ha descartado tomar la iniciativa y descolgar el teléfono para llamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si el atasco continúa. Donde sí tiene fijado el objetivo el PP es que Moncloa comulgue con los «requisitos» de independencia judicial que contiene su propuesta de reforma. En ella, ya no se exige que el PSOE acepte que 12 de los 20 vocales los elijan directamente los jueces. Sin embargo, el problema es que los socialistas no se fían: creen que los populares sólo tratan de ganar tiempo haciendo ver que negocian y conseguir llegar a las elecciones generales sin variar las mayorías.