Sáenz de Santamaría defiende la tesis de la rebelión en el Supremo

Si hasta ahora, las declaraciones de los acusados en el juicio del procés habían descrito los hechos de septiembre y octubre de 2017 en Cataluña como una sucesión de movilizaciones pacíficas, la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría se encargó, en condición de testigo, de ofrecer una fotografía radicalmente opuesta que encaja con el delito de rebelión que la fiscalía atribuye a la mayoría de acusados.

Sáenz de Santamaría describió un clima «intolerable» y un «acoso masivo generalizado y sistemático» con «amenazas y coacciones» a alcaldes y fuerzas de seguridad. E insistió en que ejecutivo de Mariano Rajoy avisó de forma insistente a la Generalitat en los meses previos al 1-O y la declaración de independencia de que no siguiera adelante con sus planes porque «fracturaba la convivencia», pero todas esas advertencias fueron estériles.

La exvicepresidenta puso el énfasis en la naturaleza violenta de las imágenes que se vieron por televisión tanto durante las concentraciones convocadas como reacción a los registros del 20 de septiembre como el mismo 1 de octubre y los días posteriores, y ese contraste entre su lectura y la ofrecida por los procesados se tradujo en un tenso cara a cara entre la testigo y las defensas.

Sáenz de Santamaría, frente a Vox

Sáenz de Santamaría respondió primero al secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, que asume el papel de abogado de la acusación particular asumida por la formación. Y, en ese interrogatorio, justificó no haber aplicado antes el 155 porque había que ponderar no solo la defensa de la soberanía nacional y el cumplimiento de la ley, sino también el mantenimiento de la convivencia y la búsqueda de un acuerdo político amplio al respecto.

Esos planteamientos también se tuvieron en cuenta para descartar la aplicación de los estados de alarma, excepción y sitio, que «pueden comportar la suspensión de derechos fundamentales». «Consideramos que el mecanismo cuando una comunidad atenta gravemente contra el interés general de España es el artículo 155», consideró la testigo ante la insistencia de Ortega Smith.

Tensión frente a las defensas

Ese primer intercambio fue tenso, pero nada comparado con lo que vendría después, cuando empezara el turno de las defensas, que, como insistió en que tanto el 20-S como el 1-O había visto por televisión imágenes violentas, le preguntaron si también había visto las violentas cargas policiales efectuadas el día del referéndum, algo a lo que se refirieron tanto Andreu Van den Eynde (abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva), como Jordi Pina (representante de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull).

Sáenz de Santamaría evitó suscribir que se trató de violencia policial, y solo concedió que a veces, cuando hay que desplegar operativos policiales y hay disturbios hay imágenes «que no son agradables», pero achacó la responsabilidad a la Generalitat por haber enviado a la población a ejercer «de murallas humanas» para evitar que la policía impidiera el referéndum por mandato judicial.

En una sucesión de interrogatorios que obligaron al presidente del tribunal, Manuel Marchena, a intervenir continuamente para centrar las preguntas -y en alguna ocasión, las respuestas-, los defensores trataron de hacerla caer en contradicciones, y de hurgar en ellas. Y, a veces, lo consiguieron. Como cuando, tras afirmar que hubo 93 o 95 agentes heridos el 1-O, Van den Eynde le recordó que en los días posteriores al referéndum afirmó que fueron 400, lo que ella justificó con el argumento de que la información evolucionaba y los datos se fueron «depurando». 

Sáenz de Santamaría también afirmó, en respuesta a Ortega Smith, que la reacción del Gobierno a los hechos del 20-S fue enviar 6.000 agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional a Cataluña con vistas al 1-O, pero Pina le inquirió luego cómo podía ser esa decisión posterior a esa fecha si el barco que los alojaba ya había solicitado su amarrre en el puerto de Palamós el día 19 de ese mismo mes, lo que ella justificó como una previsión por si finalmente se optaba por el envío. 

Titubeos ante el abogado de Forn

Pero quien puso en más apuros a la exvicepresidenta fue Javier Melero. El abogado del exconseller de Interior, Joaquim Forn, le hizo admitir que no tenía demasiada información sobre el despliegue policial, ni tampoco sobre el momento en que se produjo la quiebra de confianza con la Generalitat que comportó que la Guardia Civil y la Policía Nacional asumieran las riendas del operativo para cerrar centros electorales el 1-O. 

A sus preguntas, Sáenz de Santamaría reconoció igualmente que no conoció hasta días después el informe sobre los riesgos de seguridad del 1-O y que tampoco sabía que la directiva dictada por el Secretario de Estado de Seguridad días antes establecía límites a la actuación de los agentes desplazados a Cataluña, porque fijaba que tenían que actuar a requerimiento de los Mossos.

La exvicepresidenta también evitó admitir el carácter simulado de la declaración de independencia del Parlament, y se remitió a los llamamientos que Rajoy hizo a Puigdemont para que aclarara si el 10 de octubre había declarado o no la independencia. No hubo aclaración al respecto y el 27, tras la votación en la cámara catalana, se activó el 155.

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