Sánchez-Llibre con Pedro Sánchez en una visita del presidente a Foment. EFE
Josep Sánchez-Llibre es un lobista nato. Lo era como dirigente de Unió Democràtica de Catalunya, un pequeño partido catalán que gozó de una enorme influencia en Madrid, y lo sigue siendo como presidente de Foment del Treball, la patronal catalana decana, que ha llenado de políticos de su época, creando algo similar a un ejército de la influencia.
Uno de sus objetivos dentro de la organización es lograr que vuelva la normalidad a la gran empresa en lo que respecta a sus relaciones con el poder. Es decir, restablecer puentes con el Govern de la Generalitat y que aquellas que tras el referéndum del 1 de octubre de 2017 trasladaron la sede de Cataluña a Madrid u otras comunidades autónomas, tomen el camino de vuelta.
Fuentes internas de Foment explican a Economía Digital que Sánchez-Llibre y su ejército llevan más de un año hablando periódicamente con numerosas empresas catalanas con el domicilio social fuera de la comunidad para que se replanteen esta situación que consideran anómala.
Todo el grupo La Caixa –desde la fundación hasta Caixabank, pasando por las participadas que controlaba hace más de tres años– tienen la sede fuera de Cataluña. La fundación en Palma, el banco en Valencia y Naturgy, Abertis y Cellnex en Madrid. Banc Sabadell se la llevó a Alicante y Colonial, a Madrid, por hablar solo de las Íbex catalanas.
Muchas otras empresas, más de 5.000 entre los últimos cuatro meses de 2017 y 2018, se fugaron de una Cataluña que vivió en cuatro meses un referéndum unilateral, una declaración e inmediata suspensión de independencia, la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno de Mariano Rajoy y unas elecciones que, aunque ganó Ciudadanos, dio pie al Govern independentista de Quim Torra.
Algunas resistieron la inercia de tantas y tantas grandes empresas, y las presiones, y mantuvieron la sede en Cataluña. Las más emblemáticas, por su peso, fueron la farmacéutica Grifols, que cotiza en el Íbex, la automovilística Seat y el líder del cava, Freixenet, pese a que su entonces presidente, José Luis Bonet, que también preside la Cámara de España, era uno de los empresarios catalanes que más se significó en contra del procés.
Sánchez-Llibre llena de políticos la patronal
Aproximadamente un año después de esos acontecimientos, Josep Sánchez-Llibre llegó a la presidencia de Foment en sustitución de Joaquim Gay de Montellá, quien, por cierto, cierra las listas del PP por Barcelona en las elecciones del 14-F. El perfil del expolítico de Unió era distinto a los anteriores. Pocos, por no decir nadie, le veía como a un empresario.
Su gran obsesión desde entonces ha sido influir, tanto en Barcelona como en Madrid. A nivel de la CEOE pero también político. Por ello se rodeó de dirigentes de su época en las Cortes, tanto de su extinto partido, como Jordi Casas y Benet Maimí, como de otras bancadas. De varias, de hecho, como buen político adepto del pacto y el entendimiento.
Hace casi dos años, en mayo de 2019, fichó como lobistas a los exdiputados Vicente Martínez-Pujalte (PP), Carles Campuzano (CDC y Pdecat), Manuel Silva (UDC) y Valeriano Gómez, exministro de Trabajo con el gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero.
Algunos de estos exdiputados, con acceso a las élites políticas actuales pero también a las empresariales, son los que están tratando de influir para la vuelta de empresas catalanas a Cataluña. Su éxito ha sido nulo hasta el momento, pero Foment ha empezado ya una renovada ofensiva al son de las encuestas que dan opciones a un Govern en Cataluña que no piense en declaraciones de independencia sino en dar estabilidad a los ciudadanos y las empresas.
Compañías como Naturgy y Abertis ya han sido contactadas, según fuentes de la patronal y también empresariales. El argumento que usa el lobby ahora, pero que necesita de un empujón de realidad, es, ante un escenario tan abierto el 14-F, si se forma un ejecutivo con partidos no independentistas, como el PSC, aunque fuera con ERC, sería el momento de volver a pensarlo.
“Estamos en ello pero necesitamos un gobierno estable en Cataluña en los próximos años”, aseguraron fuentes de Foment, que explicaron que los contactos no se limitan a estas dos empresas sino a muchas más, aunque no concretaron más. Oficialmente, no comentan.
Por tanto, el trabajo que tengan Sánchez-Llibre y compañía en los próximos meses en cuanto a la vuelta de las empresas a Cataluña es incierto, depende en buena parte de las urnas y también de los pactos postelectorales que se negocien en los despachos del Parlament.
Las empresas, en otra órbita
Si se forma el Govern que la patronal quiere, tampoco es que se le pongan las cosas fáciles. En realidad, tendrán una ardua tarea. Ninguna empresa ha dicho que vaya a volver si se estabiliza la situación, pues la realidad política y social no ha variado demasiado y los gobiernos empiezan y terminan, a menudo, con rapidez.
Además, hay factores externos a la política que tampoco juegan a favor de estas maniobras. Por ejemplo, Caixabank será en unas semanas una entidad participada por el Estado y fusionada con otra medio valenciana y medio madrileña. Tras absorber Bankia, toma más sentido que la sede esté en Valencia, donde ya estaba, pero es que además, forma parte del acuerdo de fusión que el domicilio social esté en la capital del Turia.
Abertis tiene ahora otros accionistas, y la mitad menos una acción está controlada por las constructoras de Florentino Pérez, por lo que es difícil que se mueva de Madrid. Naturgy está, con permiso todavía de La Caixa, bajo el control de dos fondos de inversión internacional, que pueden ser tres en unos meses. Para estos la cuestión de la sede es secundaria.
Estos son solo tres ejemplos. En general, las grandes empresas que se trasladaron tienen una tendencia cada vez mayor al mercado nacional e internacional, por lo que estar en Madrid en lugar de Barcelona no les resta, al contrario. Lo que sí han mantenido, y no se plantean tocar, es a sus servicios centrales en Cataluña.
