Sánchez usará 4.000 millones de los fondos europeos para hacer campaña con la vivienda

Con la vista puesta en las elecciones municipales y generales, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que financiará la promoción de 43.000 nuevas viviendas destinadas a alquiler asequible. Para ello, el Ejecutivo movilizará 4.000 millones de euros a través de una nueva línea del ICO con cargo a los fondos europeos. La vivienda está siendo el gran argumento de Sánchez de cara a las elecciones que vienen, pues esta medida llega después de que hace tan solo unos días avanzase la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler asequible.

El anuncio por parte de Sánchez ha tenido lugar durante su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados, que había de tener como objetivo informar acerca de asuntos comunitarios. Según ha concretado, estas viviendas habrán de cumplir con dos requisitos. Mientras que uno será la eficiencia energética, el otro hace referencia al destino como alquiler asequible de la vivienda o la cesión de su uso durante un periodo mínimo de 50 años.

A pesar de que Sánchez ha calificado de «problemón» la situación de la vivienda en el país, ha evitado asumir ninguna responsabilidad. En este sentido, ha asegurado que el motivo es que se ha tratado «como una mercancía cada vez más exclusiva y minoritaria» y no como un «derecho». Tras prometer que el Ejecutivo va a «convertir la vivienda en el quinto pilar del estado del bienestar», se ha comprometido a que España se aproxime al 20% de viviendas destinadas a alquiler público asequible, en la línea de otros países europeos. 

Vivienda para alquiler sostenible

Con todo, el Gobierno se propone destinar 93.000 viviendas para alquiler asequible. Pues, las viviendas anunciadas este miércoles se suman a las 50.000 viviendas que el Ejecutivo quiere movilizar de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), tal y como detalló en la clausura de la conferencia municipal del PSOE del pasado fin de semana, un acto que contó con la participación de los candidatos a alcaldes de la formación en las principales ciudades del país.

Según avanzó el presidente del Gobierno, 21.000 de las 50.000 viviendas se destinarán a municipios y comunidades autónomas, a la vez que pondrá en marcha el alquiler social en las 14.000 viviendas que ya se encuentran habitadas dentro de ese parque. Asimismo, se promoverá la construcción de hasta 15.000 viviendas públicas en suelos disponibles de la Sareb.

«Ir más allá» en materia de vivienda

A lo largo del acto, Sánchez ya dejó bien clara la intención del Ejecutivo por «ir más allá» en vivienda. Un posicionamiento que el Ejecutivo lleva evidenciando en las últimas semanas, no solo con el goteo constante de anuncios en esta materia, sino también a través del acuerdo entre el gobierno de coalición, ERC y EH Bildu para cerrar la nueva Ley de Vivienda.

Una de las principales medidas que recogerá la normativa será el tope a la subida de los alquileres, con el objetivo de limitar los incrementos descontrolados. Para ello, a lo largo de este año se aplicará el límite del 2% que ya está en vigor si bien a partir del próximo año este porcentaje se elevará hasta el 3%. Más adelante, se creará un índice en estos términos, más estable e inferior a la evolución del IPC, que tope los aumentos de la renta por la renovación anual.

En el marco de la nueva legislación, también se incluirá una rebaja de lo que se considera un «gran tenedor». Así, el término describirá tanto a las personas físicas como las jurídicas que se encuentren en posesión de cinco inmuebles, en lugar de diez, como establece la normativa actual. También se mejorarán y facilitarán las condiciones para la declaración de zona tensionada, abarcando más áreas para la aplicación de las medidas de control. 

Concretamente, se declarará una área como tensionada cuando cumpla alguna de las condiciones que la normativa establece: que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares, o bien que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de la zona.