Reynders presiona a Sánchez y reclama una reforma del sistema judicial antes de presidir la UE

Las primeras 24 horas de visita oficial del comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, han dejado un mensaje claro tras sus reuniones con el Gobierno, el Partido Popular y distintas asociaciones judiciales: España debe llegar a su turno de presidencia de la Unión Europea -en el segundo semestre de 2023- con los deberes hechos. Y eso, a pesar de los planteamientos del Gobierno de Pedro Sánchez, implica sí o sí una reforma del sistema judicial, a pesar de que no lo ligue a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que se debe acometer de manera «urgente».

Reynders, en un encuentro con periodistas al que acudió Economía Digital, se mostró cristalino. El desbloqueo debe ser inmediato, y tiene un orden, a ojos de la Comisión. Primero, renovar el CGP  -«es la recomendación prioritaria, que se organice la renovación»-; inmediatamente después, emprender una reforma del sistema «que cumpla plenamente la norma europea, que no es una norma de la Comisión, sino que emana del Consejo de Europa», recordó.

Además, Bruselas ha marcado un plazo muy claro, después de que el órgano de gobierno de los jueces españoles lleve con el mandato caducado desde diciembre de 2018. Por dos motivos: el hecho de que el nuevo informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho que ha propiciado esta visita -visto el bloqueo de la Justicia- y que se reeditará en 2023 se publicará en julio de dicho año, además de que, con la llegada a la presidencia de un nuevo miembro, «hay más reacciones, más atención, el foco está ahí».

Requisito del Tratado Europeo

La norma europea es que haya una mayoría del Consejo «compuesto por jueces elegidos por sus pares». En el caso español hay una mezcla, una combinación entre jueces que son elegidos por sus pares y también una participación del Parlamento proponiendo otros miembros de otras esferas, juristas de reconocido prestigio. «No se trata de una oposición de un sistema u otro, sino que los jueces deben decidir sobre la mayor parte de los jueces. Esto es una decisión de los ministros del Consejo de Europa, esta decisión se tomó en 2010. El tribunal de Luxemburgo también pidió lo mismo», recordó Reynders.

«Hay distintos sistemas de justicia en distintos países», arguyó el comisario, pero no es óbice para que compartan un mínimo común. Son, expuso, «requisitos que emanan del Tratado Europeo y uno de ellos es un sistema independiente» para un acceso universal a la Justicia, «como estipula la carta de los Derechos Humanos». «Tenemos que tener garantía de independencia en órganos o figuras como la del Fiscal General del Estado o el Consejo General del Poder Judicial», enumeró.

«Disposición clara» del PSOE y PP

Didier Reynders  aseguró que existe un compromiso por parte tanto del Gobierno como la oposición de llevar a cabo las dos recomendaciones que señalaba dicho informe, redoblando la presión sobre Sánchez. Las posturas estaban enrocadas: el PP, que venía bloqueando el proceso, se abrió a desligar la renovación del CGPJ si había un «compromiso» de reforma, pero el PSOE sólo se limitaba a hablar de nombres para cumplir con el proceso tal y como la ley lo establece en el ordenamiento jurídico actual.

«Hay una disposición clara de hacer esto, de renovar el CGPJ, y lo que pedimos inmediatamente después es que se emprenda un proceso de organizar una reforma», adujo. Pero no sólo se quedó ahí, sino que insistió que contará con el patrocinio y obligación europea, dado que se valorará, «al final de este proceso, si la reforma cumple plenamente o no con la norma europea. Esto se va a debatir en el Parlamento, y, si no cumple, diremos lo que proceda».

El comisario, sin embargo, se mostró tajante en su rechazo al papel de medidor y guía para sentar a PSOE y PP. No va a tutelarlos: «No estoy aquí ara articular el proceso, la negociación real incumbe a España. La Comisión no puede tomar una decisión y cambiar el ordenamiento jurídico español«.