Sánchez arriesga la aprobación del decreto energético con el recelo de sus socios nacionalistas
El PSOE necesita el apoyo de PNV y ERC, que, desde sus autonomías, el País Vasco y Cataluña, han criticado la manera de proceder del Gobierno
El diputado del PNV, Aitor Esteban, en una conversación con Pedro Sánchez en el Congreso de los Diptuados en una imagen de archivo. EFE
Con la entrada en vigor de las medidas de ahorro energético este mismo martes, y a pesar del anuncio de la Comunidad de Madrid de su recurso ante el Tribunal Constitucional, el Gobierno ha conseguido su propósito: arrancar desde ya con el compromiso que adquirió en Bruselas de comenzar a reducir su uso eléctrico. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene que pasar ahora por otro trámite clave: la convalidación en el Congreso del real decreto-ley.
Al haberse legislado mediante esta vía, el Ejecutivo consigue que se pongan en marcha las medidas antes de que la Cámara Baja le dé su aprobación. Pero el reloj comienza a correr: ha de aprobarse -o rechazarse- antes de 30 días naturales desde su publicación en el BOE y la fecha límite para hacerlo es a final de mes. Necesitan más síes que noes, y la postura de las comunidades autónomas tras la reunión sectorial de este lunes no aseguran una negociación fácil para los socialistas.
El PSOE necesita el apoyo de sus socios nacionalistas, el PNV y ERC, que, desde sus respectivas autonomías, el País Vasco y Cataluña, han criticado la manera de proceder del Gobierno, pero que no se cierran a darle el visto bueno una vez comience la tramitación parlamentaria, según han afirmado fuentes de ambas formaciones a Economía Digital.
Sin ellos, no suman lo suficiente para tener luz verde. Ambos partidos nacionalistas se han esmerado en remarcar que, al menos, las comunidades autónomas «pueden hacer propuestas» para incorporar al texto hasta el 31 de agosto. Así, está la negociación abierta.
Las «formas» del Gobierno de Sánchez
Ése es uno de los pocos compromisos que los consejeros autonómicos han conseguido arrancarle a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que se reunió este lunes en una conferencia sectorial de la mano de la titular del otro departamento implicado, la cartera de Industria, encabezada por Reyes Maroto.
Las formas del Ejecutivo vienen escamando entre las filas de los nacionalistas vascos en el Congreso. El propio portavoz del PNV, Aitor Esteban, ya advirtió a Sánchez en los últimos Plenos. De hecho, refrán mediante, le recriminó sus «formas» y que dé por sentado su apoyo cuando no hay consenso o diálogo. «El que quiera tener pollos el día del señor, que eche la llueca el día de la Ascensión. Apúnteselo, señor presidente», le espetó a Pedro Sánchez.
El Gobierno vasco, en el que los nacionalistas gobiernan de la mano con el PSOE, se ha mostrado muy crítico con el real decreto-ley, a pesar de asegurar que «cumplirán». Han asegurado una «voluntad máxima», pero también tienen reclamaciones, donde exigen flexibilidad a la hora de aplicar las medidas, tal y como dejó claro la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del País Vasco, Arantxa Tapia.
Para ERC el decreto es «precipitado»
Por su parte, la Generalitat catalana critica la falta de consenso del Gobierno en este asunto. Consideran que la reunión de la conferencia sectorial «no ha servido para consensuar las medidas ni para resolver las dudas que ha generado».
Cataluña sí defiende «la necesidad de racionalizar el uso de la energía en un contexto de emergencia climática y por el contexto geopolítico», pero no ve con buenos ojos «la precipitación» y que no haya acuerdo entre todos los implicados.
«Las medidas anunciadas pueden generar inseguridad jurídica y son imposibles de aplicar inmediatamente en algunos casos», critican. Algunos ejemplos que cita ERC, partido del que depende la consejería implicada, es la obligación de apagar la iluminación de los escaparates a partir de las 22 horas, «pero ni el texto ni en la conferencia se ha aclarado si afectan a otras señales iluminadas de los establecimientos». La falta de consenso, a sus ojos, afecta también a las administraciones que teóricamente deben garantizar el cumplimiento del decreto.
