La mayoría social a la que Sánchez no ha escuchado: de jueces a diplomáticos

Una aprobación por aclamación. Ese era el plan de Pedro Sánchez para sacar adelante los indultos a los presos del procés, tras lograr el respaldo de una parte de los empresarios. Las protestas de la oposición y de los socios independentistas después de confirmar la medida de gracia han sido públicas y notorias, pero el rechazo se extiende entre un sector mayoritario de la población.

Lo demuestran las encuestas de opinión y los sondeos publicados a lo largo de estas semanas. El último, hecho público el domingo por La Sexta, concluye que el 55,7% de los españoles cree que el Gobierno no debería otorgar esta medida de gracia a los líderes independentistas.

La manifestación de Colón, a la que acudieron ciudadanos que viajaron a Madrid desde diferentes municipios de España, también sirvió para reflejar la oposición de una parte importante de la población contra los indultos.

No obstante, más allá de las encuestas o las protestas en las calles, el Gobierno de Sánchez también ha hecho oídos sordos a los mensajes procedentes de jueces, fiscales, diplomáticos, policías, asociaciones, empresarios y representantes de la sociedad civil que han rechazado de forma tajante el perdón a los presos del 1-O.

El fundamento jurídico, en cuestión

Los jueces fueron los primeros en levantar la voz contra los indultos. Después del demoledor informe del Tribunal Supremo, rechazando la medida de gracia, Sánchez habló de “superar el revanchismo”, en un argumento que no gustó nada en el mundo de la judicatura.

Desde Asociación Profesional de la Magistratura (APM) cuestionaron en Economía Digital el discurso del presidente, asegurando que son “simples excusas porque (los presos del procés) no han sido condenados por venganza, ni por revancha”.

Por su parte, José María Macías, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), señaló que las palabras del jefe del Ejecutivo son muy poco medidas. “A mí me parece que el Estado de Derecho no se puede medir en la ecuación de la venganza o la revancha”.

Días después, y ya con la constatación de que los indultos salían adelante, las mismas fuentes advirtieron que la medida desacreditaba a la Justicia española de cara a Europa, ya que se ponía en cuestión las penas y también la orden de detención contra Puigdemont.

A estas críticas se suman ahora la de los fiscales, que no ven fundamento jurídico en los indultos. Así, la Asociación de Fiscales afirma que “no se entiende la concesión de un indulto a quien de forma manifiesta y constante se pronuncia a favor de volver a cometer el hecho delictivo que determinó su condena, no muestra arrepentimiento alguno y se jacta incluso de que lo volverá a hacer y del debilitamiento que su concesión supone para España”.

No se entiende la concesión de un indulto a quien de forma manifiesta y constante se pronuncia a favor de volver a cometer el hecho delictivo que determinó su condena

Asociación de Fiscales.

En declaraciones a Confilegal, la presidenta de la asociación, Cristina Dexeus, se pregunta “qué razones de justicia, equidad, o utilidad pública puede tener en estas circunstancias la concesión del indulto”, más allá “del puro interés partidista”.

La advertencia ignorada de la diplomacia española

Los jueces y fiscales no han sido los únicos en advertir al Gobierno de las consecuencias de los indultos, también de cara a la UE.

Altos cargos de la carrera diplomática, que llevaban años defendiendo en las embajadas la sentencia del Tribunal Supremo, han visto ahora cómo el Ejecutivo echaba abajo todo ese trabajo, al poner en cuestión al Alto Tribunal.

La pérdida de credibilidad internacional, destacan, es muy grande, ya que en muchos países no entienden que se quiera perdonar a Junqueras cuando, a la vez, se exige la extradición de Carles Puigdemont por los mismos delitos.

Esa contradicción también ha llegado al Parlamento Europeo y, de hecho, fuentes de la delegación española en Bruselas temen que se convierta en el principal argumento de Carles Puigdemont para convencer a la justicia belga del rechazo a su extradición.

Indignación entre los policías presentes en el 1-O

La decisión de indultar a los presos del 1-O ha soliviantado también a los policías que estuvieron presentes en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

A principios de junio, el Sindicato Unificado de Policía dejó a las claras la posición del Cuerpo Nacional al respecto: “Los policías que defendieron el orden constitucional en Cataluña son de nuevo víctimas, esta vez del Gobierno de su propio país”.

El mismo Gobierno, agregaron, “que ignora las duras circunstancias en que los policías se ven obligados a ejercer su trabajo en esa comunidad autónoma, ahora también promueve el indulto de los condenados por sedición que en algunos casos alentaron la violencia contra esos mismos policías”.

La concesión de los indultos implica que incitar a agredir a la policía sale gratis

Sindicato Unificado de Policía

El sindicato advirtió, además, que “la concesión de los indultos implica que incitar a agredir a la policía sale gratis y se suma a la larga lista de motivos por los que cada vez más policías piden el traslado fuera de esa comunidad autónoma”.

Fractura en el mundo empresarial

El Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido, durante los últimos días, que los indultos servirán para “reconstruir la convivencia” y “cohesionar”, pero lo cierto es que están provocando justo lo contrario entre el empresariado catalán y el del resto de España.

La semana pasada, el presidente del Cercle d´Economia, Javier Faus, dejó a las claras el respaldo a la medida de gracia, a la que definió como como una “oportunidad histórica de concordia” para solucionar el “conflicto político”.

Mismo discurso protagonizó, al día siguiente, Antonio Garamendi. El presidente de la CEOE, preguntado por los indultos, se expresó en estos términos: “Si las cosas se normalizan, bienvenidos sean”.

Sus declaraciones provocaron toda una revolución en la patronal. El móvil de Garamendi no paró de sonar el jueves de la semana pasada y la CEOE tuvo que matizar las palabras de su presidente horas después; “La Constitución permite los indultos, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que opinar”.

Este lunes, y después de un nuevo reproche de Pablo Casado a los empresarios, Garamendi ha querido zanjar la polémica asegurando que en la patronal no se pronuncian sobre el asunto y que, en cualquier caso, siempre han abogado por “la estabilidad, la normalidad, la Constitución y que todo funcione bajo el imperio de la ley y a través del Estado de derecho”.

“Tenemos muy claro que defendemos la unidad de España”, enfatizó Garamendi en su intervención en el XXXVIII seminario organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y BBVA en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.

A pesar de no posicionarse claramente sobre los indultos, subrayó que el “problema” de Cataluña tiene que ser resuelto por “todos los españoles” ya que la región “es parte de la soberanía del pueblo español.

Asimismo, aclaró que la patronal no tratará este asunto en la Asamblea General de este miércoles y, en cualquier caso, será “decisión de cada una de las organizaciones” pronunciarse al respecto ante las múltiples sensibilidades.

También aprovechó para negar que la CEOE reciba ayudas directas del Estado y haber sido “comprado” por el Gobierno por la condecoración que recibió de la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, máxima condecoración castrense a propuesta del Ministerio de Defensa: “Tiene gracia y es sorprendente que alguien lance esta fake news”.