Sánchez excluye a la CEOE y a los sindicatos del control a los lobbies

El anteproyecto de ley que el Consejo de Ministros aprobó este martes en primera vuelta para regular por primera vez la actividad de los grupos de presión, también conocidos como lobbies, en sus relaciones con la Administración General del Estado y su sector público, una norma pionera en nuestro país, deja fuera de la categoría a entidades como la patronal de las empresas, la CEOE, o los sindicatos, por cumplir un rol recogido en la Constitución. Tampoco los partidos políticos.

La definición que propone la norma, a la que ha accedido Economía Digital, es que se considerarán lobbies «las personas físicas y jurídicas, sea cual sea su forma o estatuto jurídico, así como las agrupaciones de personas que se conformen en plataformas, foros, redes u otras formas de actividad colectiva, sin personalidad jurídica, que trabajen por cuenta propia o ajena y con independencia de su forma o estatuto jurídico, que lleven a cabo actividad de influencia».

Así, la propuesta de legislación, que ha sido gestada en el Ministerio de Hacienda y Función Pública, deja en el aire el retorno laboral de cargos públicos del Gobierno de Pedro Sánchez a entidades como consultoras o asociaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o Stop Desahucios. Sí que entra dentro de la categoría de grupo de presión las entidades o fundaciones creadas o financiadas por partidos políticos, sindicatos o asociaciones empresariales, como pueden ser la Fundación Alternativas, en el caso de Ferraz, o FAES o Concordia y Libertad, en la otra esquina del arco político.

Tampoco los Colegios Profesionales

Según puntualiza la norma, tampoco se considerará lobby a las Administraciones Públicas y su sector público, a los organismos y organizaciones públicas internacionales, ni a las entidades que defiendan y promocionen intereses económicos y sociales que les son propios, como es el caso de los colegios profesionales. Lo mismo ocurrirá con las personas físicas que actúen de manera autónoma sin estar asociadas con otras, siempre que sus objetivos no impliquen intereses económicos o sociales individuales que sean significativos.

Fuentes del sector consultadas por este periódico señalan que la mayor novedad de la norma reside en cuatro puntos. Los dos primeros son la creación de un registro de lobbies con régimen sancionador-un compromiso que el Gobierno de Sánchez adquirió con Bruselas, en tanto que es una de las condiciones para el reparto de los fondos europeos de reconstrucción– y el establecimiento de una huella normativa -se dejará constancia en la memoria de análisis de impacto normativo de cada ley de los cambios introducidos por esa actividad de lobby, y también figurarán las identidades del personal público y de los representantes de los grupos de interés implicados en las modificaciones-.

Los otros dos pilares sobre los que se genera la normativa es que los altos cargos que busquen ejercer profesionalmente la labor de grupo de presión no podrán en los dos siguientes años a su cese -las conocidas como puertas giratorias- y tendrán que estar en nevera, es decir, con un sueldo para el sustento; y que, finalmente, no se incluye a los miembros de los Gobiernos que sean diputados. Sólo a altos cargos.

No se distingue entre quien vuelve al sector o no

En cambio, no se distingue entre quien vuelve al sector -una puerta giratoria inversa- y quien no: ambos tendrán que esperar dos años para incorporarse. El objetivo no es otro que controlar los grupos de presión para que su influencia a la hora de elaborar o desarrollar leyes por parte de altos cargos o funcionarios públicos esté registrada y se haga bajo parámetros de transparencia. Porque sí hay altos cargos del Gobierno que ya venían ejerciendo estas labores antes, como el adjunto al jefe de Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Antonio Hernando, que era administrador y socio de una consultora de asuntos públicos.

Fuentes del sector admiten en conversación con este medio que están «muy a favor», aunque señalan las lagunas de una legislación que entienden como «laxa». «¿Cómo vas a saber si estás reunido en la oficina, o con alguno de ellos en un hotel?». Sin embargo, el apoyo es total, porque entienden que «un lobbista registrado en la UE o aquí tiene más valor que uno no registrado».