Sánchez paga a ERC el primer cheque del pacto

Pedro Sánchez apenas lleva una semana investido presidente del Gobierno. No se puede decir que haya perdido el tiempo. Ha batido el récord de ministros de un gobierno: 22. O 23, según las cuentas del líder del PP, Pablo Casado, que también incluyó en la lista a Dolores Delgado. Sánchez la ha designado como nueva fiscal general del estado a pesar de que era ministra de Justicia hasta hace unas horas y a pesar de que había concurrido en las listas electorales del PSOE.

Delgado no es una exministra cualquiera. Fue reprobada hasta en tres ocasiones por las Cortes en la pasada legislatura después de conocerse unos audios suyos en compañía del comisario Villarejo, encarcelado por tráfico de información. El entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias, la trató como a una apestada: «Alguien que se reúne de manera afable con una persona de las cloacas debe alejarse de la vida política». El mismo Iglesias, ahora vicepresidente del Gobierno, no tiene nada que decir sobre la fiscal general del estado.

Los fiscales, en cambio, tienen mucho que decir. «La Asociación de Fiscales —mayoritaria en el ramo— muestra su malestar y preocupación por la imagen de politización y falta de independencia e imparcialidad transmitida al colocar en la cúspide de la carrera fiscal a una persona que ha sido Ministra de Justicia hasta hace pocas horas», dijo la entidad.

La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, en conversación con Economía Digital, no sale de su asombro. Preguntada por el contexto en que se ha producido este nombramiento, es decir, en el marco de la promesa del PSOE a ERC de «desjudicializar el conflicto» —lean aquí Sánchez manosea la división de poderes—, Dexeus comenta que «lo iremos viendo, pero está claro que levanta sospechas».

Y añade: «Ahora ya sabemos que cuando Sánchez presumió de dominar a la fiscalía no cometió un desliz. Lo pensaba de veras». Se refiere así al episodio de la campaña electoral en que el candidato del PSOE prometió apresar a Carles Puigdemont fiscalía mediante. «¿La Fiscalía de quién depende?», se preguntó en una entrevista en RNE, a lo que el periodista respondió: «Del Gobierno». «Pues ya está», resolvió.

Todos (o casi todos) contra Sánchez y Delgado

El malestar con el nombramiento de Dolores Delgado es prácticamente unánime entre las organizaciones de fiscales y jueces. Todas las siguientes se han manifestado de forma crítica: la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, la Asociación Profesional de la Magistratura y el Foro Judicial Independiente. Cabe decir que una de las entidades del ramo, la Unión Progresista de Fiscales, se felicitó por el nombramiento. Adivinen: Delgado forma parte de esta misma asociación.

Fuentes consultadas del mundo fiscal y judicial ven pocas posibilidades de que se pueda deshacer de alguna manera el nombramiento de la fiscal general del estado. Pero apuntan una vía: un recurso contencioso-administrativo contra Delgado por no ajustarse al requisito de imparcialidad que establece el estatuto orgánico del ministerio fiscal (se debe actuar «conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad»).

La vía del recurso «es complicada», admiten algunas fuentes, que no entran a discutir la capacidad técnica de Delgado, y también lo es que el Consejo General del Poder Judicial se pronuncie en contra este jueves, cuando debe reunirse de forma extraordinaria para informar sobre la idoneidad de su candidatura.

Las posturas políticas: la discreta satisfacción de ERC

Los partidos de la oposición, PP y Vox, por su parte, no entraron a valorar lo complicado del recurso. Simplemente anunciaron que lo interpondrán. 

En cambio, ERC mostró una discreta satisfacción. «Lo importantes son los hechos», dijo el presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent (ERC), uno de los que puede beneficiarse de una fiscalía inofensiva ante los desafíos soberanistas.

Delgado, por su parte, se limitó a borrar huellas de su pasado. De un plumazo suprimió todo su perfil de Twitter. No es garantía ninguna de que esta maniobra sirva para actuar con «plena objetividad e independencia», pero ahorra problemas.