Sáenz de Santamaría enchufa al responsable de los derribos ilegales de Madrid
La vicepresidenta recicla a Jaime Muñoz Llinás, el encargado del patrimonio histórico de Madrid que aprobó derribos con una ley inconstitucional
El exdirector de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, Jaime Ignacio Muñoz Llinás, que renunció a su cargo tras la declaración de su ley como inconstitucional, ha sido premiado por el gobierno interino de Mariano Rajoy con un cargo en Patrimonio del Estado.
Muñoz Llinás ha sido designado este Jueves Santo como delegado de Reales Sitios del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, en Cuacos de Yuste (Cáceres), una localidad donde se encuentra el Palacio-Monasterio, donde vivió Carlos I de España durante el último año de su vida. Su designación ha sido firmada por la vicepresidenta en funciones Soraya Sáenz de Santamaría.
El exdirector de Patrimonio madrileño aplicó una política ultraliberal que permitió el derribo de los edificios históricos de Canalejas para permitir la construcción de un centro comercial y hotel de lujo de 50.000 metros cuadrados muy cerca de la Puerta del Sol.
Tras la sentencia del Tribunal Constitucional contra su normativa, Muñoz Llinás renunció a su cargo en el gobierno regional en 2014. El máximo encargado de proteger el patrimonio histórico de la Comunidad sostiene que los edificios, por muy históricos que sean, están condenados a la desaparición si se encuentran en desuso. Tal vez por esa razón, permitió que las grandes constructoras destrozaran edificios históricos vacíos para convertirlos en centros comerciales.
El protector que derribó
Funcionario desde 2003, y actualmente en condición A1 con nivel 28, el exdirector de Patrimonio de Ignacio González cobrará por su nueva responsabilidad un salario bruto anual en torno a los 55.000 euros, de acuerdo con las tablas salariales de su puesto, antigüedad y el complemento específico publicado en el Boletín Oficial del Estado que firmó la vicepresidenta Sáenz de Santamaría.
Gracias a la gestión de Muñoz Llinás, la operación urbanística OHL, desarrollada por Juan Miguel Villar Mir bajo el paraguas financiero de Banco Santander, se rebajó la protección arquitectónica del edificio La Equitativa, sede histórica del Banco Español de Crédito finalizada por José Grases Riera, discípulo de Gaudí, en 1885, y del antiguo Banco Hispano Americano, en la plaza Canalejas, concebido por Eduardo Adaro y concluido en 1905.
La permisividad de la Comunidad de Madrid dio luz verde al derribo de las escaleras, los vestíbulos y los patios de los edificios declarados Bien de Interés Cultural. Los inmuebles perdieron sus mármoles y rejas y cerrajerías de latón y bronce, diseñados por grandes arquitectos y también su fachada será afectada para agrandar puertas y aumentar plantas. OHL asegura que algunos elementos será recolocados en las nuevas y modernas instalaciones.
La normativa de protección histórica que puso en marcha permitió que el gobierno autonómico rebajase el grado de protección de los edificios sin la aprobación del Estado. Los inmuebles quedaron protegidos sólo en la fachada y han quedado vacíos como un enorme cascarón hueco.
El gobierno de Manuela Carmena ha obligado a la constructora OHL a replantear su agresivo proyecto y la empresa deberá rebajar las alturas previstas, una de las acciones que también fue cuestionada por el Tribunal Constitucional, por colectivos en favor de la conservación del patrimonio y por senadores del PSOE.
El dedo en funciones
La designación de Muñoz Llinás no ha sido por concurso público ni por oposición. El gobierno lo ha designado a dedo en su nueva responsabilidad de proteger el patrimonio histórico de la localidad de Cuacos de Yuste.
Tras el varapalo del Tribunal Constitucional a ocho de los artículos diseñados por el cargo de confianza del PP, Muñoz Llinás fue colocado en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal del Ministerio de Hacienda. Ahora volverá a la protección patrimonial.
