Sánchez cierra filas en el Consejo de Ministros pese al caos del fin del estado de alarma

La palabra más repetida esta semana entre políticos nacionales y autonómicos, da igual del partido que sean, es «caos jurídico». El Gobierno rechaza volver a aplicar el estado de alarma y modificar leyes sanitarias que acompañen a las comunidades autónomas tras el fin de éste. El Ejecutivo ha pasado de nuevo la ‘patata caliente’ a las autonomías y también a los Tribunales Superiores de Justicia, dando lugar a 17 caos territoriales con distintas restricciones en menos de 48 horas. Sin embargo, la principal preocupación del presidente este martes era poner «unidad» de discurso en su Gobierno.

Pedro Sánchez cerró filas con sus ministros en torno a un único discurso. Tal y como ha podido saber Economía Digital, el presidente recalcó en el Consejo de Ministros que «hay que hacer énfasis en la vacunación» y descartó cualquier aprobación legislativa, tal y como este lunes deslizó en un artículo escrito en El País, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

El responsable de Justicia tuvo que rectificar ante este deseo y con él varios de sus ministros como Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Miquel Iceta (Política Territorial).

Sánchez explicó a sus ministros la importancia de pasar página y dejar atrás el estado de alarma ante el buen dato del ritmo de vacunación y el descenso de los contagios, señalan fuentes conocedoras a ED. Este mensaje lo realiza tras la disconformidad de varios ministros socialistas a no haber actuado por parte del Ejecutivo y previsto un plan ante el caos jurídico que se ha desatado.

Tal y como publicó ED, algunos ministros del PSOE califican de «error» el no haber previsto un plan secundario, consiguiendo el enfado de sus socios de Gobierno y también de varios barones socialistas. El Consejo de Ministros se desarrolló «de trámite», según las mismas fuentes y con algún silencio cómplice de algún ministro que sigue con «preocupación» los acontecimientos.

Una vez encauzado el discurso y coordinados todos los ministros, Sánchez dijo unas palabras junto al presidente de Argentina, Alberto Fernández, que este martes estuvo de visita por España.

«Quiero ser muy claro: el estado de alarma es el pasado, el estado de alarma es el pasado. Estaos iniciando una nueva etapa. Hay que mirar al futuro y el futuro se llama vacunación, vacunación y vacunación», señaló el presidente sin decir cómo solucionará los enfados de sus socios y el caos generalizado.

Con el mensaje aprendido y en la misma línea se dirigió la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, a los periodistas. «Lo peor de la pandemia ya ha pasado y la excepcionalidad no es imprescindible», sostuvo en rueda de prensa en el Congreso.

Los datos desmienten el discurso del Gobierno

Sin embargo, los datos desmienten el discurso del Gobierno y del PSOE, ya que seis comunidades salieron este sábado del estado de alarma con las Ucis saturadas tras un año de pandemia. Los pacientes críticos con Covid de Madrid, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Aragón y Cantabria ocupan más del 25% de las camas, que es el umbral considerado como «riesgo muy alto», según los epidemiólogos.

El propio Fernando Simón, epidemiólogo de cabecera del Gobierno, advirtió este lunes de un posible pico ante las fiestas y aglomeraciones contempladas este fin de semana. «Nadie sabe lo que pasará», se remitió a decir diplomáticamente.

Los propios socios del Ejecutivo no se han callado y este martes han calificado de «despropósito» la «inacción» del Gobierno. El portavoz de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, calificó de «irresponsable» que el Gobierno no haya puesto sobre la mesa nuevas medidas para proteger a la ciudadanía frente a la pandemia. «No se puede pasar de 0 a 100 así».

Su homóloga de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, señaló en esta línea, pidiendo «no caer en la tentación» de responsabilizar a la ciudadanía de lo que está sucediendo, ya que «es una irresponsabilidad compartida de las administraciones».

Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, agregó que ya «se va tarde» si el Gobierno quiere volver a cambiar la legislación ordinaria para ofrecer una alternativa a las comunidades sin la necesidad de que el Supremo tenga que pronunciarse, como tendrá que hacerlo ante la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de no autorizar las restricciones frente a la covid-19. «¿Cuánto vamos a tardar? Si volamos, un mes», sostuvo.

Por su parte, el líder de Más País, Íñigo Errejón, y el diputado de Compromís, Joan Baldoví, pidieron al Gobierno que tome las riendas de la desescalada, ya que ha decidido «lavarse las manos».

Resoluciones contradictorias

Lo que más angustia a los políticos en general es el caos jurídico en que se ha derivado la situación, con resoluciones contradictorias en varias comunidades que generan dudas en la ciudadanía y malestar en los partidos.

Así, El Tribunal Superior de Justicia de Navarra se ha unido al criterio de los jueces del País Vasco y Canarias de no avalar las restricciones nocturnas mientras que en Valencia y Baleares sí se ha autorizado. El Supremo de Andalucía ampara unas medidas perimetrales en unas localidades pero rechaza las mismas en otras.

Así, el TSJA rechazó este martes el confinamiento de la localidad granadina de Montefrío y autorizó el cierre perimetral de dos municipios de Cádiz y uno de Córdoba. Las cuatro localidades andaluzas superan los 1.000 casos de infecciones de coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

El Gobierno prometió el año pasado reformar las leyes de Sanidad para dar instrumentos a las comunidades tras el fin del estado de alarma, pero tampoco se pudiera dar por superada la pandemia. Sin embargo, no lo ha hecho y se reafirma en que no lo piensa hacer.

El Ejecutivo aprobó un decreto la semana pasada para que las comunidades que lo deseen puedan recurrir al Tribunal Supremo las decisiones de los TSJ, de tal manera que sean los magistrados del Alto Tribunal quienes unifiquen el criterio y, en última instancia, decidan sobre las medidas que pueden adoptar las autonomías para contener al virus.

Los magistrados ya han manifestado, en privado, su descontento ante esta medida. De momento, solo el gobierno canario ha recurrido la anulación del toque de queda mientras continúa el caos y un posible aumento de los contagios, según varios epidemiólogos.