Sánchez eleva la factura vasca del PNV: aprueba un cupo que roza ya los 1.500 millones
El nuevo cupo renueva la fórmula para el pago hasta 2026 e incorpora acuerdos de concertación fiscal, como el impuesto a las grandes fortunas
Pedro Sánchez saluda al portavoz del PNV, Aitor Esteban, en el Congreso. Foto: EFE/Archivo
Cuatro meses después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cumplido con lo que le prometió al Partido Nacionalista Vasco (PNV) para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para este 2023 como contraprestación: este jueves, el Pleno del Congreso ha dado luz verde a los proyectos de ley que incluyen respecto al País Vasco la actualización de la metodología de cálculo del «cupo» para el quinquenio 2022-2026.
La cifra actual ha quedado fijada en 1.472 millones de euros para la autonomía vasca, lo que supone 172 millones más que en el anterior periodo, pero también refleja una cantidad muy similar a la cuantía que paga anualmente dicha comunidad al Estado para financiar los servicios centralizados. Así, el nuevo cupo vasco no sólo renueva la fórmula para el pago hasta 2026, sino que incorporan a la legislación estatal los últimos acuerdos de concertación fiscal alcanzados por el Estado con Navarra y País Vasco.
También recogen estas leyes la incorporación a los sistemas fiscales de ambas comunidades del Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, entre otros, que serán gestionados por las haciendas forales, como informó Economía Digital el pasado mes de octubre. De igual modo lo hacen los tributos sobre envases de plástico y otro correspondiente a gases fluorados, además de una figura sólo para el País Vasco sobre depósito de residuos.
Sólo Vox y Cs en contra
Contra los tres proyectos de ley han votado únicamente Vox y Ciudadanos, que habían presentado sendas enmiendas a la totalidad que a su vez han sido rechazadas por el resto de la cámara, en un largo debate en el que estos dos grupos parlamentarios han criticado el sistema como «privilegio», «agravio», «estafa», «chantaje» o «chanchullo». El resto de partidos han dado luz verde.
En contra de esta postura, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha asegurado que «se trata de hacer efectivo el respeto al marco, las reglas que surgieron del pacto común que implica la Carta Magna» y ha subrayado que «estas modificaciones son una obligación legal».
A su vez, el PNV lo ha celebrado por todo lo alto. La diputada del Grupo Vasco Idoia Sagastizabal, la portavoz económica, ha insistido en que los acuerdos bilaterales ratificados por la Cámara “normalizan y regularizan las relaciones tributarias y financieras entre el Estado y la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral Navarra, permitiendo certidumbre económica, estabilidad financiera y seguridad jurídica”.
