Un programa de Roures acapara el 30% de las subvenciones para la tele en catalán
El programa "L'Última Nit del Karaoke" cuesta a la televisión pública 2,2M€, un tercio de la primera remesa de ayudas a la producción audiovisual en catalán en plena pandemia
El nuevo programa de TV3 L’última nit del karaoke, producido por una productora de Jaume Roures, costó 2,2 millones de euros. Esto supone un 30% de los 6 millones que la Generalitat destinó en 2020 en una partida destinada a los medios públicos, a través de la consellería de Cultura, para promocionar al sector audiovisual catalán.
Una partida impulsada por la Generalitat en plena pandemia, como forma de estímulo a un sector profundamente castigado por el coronavirus y que ha cebado sobre todo con las productoras más pequeñas. No deja de resultar curioso que en una candidatura donde se presentaron 288 proyectos y se seleccionaron 34, una sola haya acaparado un tercio de ese dinero.
El programa, que se ha estrenado este lunes en TV3, está producido por El Terrat Gestiones XXI, una productora que forma parte del universo de Mediapro desde que el magnate del audiovisual se la compró al humorista y presentador Andreu Buenafuente por un valor de ocho millones de euros.
Según consta en el portal de Transparencia de la CCMA, los medios públicos pagaron a Mediapro 2.159.815,05€ para que desarrollara la serie. A estos se suman 74.920€ en concepto de gastos «adicionales» de rodaje, ingresados a posteriori. La suma total exacta es de 2.234.735,05€.
No ha sido el único éxito que el magnate audiovisual consiguió en la convocatoria de ayudas públicas de 2020. Jaume Roures también se hizo con Top of fail, un programa de contenido infantil que costó a la CCMA un total de 85.334€, con el encargo de elaborar un total de «trece piezas multiplataforma».
Un dinero para el impulso del catalán en plena pandemia
El dinero del departamento de Cultura se concedió en plena pandemia de coronavirus. La consellera durante el Govern de Quim Torra, Mariàngela Vilallonga, aseguró que este fondo tenía como objetivo el hacer «más visible la lengua catalana y el patrimonio cultural catalán en los medios de comunicación» y recordó las dificultades del sector durante la pandemia.
Una opinión que refrendó la presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach, que aseguró que el acuerdo también iba a permitir «enriquecer la oferta audiovisual» en un momento de «dificultades para la creación de nuevos contenidos, a causa de la caída de ingresos publicitarios y, en consecuencia, de los recursos económicos de la televisión pública».
Un largo idilio entre la CCMA y Roures: el caso de ‘El Judici’
El idilio entre la CCMA y Jaume Roures no es nuevo, y ha generado mucha polémica. Los medios públicos pagaron 440.000€ –la mitad de lo que pedía el magnate del audiovisual al principio– por una serie-documental que se emitió en TV3 llamada El Judici, sobre el juicio a los condenados por sedición.
La serie-documental de Mediapro, de ocho capítulos, analiza el proceso judicial por el que los condenados por sedición y desobediencia tuvieron que someterse en 2019. La pieza pone en duda el conjunto del proceso judicial. Según denunció el PSC en el CAC y en el Parlament, 38 entrevistados son favorables a los procesados y solo 3 defienden al Tribunal Supremo.
Las pequeñas productoras audiovisuales han puesto el grito en el cielo en más de una ocasión. Cuando se hablaba de la compra de esta serie-documental por 800.000€, Productors Audiovisuals Federats (PROA) emitió un comunicado donde expresaba que daba «grima» ante el agravio comparativo con el precio pagado a otras productoras.
Jaume Roures y Tatxo Benet pretendían que la televisión pública catalana les comprara una serie de ocho documentales por 800.000 euros. Unos audios publicados en la prensa reflejan como Mediapro intentó presionar sin éxito a la presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach, que les repitió “mil veces”, que era “imposible” la adquisición por el alto coste.
Benet recurrió al empresario David Madí para que intentara hablar con el vicepresidente Pere Aragonès. Además, insistió en que la emisión debía producirse antes de las elecciones, para evitar que perdiera interés. Según el citado medio, la televisión pública habría dado marcha atrás en el intento de compra de estos documentales.