Sánchez fuerza el Congreso para aprobar sus promesas electorales hasta el 23J

La convocatoria anticipada de las elecciones generales al mes de julio acarrea una derivada con la que pocos contaban: al haber sido oficialmente disueltas las Cortes este martes con la publicación electoral en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la gran mayoría de diputados ya no lo son desde ese mismo momento y la agenda legislativa que quedaba pendiente ya no se aprobará salvo contadas excepciones. Y eso incluye, claro, las promesas electorales que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había hecho durante la campaña de las municipales y autonómicas del 28-M que requieren de aprobación del Congreso.

En el periodo en el que las Cámaras no funcionan, ya sea porque no se encuentran en periodo de sesiones, porque el mandato haya expirado o porque hayan sido disueltas -como es el caso actual-, el órgano competente es la Diputación Permanente. Ésta cumple un papel de sustituto del Pleno del Congreso para que determinadas y especiales funciones no queden desatendidas. Es lo que ocurre con la convalidación de los decretos-leyes dictados por el Gobierno y con la información, autorización y declaración, según los casos, de los estados de alarma, excepción y sitio.

Sin embargo, entre los ministerios implicados en las promesas electorales que Sánchez ha ido haciendo existe la voluntad y la creencia de que podrán aprobar las medidas antes del 23-J. Porque la gran mayoría de los anuncios consistían en proyectos de ley y modificaciones de decretos-leyes que pueden pasar por la Diputación Permanente, pero hace falta argumentar su necesidad al tratarse de un órgano de naturaleza especial. «No sabemos aún si irán a Diputación Permanente o no, aunque nosotros seguimos con la gestión», explican fuentes del Gobierno a Economía Digital.

Qué había prometido Sánchez

Así, la agenda de compromisos adquiridos por Pedro Sánchez antes de la debacle electoral de las municipales y autonómicas, además de millonaria en valor total, era variada. Incluye desde la sanidad con partidas para Atención Primaria y salud mental, como ayudas para el interrail europeo o nuevas medidas para el derecho al olvido oncológico e inversión en material didáctico escolar, entre otros.

Siguen la lista las entradas de cine a dos euros para jubilados, que el Consejo de Ministros aprobó que los mayores de 65 años podrán disfrutar los martes del cine español e internacional a un precio muy reducido, pero ahora cae al estar en periodo de audiencia pública; los descuentos en los trenes y autobuses españoles del 15 de junio al 15 de septiembre, para jóvenes de entre 18 y 30 años, con una bonificación del 90% cuando sean competencia de la Administración General del Estado, o también la línea de avales para cubrir el 20% de la hipoteca, que ya está aprobada esta medida que busca garantizar el 20% de la hipoteca de los jóvenes con bajos ingresos y de familias con menores a cargo.

La Presidencia de la UE

Otra derivada de la convocatoria electoral y a la que sí afecta de lleno es la preparación y estreno del semestre de Presidencia europea, que España ocupará desde el 1 de julio, pero no afectará demasiado a su desarrollo. La primera consecuencia de la disolución de las Cortes es que decae la ponencia de la comisión para definir las prioridades de España para los meses de Presidencia, un documento que ha ocupado más de un año a la comisión y que aún no estaba aprobado.

Lo cierto es que la Presidencia de la UE no es una presidencia de Gobierno, sino de país y que el principal papel de quien ostenta el cargo es no tanto dirigir como servir de árbitro para lograr cerrar cuantos más expedientes estén en trámite.