Sánchez antepone el programa de coalición al plan de recuperación de Bruselas

El Ejecutivo no aportará más detalles sobre las reformas laboral, de pensiones y la de fiscalidad, recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tiene que enviar a Bruselas. Los contenidos que el Gobierno de Pedro Sánchez expondrá en el documento, que finalmente se envíe a la Comisión Europea antes del 30 de abril, «son los ya expuestos en estos días», aseguran fuentes de Moncloa a Economía Digital.

El Gobierno se escuda en la mesa de diálogo social para seguir negociando en profundidad estas reformas y aseguran que «es lo que debemos hacer«, según las directrices marcadas por la Comisión para buscar el mayor consenso posible. Sin embargo, otro de los objetivos por parte de los socialistas sería el de cumplir, primeramente, el programa de Gobierno de coalición que firmaron con Unidas Podemos.

Los morados se niegan a aceptar la condicionalidad de Bruselas, que traducen en «reformas agresivas» y se limitan a pedir a los socialistas que se respete el programa de coalición pactado.

Una hoja de ruta que podría ser vista como un escollo en Bruselas ya que, según ha podido saber ED, la Comisión ya ha solicitado a España que ponga fecha para realizar esas reformas a cambio de recibir las ayudas europeas.

Es decir, Bruselas solicita ya al Ejecutivo que envíe un calendario de reformas si quiere recibir a partir de julio los fondos para paliar las crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

El mayor escollo, las pensiones

Fuentes cercanas a las negociaciones desvelan que uno de los mayores escollos para cerrar el Plan del Ejecutivo en estos momentos es la reforma de las pensiones. La ficha que tiene que realizar el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, es la que más problemas está dando en la mesa de diálogo social.

Fuentes del Gobierno ya se resignan y apuntan que el Plan contendrá la hoja de ruta respecto a la reforma de las pensiones, pero no la cerrará, a la espera de que Bruselas lo acepte en favor de buscar el mayor consenso con el diálogo social. Las fuentes de la patronal consultadas critican la «falta de tiempo ante una reforma de este calado» y lamentan no haber comenzado las negociaciones con el Gobierno antes.

Otro ejemplo estaría en la reforma fiscal, que se fía a las conclusiones de un grupo de expertos cuyas conclusiones no estarán listas hasta finales de febrero de 2022.

El dejar abiertas estas reformas clave entorpece y mucho el trabajo de la interlocutora principal con la UE, la vicepresidenta Nadia Calviño. Desde su área de trabajo aseguran que la Comisión valora la actitud de negociación de los diferentes ejecutivos con el diálogo social para «aprobar medidas duraderas en el tiempo» y con la menor dependencia posible del gobierno de turno.

Sin embargo, los expertos consultados dudan de que Bruselas pase por alto estos hechos y admiten que, «el documento podría ser devuelto» para subsanar errores y completar los diferentes planes.

Atasco burocrático

Los empresarios también advierten del «atasco burocrático» que podría formarse entre los distintos departamentos ministeriales. Lo que el socio de Pedro Sánchez, el PNV, denominó este miércoles en el debate del Congreso, una «hidra de mil cabezas».

La Secretaría de Estado de Fondos Europeos, dependiente de Hacienda, es la encargada de recopilar todas las fichas enviadas por los ministerios para unificar el Plan que será enviado a Bruselas. El atasco, principalmente, reside en este órgano, que a su vez depende de la Dirección General de Fondos Europeos, la Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y el Gabinete Técnico, con nivel orgánico de Subdirección General. 

A su vez, de la Dirección General de Fondos Europeos dependen ocho subdirecciones generales (igual número que existe en la actualidad), como son la de Relaciones Presupuestarias con la UE, la de Programación y Evaluación de Fondos Europeos, la de Desarrollo Urbano, la de Gestión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, la de Cooperación Territorial Europea, la de Incentivos Regionales, la de Inspección y Control y la Subdirección General de Certificación y Pagos. 

De la Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, dependen cuatro subdirecciones generales: de Programación del Plan Nacional de Recuperación, de Gestión del Plan Nacional de Recuperación, de Seguimiento y control del cumplimiento de hitos y objetivos, y de Solicitudes de Pago del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

«Gestionar los fondos es uno de los mayores retos que tenemos y por eso hemos creado un equipo específico para ello», defiende Esperanza Samblás, directora general de fondos europeos del Ministerio de Hacienda.

Mientras, el resto de partidos hace hincapié en la necesidad de cumplir con los principios de condicionalidad que van asociados al reparto de los fondos, tanto en las reformas que deben aplicarse siguiendo las recomendaciones de Bruselas, como en el propio uso de los recursos.

Si el Estado no cumple con las metas establecidas en su Plan Nacional, la Comisión puede suspender parte o la totalidad de la contribución financiera. Lo mismo con los objetivos económicos del Plan, para los que se instauró una condicionalidad para el reparto, que permite cortar el ‘grifo’ si se detecta una mala gestión de los fondos ante posibles casos de corrupción o fraude.

Tras la aprobación de cada Plan Nacional, Europa puede pagar una prefinanciación del 10% a cada Estado y el Parlamento Europeo confía en que el dinero empiece a fluir a partir de junio-julio.