Sánchez aprovecha el estado de alarma para reforzar a los sindicatos

Pedro Sánchez no ha querido dejar ninguna puerta abierta para que las empresas aprovechen el estado de alarma para reducir capacidad laboral, aunque sea temporalmente, más allá de aquellos procesos en los que realmente se esgriman causas de «fuerza mayor».

Para controlarlo, el Gobierno ha reforzado el papel sindical, al encargarles que elijan si actuar como negociadores entre empresa y trabajadores en aquellos casos en los que no exista representante sindical. Durante este periodo, las compañías que deseen afrontar un proceso de este tipo deberán comunicárselo a las fuerzas sindicales y no promover un acuerdo directo con la plantilla. 

Desde los despachos especializados en Derecho Laboral apuntan que esta nueva obligación supone un cambio respecto a cómo se negocian los ERTE tradicionales.

«Hasta ahora cuando no existía un representante, la empresa negociaba con trabajadores elegidos para ese fin», explica Christian Vilalta, abogado y socio de Gremicat Asesores Legales. Con el cambio en la normativa, ahora los sindicatos principales siempre valorarán si asumen la representación, o bien si lo trasladan a los trabajadores de la empresa. 

El gobierno de Pedro Sánchez lo habría así dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social el coronavirus.

En él, se especifica si estos procesos se impulsan atendiendo a la pandemia de Covid-19, «en el supuesto de que no exista representación legal de las personas trabajadoras, la comisión representativa de estas para la negociación del periodo de consultas estará integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación», apunta.

«En el supuesto de que no exista representación legal de las personas trabajadoras, la comisión representativa de estas para la negociación del periodo de consultas estará integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación», continúa el documento.

Aunque, en principio, este cambio de escenario se circunscribe al periodo que dure el Estado de Alarma, desde Gremicat Asesores señalan que puede ser una herramienta para «expandir» a los sindicatos dentro de compañías donde, hasta el momento, no contaban con representación. 

Esta posibilidad también podría disuadir a empresas sin representación sindical -algo que es más habitual en las de menor tamaño- a poner en marcha un expediente de este tipo durante este periodo; amortiguando el gasto público de las medidas de contención.

Disparar el gasto por ERTE

Una de las preocupaciones del Gobierno es que las empresas pongan en marcha ERTE con más virulencia de la imprescindible. El aluvión de expedientes de regulación que ya está en marcha y el volumen de los despidos -este jueves Iberia anunció una reducción temporal de 14.000 trabajadores– provoca sudores al Gobierno.

Cada millón de trabajadores que se quede en el paro, aproximadamente incrementa en 1.000 millones el gasto mensual en prestaciones por desempleo. En principio, de acuerdo con el Decreto, aquellos que se vieran afectados por un ERTE «tradicional» durante este periodo también se verían favorecidos por no perder el paro acumulado; o por poder disfrutarlo sin contar con suficientes meses acumulados. 

Esta ventaja, sin el freno sindical, podría facilitar que las empresas alentaran estos procesos incluso para mejorar su rentabilidad durante el periodo de shock económico que se avecina.