Sánchez negocia con Aragonès evitar recursos al TC en vivienda, fiscalidad y consultas

Pedro Sánchez y Pere Aragonès, durante el mes de julio, han reactivado la mesa de negociación con sendos encuentros de presidentes, así como representantes de los dos gabinetes en Madrid y Barcelona. El Gobierno quiere recuperar la confianza de Esquerra para sumar apoyos en el Congreso y mantenerse, a toda costa, en Moncloa. 

Los republicanos han puesto la denominada agenda de desjudicialización como línea roja. Aragonès ha exigido que, antes de finalizar el 2022, el Gobierno impulse cambios legislativos para terminar o minimizar las numerosas causas judiciales que, principalmente, todavía implican a altos cargos de la Generalitat. Más allá de los hechos derivados del Procés, Pedro Sánchez ha hecho algún que otro movimiento de distensión en el ámbito de las competencias de la administración autonómica.

Con la presión del Partido Popular, engrandecida con la victoria de Juanma Moreno en Andalucía y la gestión de la crisis de la inflación, el presidente del Gobierno es consciente que no puede dar munición a la oposición con cesiones de gran calado a Cataluña. Ahora bien, este contexto no impide a Sánchez hacer gestos indetectables para la opinión pública, pero trascendentales para el día a día de la gestión en la Generalitat.

La negociación paralela para evitar el Tribunal Constitucional

Desde el mes de abril, aún con el bloqueo de las conversaciones entre Madrid y Cataluña por el presunto caso de espionaje del Pegasus, el Gobierno y la Generalitat llevan a cabo una negociación para superar discrepancias competenciales. El procedimiento tiene la cobertura legal de la subcomisión de seguimiento normativo y solución de conflictos de la comisión bilateral Generalitat-Estado. 

Hasta ahora, Pedro Sánchez ha activado el procedimiento para cuatro carpetas: medidas fiscales y financieras de la administración pública, emergencia en el sector de la vivienda, ley catalana de consultas no refrendarias y energías renovables. Este último ámbito ha sido el único en el cual las dos administraciones, Gobierno y la consejería de Acción Climática y Agenda Rural,  han llegado a un acuerdo, básicamente en la interpretación y despliegue del reglamento jurídico. 

El otro gran objetivo del presidente Sánchez contra los planes de la Generalitat es la neutralización de la ley catalana de consultas populares y participación ciudadana. Bajo este pretexto, la Generalitat ha querido dar cobertura legal a muchas votaciones vinculadas con el Procés. Ahora, el Gobierno se ha movilizado para que Aragonès no utilice el mecanismo de las consultas para el polémico proyecto de la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno. 

Septiembre y diciembre, fechas claves a tener en cuenta

Según los datos de la comisión bilateral Estado-Generalitat, las dos administraciones deben retomar las conversaciones a la vuelta de las vacaciones de verano. El 30 de septiembre es la fecha límite para encontrar una solución al asunto relacionado con la administración pública, mientras que el 15 de diciembre finaliza la cuenta atrás para llegar a un acuerdo en vivienda y las consultas populares. 

En la mediación de los conflictos competenciales, Laura Vilagrà, consejera de la Presidencia, lidera la delegación catalana. Mientras que Isabel Rodríguez, en calidad de ministra de Política Territorial, ejerce la presidencia de la comitiva de Moncloa. Las dos partes cuentan con el asesoramiento de personal técnico. 

A partir de la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, en junio del año 2018 tras ganar la moción de censura a Mariano Rajoy, desde el Palacio de la Moncloa se ha activado en 52 ocasiones la mediación para suplir la acción de los jueces del Tribunal Constitucional. 

Los logros de la Generalitat

Pere Aragonès y su ejecutivo han conseguido un acuerdo para evitar una invasión competencial del Estado en datos abiertos, procedimientos vinculados a las retransmisiones de programas de radio y televisión o la promoción de vehículos de transporte con un consumo energético eficiente. 

Pendiente de la firma oficial, el acuerdo tiene una afectación positiva a la acción del departamento de Empresa y Trabajo, dirigido por el expresidente del Parlament, Roger Torrent (ERC). A diferencia de la mayoría de casos tratados, el acuerdo contempla una modificación de la legislación y no una simple promesa de no pisar terreno ajeno por parte del Estado. 

Cataluña también celebra otra victoria en la ley de seguridad viaria, concretamente en la interpretación de las leyes relacionadas con los permisos y las licencias de conducción por puntos. La Generalitat cree que el movimiento jurídico, a favor de la administración catalana, mejorará el funcionamiento de los departamentos de Interior y Políticas Digitales.