Sánchez pone en marcha la supresión de la sedición y negocia ya la malversación

El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado el primer paso a medianoche de este jueves en uno de sus propósitos más polémicos de los últimos tiempos: la reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición, por el que fueron condenados los políticos independentistas catalanes que lideraron el procés, y cambiarlo por uno de desórdenes públicos agravados. La mayoría del Congreso le ha otorgado su sí para tomarlo en consideración, con 187 votos a favor, 155 en contra y 6 abstenciones. A partir de aquí, se inicia el camino.

El debate previo entre los grupos había sido bronco. El diputado del PSC Francisco Aranda, quien ha defendido la reforma por parte del grupo parlamentario del PSOE, intentó justificar la postura del Gobierno. «Vamos a hacer política, a explicar políticamente que hay un camino de convivencia, de diálogo», arguyó. Es parte del relato del PSOE sobre Cataluña.

Ningún miembro del Gobierno estuvo presente hasta el momento de la votación, pero momentos antes de que diera comienzo, cuando la Cámara sí aprobó los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, Sánchez respondió a las preguntas de la prensa dejando la puerta abierta a continuar por la senda con la reforma del delito de malversación: «Ahora corresponde a la tramitación parlamentaria». Su voluntad como presidente es homologar el Código Penal a los estándares de las democracias europeas. Ahora lo ha puesto en marcha gracias a los apoyos de ERC, Bildu, PNV, Más País, Compromís, BNG y PDECat.

Asens (UP) tampoco cierra la puerta

No fue Sánchez el único que abrió la puerta a más cambios penales. Jaume Asens, líder del grupo parlamentario de Unidas Podemos, quiso dejar claro que el Código Penal, a sus ojos, «todavía está plagado de delitos envejecidos que no respetan los límites constitucionales, como el principio de legalidad y proporcionalidad». «Siguen existiendo deficiencias, nos comprometemos a intentar mejorar el texto en la fase de enmiendas».

El propio Asens había argumentado que la sustitución de la sedición por un delito de desórdenes públicos no es sino “una exigencia de Europa” y no supone  “ninguna humillación para España”, porque la política “no es un duelo a garrotazos y banderas; es un pacto, diálogo y acuerdos”.

El portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Gabriel Rufián, y segundo protagonista de la iniciativa, se esmeró en insistir durante su intervención que «esto no es una concesión a ERC, no es una concesión al independentismo. Es más: ojalá lo fuera. Es una concesión a la democracia, a su democracia para que dejen de hacer el ridículo en Europa«.

Para el PP «no es convivencia, es conveniencia»

Pero el sentir no es compartido por toda la Cámara. La portavoz parlamentaria del Grupo Popular, Cuca Gamarra, criticó que la reforma de la sedición llega al Congreso “cual disposición general a los Presupuestos” porque “no es una demanda social, sino un pago del Gobierno”. «Aquí no estamos hablando de convivencia, sino de conveniencia».

Especialmente, porque los populares insisten en que no se cambie el relato de lo que sucedió en Cataluña en 2017. Gamarra fue clara: se pretende un «borrado» del procés, y esta reforma del Código Penal «no es una demanda social», recordó la portavoz, «sino un pago del Gobierno al independentismo catalán» y «una derogación al dictado de Junqueras y a la medida de los golpistas».

Tanto en Vox como en Ciudadanos la visión era similar. Javier Ortega Smith insistió desde la tribuna en que «España no está en venta» e Inés Arrimadas alertó de que Sánchez «va a permitir [al independentismo] volver por la puerta grande».

Unidad en el PSOE en su sí

“Les molestan las leyes progresistas”, quiso contestarles Aranda por parte del PSOE en la tribuna, incidiendo en que “buscan la confrontación más allá del límite político y ético”. “¿Qué ofrece? ¿Qué ofrecen?”, ha preguntado en hasta dos ocasiones, respondiéndose a sí mismo: “Han renunciado a hacer política. Y renunciar a hacer política es la peor política. En 2017 dejaron la política abandonada. Hoy se recupera la ley y la convivencia”.

Aranda también censuró la “infame campaña” promovida por el Partido Popular para señalar en redes sociales a todos los parlamentarios socialistas que voten a favor. La afirmación se vio respaldada por una acción conjunta de todos los socialistas cuando le tocó el turno de dar su aprobación a la primera diputada del grupo parlamentario, Inmaculada Oria. “Aquí estamos todas las y los socialistas juntos, sin fisuras. Sí”, adujo con el resto de diputados socialistas se han puesto en pie, para mostrar la unidad del grupo socialista.