Sánchez obtiene la llave para cerrar el grifo a Cataluña y Madrid

La Abogacía del Estado lo tiene claro: un gobierno en funciones no puede dar anticipos a cuenta de la financiación de las comunidades autónomas. En un informe remitido al Ministerio de Hacienda, el Abogado del Estado rechaza que el Gobierno en funciones pueda actualizar el importe de las entregas a cuenta de las comunidades, por lo que considera «ilegal» desbloquear unos fondos que ascienden a 5.000 millones de euros, a los que hay que añadir 2.500 del cambio en la contabilidad del IVA.

Según la información que adelanta este miércoles El País, la Abogacía «limita la facultad de servirse de los principales instrumentos de orientación política» para no “condicionar la actuación del nuevo Gobierno”.

Este informe se publicó este martes, en plena polémica, tras una consulta urgente enviada el pasado 22 de agosto por el ministerio  En él se corroboran los argumentos de Hacienda en base a las sentencias del Tribunal Supremo. “El Gobierno en funciones ha de ejercer sus tareas sin introducir nuevas directrices políticas ni, desde luego, condicionar, comprometer o impedir las que deba trazar el que lo sustituya”, decía el Alto Tribunal en diciembre de 2005. 

Así, la Abogacía del Estado hace suyo ese argumentario y asegura que entre las “orientaciones políticas” que tiene vetadas un Ejecutivo en funciones está la aprobación de los Presupuestos, pero también “la revisión de las entregas a cuenta a las comunidades” por “su fuerte trascendencia cuantitativa y cualitativa”. 

Pese a disponer ya por escrito del informe de la Abogacía en el que el Gobierno apuntala su postura, la ministra de Hacienda, María Dolores Montero, abrió este martes la puerta a buscar fórmulas para apaciguar a las comunidades, ante el alud de protestas de gobiernos autonómicos. «Yo no cejo en seguir buscando soluciones que permitan atender las necesidades de la comunidades autónomas por la prolongación de la situación de no tener presupuestos y de un ejecutivo en funciones», concedio la ministra durante una entrevista en Onda Cero.

Reclamaciones de Cataluña, Madrid y Galicia 

La Generalitat aprobó este martes presentar un contencioso contra el Gobierno por el bloqueo de los anticipos a cuenta del sistema de financiación. Varios Gobiernos autónomos, sobre todo los liderados por el PP, ha decidido seguir este camino. 

La Generalitat ya amenazó hace una semana con llevar al ejecutivo de Pedro Sánchez a los tribunales para reclamarle los más de 1.300 millones que el gobierno catalán entiende que le debe en concepto de incremento de recaudación fiscal este 2019 y de devolución del IVA de 2017. 

El anuncio lo realizó el vicepresident y conseller de Economia, Pere Aragonès, cuando comparecía en el Parlament para dar cuenta del cierre de caja y el recorte del 6% de gasto público que ordenó a principios de mes, y que, como ya había avanzado que haría, responsabilizó a Sánchez de la situación. Aragonès, además, propuso al resto de comunidades autonómas que se sumen al recurso por lo que entiende que es un incumplimiento por parte del Gobierno de la ley de financiación autonómica.

La Comunidad de Madrid también ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez los 1.237 millones de euros pendientes de la financiación autonómica, a los que se suma también una factura de 700 millones de Galicia, tan solo un día después de que el govern de Quim Torra anunciara llevar a los tribunales al Gobierno central. 

El PP arremetió contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y denunció que los fondos procedentes de la financiación autonómica no pueden ser “discrecionales”. El partido de Pablo Casado conminó a Hacienda a publicar el informe de la Abogacía del Estado y advirtió de una situación “alarmante” en las autonomías, que aboca a varios Gobiernos regionales a “una situación insostenible”.