Sánchez cede todo ante el nacionalismo para poder cerrar la legislatura con presupuestos

En los días previos al debate en el Pleno del Congreso de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), los últimos de la legislatura de Pedro Sánchez, las negociaciones con las formaciones nacionalistas vascas y catalanas en el Congreso se han multiplicado. En mitad de la nube generada por el revuelo judicial tras las rebajas de penas a agresores sexuales por la aplicación de la llamada ley del ‘sólo sí es sí’, las cesiones de la gestión tributaria del impuesto a la banca y a las energéticas al País Vasco o la posible reforma del delito de malversación -además del de sedición ya pactado- han quedado opacadas. Pero ahí están.

La explicación a los movimientos del Gobierno es sencilla: su objetivo principal, según fuentes de la dirección del PSOE consultadas por Economía Digital, es aprobar las cuentas públicas. Porque, si todo sigue el curso que prevé el Gobierno, Pedro Sánchez acabará su mandato con tres PGE aprobados de tres que tenía por delante. De hecho, serán los últimos: fuentes cercanas a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, niegan rotundamente a Economía Digital que se vayan a dejar unos cuartos para 2024, año que arrancará justo unos días después de las elecciones generales.

Todo ese capital político no cae en balde, a ojos del líder del Ejecutivo. Saben que es una medalla sin igual, dadas las convulsiones vividas en los últimos años. Así lo admiten fuentes de Ferraz en conversación con este periódico. «Siempre hemos dicho que España necesita estabilidad. Miramos a los países de nuestro alrededor, y podemos decir que este Gobierno está logrando esa estabilidad en un contexto de mucha incertidumbre».

Los votos de PNV, ERC y Bildu

Pero la lista de cesiones en las últimas semanas a sus socios preferentes -PNV, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) o Bildu- no ha hecho sino incrementarse dado lo que está en juego. Y, aunque fuentes de las tres formaciones han querido desligarlo de sus votos para las cuentas públicas, la realidad se impone: no es así. Sus síes a los PGE son cruciales y todos los actores implicados son conscientes. Tienen mucho en juego, mucho que negociar… y mucho que ganar, de cara a los partidos que no están en Moncloa.

Así, esta semana se ha acordado la nueva ley del Cupo para el País Vasco hasta 2026, fruto de una negociación del Gobierno con el PNV. De hecho, fue el propio portavoz jeltzale en el Congreso quien lo anunció hace unas semanas, a la vez que promulgaba que su formación no iba a presentar una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos, que habría supuesto la caída del mismo y un fracaso político sin igual para Sánchez.

El Cupo es la aportación que hace Euskadi cada año a las arcas comunes del Estado por las competencias no transferidas al Gobierno autonómico, como infraestructuras (aeropuertos, puertos, ferrocarriles), defensa y representación exterior, cuya cuantía se determina en leyes quinquenales pactadas por los dos gobiernos. Y, en esta ocasión según ha adelantado El Confidencial, el Gobierno no repercutirá el agujero de gasto de las pensiones sobre Euskadi y Navarra.

Impuesto a banca y energéticas o sedición y malversación

Ello se suma a la entrega a ambas comunidades autónomas de los gravámenes sobre la banca y las energéticas. Los impuestos serán gestionadas desde las haciendas forales antes de 3 meses de la entrada en vigor de la ley. Es decir: que las competencias fiscales de estas figuras dependerán del País Vasco y de Navarra, no a nivel estatal.

A Esquerra Republicana de Cataluña la pérdida de foco mediático le ha favorecido. Así lo admiten desde sus filas en el Congreso en charla con este periódico tras unas semanas en el centro de la diana, primero por la reforma del Código Penal del delito de sedición registrada por el Gobierno de Sánchez y después por la posibilidad y las negociaciones entre ambas formaciones para tocar también el delito de malversación.