Sánchez paga al Govern los 4,9 millones de la multa por la consulta ilegal del 9-N

La Generalitat ha recibido el ingreso de los 4,9 millones de multa que el equipo del expresidente, Artur Mas, tuvo que pagar como consecuencia del desvío de fondos para la realización de la consulta del 9 de noviembre de 2014. Paradójicamente, la administración catalana dispondrá de los fondos a pesar de que no presentó ninguna reclamación.

El Estado ha procedido a devolver el dinero a las arcas públicas de la comunidad, ya que el Tribunal de Cuentas estimó que el Govern era el perjudicado por los gastos irregulares que se realizaron para organizar la votación que se puso en marcha a pesar del rechazo expreso de los tribunales, según ha publicado El País.

Una parte de los fondos se utilizaron para la compra de 7.000 ordenadores que se emplearon para recopilar los datos sobre las opiniones de los participantes. Aunque Mas argumentó que los dispositivos se incorporarían posteriormente a los colegios catalanes, el Tribunal de Cuentas dio por probado que tuvieron un fin ilícito.

La denuncia por el desvío de los fondos fue interpuesta por la Sociedad Civil Catalana y los Abogados Catalanes por la Constitución que han mantenido desde entonces una batalla jurídica constante contra el independentismo. Además de Mas, también fueron condenados la entonces vicepresidenta, Joana Ortega, y los exconsejeros Francesc Homs e Irene Rigau.

La sentencia del Supremo acelera la devolución del dinero

La devolución del dinero se activó cuando el Tribunal Supremo rechazó en julio los últimos recursos presentados por el equipo del expresidente catalán para intentar eludir la multa. El fallo adquirió entonces carácter firme y los implicados pusieron a disposición las cuantías para evitar sufrir el impacto de los intereses.

La suma ya está ingresada en una de las cuentas de la Generalitat aunque el dinero todavía no está disponible de forma definitiva, hasta que el Tribunal de Cuentas finalice los últimos flecos para dar carpetazo al proceso.

Mas ya depositó en 2017 los primeros 2,2 millones de euros de fianza que le exigía el organismo fiscalizador para evitar el embargo de sus bienes, después de iniciar un proceso participativo entre las bases del independentismo, a modo de crowfunding, para conseguir el dinero.

El reingreso del dinero a la Generalitat se ha producido cuando todavía no se ha resuelto otro proceso abierto por el Tribunal de Cuentas contra dirigentes independentistas. El organismo fiscalizador ha pedido una fianza de 5,4 millones de euros a decenas de exaltos cargos por la promoción internacional del ‘procés’ durante los últimos años. Entre ellos, también figura Artur Mas.